El llamado Puente Caracol, ubicado en la entrada a Santo Domingo Tehuantepec en la región istmeña ha sido, desde hace al menos cinco años, rehén de grupos, organizaciones sociales, comuneros, sindicatos y de vivales que, aprovechando su posición estratégica de distribuidor vial para distintos rumbos del sureste, el Pacífico y la capital del país, lo toman con todo dolo y mala fe. Desde hace mucho también, empresarios istmeños y transportistas que obligadamente tienen que pasar por ahí han alertado a las autoridades de lo que se ha convertido, además, no sólo en eje de chantaje sino de negocio de vivales que exigen dinero para dar paso, como si fuera derecho de peaje. El aislamiento que sufre la región por la toma de este sitio, no solamente ha ocasionado pérdidas millonarias sino, además, el hartazgo ciudadano, dado que ha devenido el sitio ideal para doblegar a las autoridades.
Hace poco más de un mes fueron los productores de sorgo. Poco después los inconformes con la elección de agentes municipales pertenecientes a Tehuantepec. Unos meses antes y en años anteriores, agricultores que decían haber sido afectados por siniestros, a quienes el gobierno federal les adeudaba millones de pesos. O también fueron los universitarios inconformes. En fin. Siempre habrá un grupo u organización, sindicato o comuneros, que por una y mil demandas bloquean dicho puente. Sin embargo, lo que se ha puesto en evidencia es que ya es un gran negocio, como todos los bloqueos que a diario ahorcan al Istmo de Tehuantepec. No es fortuito que a diario se mantengan en la zona hasta cinco o seis bloqueos, encabezados por sujetos sin escrúpulos que viven de los mismos.
La semana pasada un grupo menor de vecinos de Juchitán de Zaragoza, montaron su bloqueo en dicho lugar. Se dijeron damnificados de los sismos de 2017 y que no habían recibido apoyo gubernamental. Los inconformes y chantajistas estuvieron encabezados por la ex presidenta municipal de dicha ciudad y ex diputada local, Gloria Sánchez López, la misma que, paradójicamente, durante los siniestros de ese año presidía el ayuntamiento de Juchitán y sobre quien se lanzaron acusaciones bien fundamentadas de que habría desaparecido la friolera de 65 millones de pesos que las empresas de energía eólica, asentadas ahí, habrían donado para apoyar a los damnificados por los sismos de ese año. A cinco años de distancia, nadie sabe a dónde fueron a parar, pero, la responsable puso una cortina de humo con su clásico chantaje.
UABJO, no cambia
Hay muchas voces que se han elevado para reiterar el llamado para una refundación de nuestra Alma Mater, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). Es necesario que la institución retome sus principios y su vocación de formación de profesionales en diversas áreas del conocimiento; que deje atrás las inercias y los vicios; la atomización sindical y los clanes y cofradías familiares que tanto daño le han ocasionado. No se puede explicar que escuelas o facultades tengan una especie de dueño, sin cuyo consentimiento nada puede moverse ahí. Se trata de una institución pública que es mantenida con el subsidio que le otorga el gobierno federal y estatal, por lo que no se trata de propiedades privadas ni, mucho menos, legados familiares.
Algunos de los temas que más ha lacerado a la institución son el porrismo, la corrupción, la venta de calificaciones, el narcomenudeo al interior de preparatorias, escuelas y facultades, además, de la corrupción que se da en el nuevo ingreso a especialidades como Medicina o Contaduría. Si en verdad como ha dicho el nuevo rector interino, Cristian Eder Carreño López, su propósito es darle un nuevo rumbo a la universidad, es tiempo de ir allanando el camino para erradicar esos vicios perniciosos y abominables. Por ejemplo, la semana pasada, un grupo de alumnos y maestros de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, realizó una protesta en contra del director de dicha institución, a quien acusaron de nepotismo, de ingresar a nuevos catedráticos sin el perfil profesional para ello y, el cobro por aprobación de materias.
Puede parecer anecdótico e irrisorio, sin embargo, hay fuentes que revelan que una de las condiciones para titularse de abogado es inscribirse y no morirse. Y es que, sin ánimo de discriminación sólo hay que ver algunos de los catedráticos de dicha facultad que parecen más bien peones de albañil, estibadores u otro oficio, menos eruditos en leyes y jurisprudencia. Se sabe, por ejemplo, que hay tal corrupción ahí que uno de sus maestros se ha especializado en exámenes profesionales. Clona tesis, las vende a egresados, a quienes además les arregla todo lo relativo a su examen profesional con jurados y libro de actas, sin faltar la fiesta de graduación y hasta anillo. Todo en paquete. Es una vergüenza que una institución que algún día fue semillero de grandes profesionistas y con un prestigio bien ganado, haya caído tan bajo.
