La semana pasada se volvió viral un video en el que una funcionaria del área de inspección de la vía pública del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez fue agredida.
En las redes sociales y en algunos espacios informativos se mostró el video en el que una mujer, que portaba un chaleco distintivo del cuerpo de inspectores e inspectoras, estaba siendo jalada por el cabello, ahogada y tirada con violencia en el Centro Histórico por otra persona que, de acuerdo con los reportes, se trataba de una persona menor de edad que presuntamente se dedica al comercio en vía pública.
Todo ello, ante la vista de otra de sus compañeras inspectoras, una decena de transeúntes y un policía municipal que apenas intervenía ante toda la escena.
No es posible controlar lo que las personas harán, especialmente cuando se trata de una actuación policial. Las personas pueden reaccionar de formas violentas —como fue el caso— pueden huir, pueden causar daños en contra de otras personas, atacar directamente a las y los funcionarios… en fin, las personas que se desempeñan en labores de policía e inspección se enfrentan a panoramas muy adversos cuando están desempeñando sus labores.
Sin embargo, ese episodio, el de la agresión en contra de la inspectora, no debió pasar.
Antes de ir al fondo del tema, una aclaración. La existencia de las corporaciones policiales e inspección en su diseño y conceptualización actual es problemática. Los abusos realizados por muchas de estas instituciones y sus elementos son del dominio público. De ninguna manera se justifica ese tipo de actuaciones y se reconoce que el video no retrata completamente lo que pasó.
Ahora, al punto.
Aún con la consideración anterior, lo que pasó esta semana en contra del cuerpo de inspectoras e inspectores se pudo haber evitado con la implementación de protocolos.
Sí, protocolos. Es decir, un plan.
Es uso y costumbre en las labores policiales y de inspección que manden al personal a la buena de dios a ver qué encuentran y a enfrentar lo que venga con lo que puedan. Muchas veces, incluso, esta práctica es usada como castigo para personal que no se alinea con la o el jefe en turno y son asignados a atender las zonas más problemáticas.
Pero esto no solo pone en riesgo a las y los servidores públicos, sino también a la población en general.
Mandar al personal en un número insuficiente, sin los medios necesarios y sin el respaldo institucional puede poner al personal policial y de inspección en una situación límite y abusar o exceder las funciones en contra de las personas que se encuentran involucradas o cercanas a la actuación que realiza.
Muchas veces la gente se pregunta: ¿quién protege a la policía y funcionariado ante agresiones en su contra? ¿Dónde quedan los derechos humanos de las y los servidores públicos?
Pues precisamente, son sus instituciones quienes deben respaldarles.
El respeto a los derechos humanos no significa quedarse con los brazos cruzados, sino que cuando se defiendan lo hagan de forma proporcional.
Para ello, las instituciones deben acompañar a las y los funcionarios, así como a policías, para que los operativos se realicen con el personal suficiente, tener las herramientas adecuadas e intervenir de manera proporcional cuando se hace uso de la fuerza.
Ante un ataque, la policía debe de intervenir. Punto. Pero de manera adecuada, haciendo una evaluación antes, incluso, de que las instituciones manden al personal a campo y hacer evaluaciones de riesgo que permita diseñar las actuaciones. Un solo policía poco puede hacer ante una decena de personas involucradas en un altercado como el sucedido la semana anterior.
Deberíamos empezar a considerar la grabación de toda actuación policial y de inspección por parte de las corporaciones y normalizar que las personas también ejerzan ese derecho de manera libre.
Es mucho pedir, quizá. Se necesita muchísima capacitación, inversión en equipo y cambio en la cultura de las instituciones. Pero es eso o seguir igual.
@GalateaSwanson
