Se han cansado los empresarios, comerciantes, productores y sociedad civil istmeña en general, el solicitar al gobierno de Alejandro Murat que se instrumente alguna política para terminar de una vez por todas con los aberrantes bloqueos carreteros. El daño que generan es impresionante desde el punto de vista económico y en la paz social. Sin embargo, muy poco se ha hecho para restablecer la confianza en las instituciones en dicha región. El problema es permanente y cotidiano. Hay días en que grupos, organizaciones, sindicatos, vecinos, etc., manipulados por conocidos cabecillas, montan hasta seis bloqueos, afectando a miles y miles de transportistas, automovilistas, pasajeros, etc. Empiezan con el puente de fierro en Tehuantepec, el puente de madera entre esta ciudad y Juchitán o en el paraje llamado “Pepe y Lolita” o el conocido como IMECA.
No faltan los huaves que cada en cuando obstaculizan el tránsito vehicular a la altura de Zanatepec o el puente Novillero. Ello sólo en lo que se refiere a la carretera 190. El problema se extiende a la Transístmica, con el bloqueo cotidiano por parte de comunidades del Bajo Mixe, particularmente de la comunidad de San Juan Mazatlán, a la altura de Matías Romero u otras comunidades como Palomares, cercanas con la frontera veracruzana. Es decir, los istmeños están de manera permanente acorralados. Por ejemplo, hace poco más de una semana, durante varios días, como lo comentamos en este espacio, un grupo menor de supuestos damnificados por los sismos de 2017 de Juchitán de Zaragoza, bloquearon el llamado “Puente Caracol”, evitando el tránsito hacia Chiapas, Oaxaca, México, Veracruz, Ciudad de México y Acapulco, Guerrero.
Lo aberrante de todo ello es que, los citados bloqueos carreteros se han convertidos, asimismo, en un boyante negocio para dirigentes y militantes de grupos y organizaciones. El cobro de peaje resulta un nuevo método de extorsión para quienes viajan por esa zona. Por ello, no es fortuito que tomen dicho sitio, pues no existe salida por ningún lado, lo que obliga a los afectados a pagar lo que les pidan para poder llegar a su destino. El bloqueo carretero se ha institucionalizado. Y hay tal molestia entre los sectores mencionados al principio que no se descarta que en algún momento haya alguna intención de abrir el paso a golpes o con violencia extrema. Eso es lo que ha propiciado la política de diálogo y más diálogo y no la aplicación de la ley vigente.
La cuesta anual
La ciudad capital se ha perfilado como una de las ciudades más caras del país. Y el estado con sus ocho regiones no va mejor. La población está resintiendo como no lo sentía desde hace más de dos décadas, una carestía impresionante, muy por arriba de la media nacional. La crisis se ha recrudecido por el inminente retorno a clases presenciales, lo que obliga a padres y madres de familia a realizar gastos extraordinarios para uniformes, libros y demás útiles escolares, además de pasajes en el transporte público, insumos para el lunch diario o para el refrigerio del receso escolar. Esta situación se ha convertido en una verdadera cuesta previa al retorno del período vacacional, sobre todo, después de más de dos años de pandemia, en la que los alumnos tomaron clases en un sistema virtual o híbrido.
Amén de los gastos tradicionales, hay que añadir exigencias del momento en que vivimos, como llevar previamente a vacunar contra el Covid-19 a los alumnos de 12 a 17 años, lo que implica desplazamiento físico o los cursos propedéuticos que exige cada institución pública o privada. A todo lo anterior hay que agregar el incremento en colegiaturas en los colegios privados, incluyendo gastos de festejos escolares y otros más. Fotografías, actas de nacimiento, copias de documentos, etc., que representan otro golpe al bolsillo. Es decir, en términos generales, los gastos que las familias tienen que hacer en estos días, muchas veces no se pueden solventar con los ahorros o precarios salarios de padres o madres que viven de los mismos, lo que conlleva a pedir préstamos al Monte de Piedad, en el mejor de los casos o recurrir a los agiotistas con el compromiso de pagar altísimos intereses.
La necesidad ha hecho que cada vez más personas tengan que caer en manos de verdaderas mafias dedicadas al préstamo de efectivo, como es el caso de los colombianos que forman la red llamada “De gota a gota” o, los grupos delictivos, cuyas oficinas de operaciones fueron desmanteladas en la Ciudad de México hace unos días, llamadas de “Montadeudas”, operadas por grupos criminales chinos. Hay casos en los que personas han perdido la vida en manos de sicarios que son utilizados para cobrar los adeudos. Sin embargo, en Oaxaca la primera opera impunemente, sin que hasta el momento las autoridades de procuración de justicia les echen mano, aún cuando existen casos probados de homicidio a presuntos deudores.
