En 2025, el gobierno mexicano impulsó dos reformas de gran calado: la reestructuración del Poder Judicial y la modificación de la Ley de Amparo. Ambas han sido presentadas como esfuerzos de modernización y democratización del sistema judicial. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica internacional, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estas reformas plantean riesgos significativos para la seguridad jurídica, la imparcialidad judicial y la protección de inversiones.
¿Cuáles son las reformas estructurales? La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 y operativa desde septiembre de 2025 introdujo cambios profundos: 1. Desaparición del Consejo de la Judicatura (CJF), sustituido por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Estos nuevos entes no están sujetos al juicio de amparo, lo que genera un vacío de control constitucional. Se advierten amenazantes, e inquisidores de la conducta de los jueces, sino se alinean al dictado oficial del gobierno federal. Reducción de votos para establecer jurisprudencia obligatoria, lo que puede facilitar la volatilidad interpretativa y debilitar la predictibilidad jurídica. 2. Centralización de funciones en el Pleno de la Suprema Corte, eliminando las salas especializadas, lo que puede afectar la calidad técnica de las resoluciones. Estas medidas, aunque justificadas como eficiencias administrativas, han sido interpretadas por actores internacionales como una erosión de los contrapesos institucionales.
Reforma a la Ley de Amparo
Restricciones al acceso a la justicia. La iniciativa presentada en septiembre de 2025 y aprobada en octubre endurece el acceso al juicio de amparo, instrumento clave para proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales: 1. Redefinición del interés legítimo, exigiendo una afectación jurídica real y diferenciada, lo que limita la participación ciudadana en la defensa de derechos colectivos, como por ejemplo las acciones colectivas de los pueblos indígenas, lo que trae dedicatoria a las acciones de varios pueblos indígenas mayas que se opusieron a la destrucción de la selva maya, su hábitat. 2. Restricción de la suspensión del acto reclamado, especialmente en casos fiscales, financieros y penales, como bloqueos de cuentas por la UIF o medidas cautelares de prisión, lo que representa un terrorismo fiscal, pero todavía peor sufrir la extorsión oficial de ciertos personajes coludidos con despachos importantes que piden millones por arreglar las cosas en lo oscurito o cárcel, aunque realmente no haya discrepancia fiscal.
T-MEC: Compromisos de seguridad jurídica y justicia imparcial
El T-MEC, en vigor desde 2020, establece en sus capítulos 14 (Inversión) y 31 (Solución de controversias) compromisos explícitos de: 1. Trato justo y equitativo a los inversionistas, incluyendo el acceso a mecanismos judiciales independientes. 2. Protección contra expropiaciones indirectas, que pueden derivarse de actos administrativos sin control judicial. 3. Acceso a mecanismos de solución de controversias, que requieren un sistema judicial funcional y confiable. La reforma judicial y la reforma al amparo, al limitar el acceso a la justicia y debilitar la independencia judicial, podrían ser interpretadas como violaciones indirectas a estos compromisos. En particular, la eliminación del amparo contra actos de órganos judiciales administrativos y la restricción de suspensiones cautelares en materia financiera afectan la capacidad de los inversionistas para defender sus derechos en México. Riesgos diplomáticos y comerciales.
Estados Unidos ha manifestado su preocupación por estas reformas, anticipando que podrían ser objeto de revisión en la primera evaluación formal del T-MEC en 2026. Conclusión: ¿Hacia una justicia más accesible o menos confiable? Desde una óptica nacional, las reformas buscan agilizar procesos y ampliar el acceso a la justicia. Sin embargo, desde una perspectiva internacional, especialmente en el marco del T-MEC, generan preocupaciones legítimas sobre la seguridad jurídica, la imparcialidad judicial y la protección de inversiones. El reto para México será equilibrar la transformación interna de su sistema judicial con el cumplimiento de sus compromisos internacionales, evitando que la modernización se convierta en vulnerabilidad.
