Resulta extraño que hayan sido tres diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Yesenia Nolasco Ramírez, Haydeé Irma Reyes Soto y Nancy Natalia Benítez Zárate, quienes hayan impulsado la reforma a la ley electoral estatal, para echar abajo la obligada paridad de género que debe prevalecer, no sólo en los municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos sino, asimismo, por los que se gobiernan por Sistemas Normativos Indígenas. Pues bien. La tríada logró lo que cada una no lo hubiera logrado: el repudio generalizado de grupos feministas y de colectivos que defienden las causas de las mujeres que, desde el día siguiente hicieron pública su inconformidad en las afueras del mismo edificio del Congreso local, en San Raymundo Jalpan.
Luego de años de luchar por la equidad y la paridad en cargos de elección popular, quienes afirman representar la transformación del país, sentaron un precedente negativo ante un pueblo en donde 417 municipios de los 570 existentes, se rigen por lo que antes se conocía como usos y costumbres. Hay que recordar que desde hace al menos 15 años la situación de la imposibilidad de que mujeres ocuparan un cargo público de elección, como presidentas municipales o concejales, dio un vuelco. Sin embargo, si algo caracteriza a algunos (as) de nuestros (as) legisladores (as) l0cales es la ignorancia supina, ante lo que ha sido una lucha, no sólo en contra de dichas costumbres, sino ante los mismos órganos electorales y jurisdiccionales, para que le sean reconocidos sus derechos políticos y civiles. Es decir, es el protagonismo, la cerrazón y la ignorancia lo que permea en el entorno legislativo. La inexperiencia y la falta de tablas para aprobar iniciativas o decretos, está más que demostrado.
En sentido contrario, la LXV Legislatura como la anterior, siguen ubicándose como improductivas, onerosas y voraces. Hace al menos un mes, nuestros (as) legisladores (as) se autorizaron una ampliación presupuestal de 93 millones de pesos, pues el presupuesto autorizado para este ejercicio casi se lo han consumido en un porcentaje mayor al 60%. Y se presume que sólo tienen poco tiempo de haber iniciado el primer período ordinario de sesiones. Sin duda alguna esta regresión validada por el partido en el poder tendrá repercusiones no sólo legales sino sociales. Empero, en las protestas y yerros legislativos, será el pueblo quien, como siempre, pague los platos rotos.
Obligada civilidad
Lo que vimos la semana pasada da cuenta que no solamente en el gremio de notarios se está librando una guerra sorda de descalificaciones, ataques personales, amenazas y filtraciones, sino, asimismo, entre los propios funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Alejandro Murat. Las redes sociales han sido el territorio propicio e ideal para lanzar campañas de descrédito, de difusión de rumores dolosos, calumnias y difamación. Los amigos de ayer; los colaboradores en la administración pública; los miembros ex officio del equipo cercano al ejecutivo estatal devenidos hoy en día los enemigos más enconados. ¿Cuánto beneficia esto al gobernador que, en un par de meses estará entregando la estafeta, dando el gobierno un viraje institucional aún inesperado? Creemos que en nada contribuye a una salida digna, decorosa y forjada en la unidad de su equipo.
En nuestra opinión se han perdido las formas. En principio, porque al menos el gremio de notarios, beneficiados por los fiats que han entregado exgobernadores y el actual ejecutivo, deberían realizar su trabajo con limpieza, rectitud y discreción, habida cuenta que son quienes representan la fe pública. Pero no. La ambición de tener más en el bolsillo o en la banca; la de aprovechar de manera leonina lo que tienen en sus manos; la forma ruin de poner contra la pared a un gobierno que se ha visto corto o medroso para aplicar la ley, ha hecho del escándalo del llamado “Cártel del Despojo”, una verdadera bola de nieve. Todo ello, cuando en sus últimos meses de gestión el gobernador encabeza una reunión en la que se pone sobre la mesa el interés que existe para promover las inversiones. Y el mismo gobernador electo, Salomón Jara, acepta que sin la inversión privada no hay desarrollo. ¿Cómo dar certidumbre a la misma con esta gavilla de delincuentes de cuello blanco, que hoy luchan a brazo partido para agenciarse más y más poder?
Un llamado a la prudencia debe ser elemental en el equipo de gobierno, ante tantas traiciones, defecciones e ingratitudes. Nada justifica que el escenario político haya devenido hoy en día una arena pueblerina para cobrar afrentas y venganzas. Todavía está en funciones Murat Hinojosa, aún no concluye su mandato. Es poco ético y falto de moral, además de deslealtad sacar los trapitos al sol con la peregrina idea de que la impunidad de que disfrutaron seguirá de manera perpetua.
