Oaxaca no se explica sin un constante ir y venir de organizaciones sociales que buscan con afán, el dinero que el gobierno estatal les ha otorgado a discreción en al menos los últimos veinte años. En efecto, hay un directorio cercano a las 400 grupos y organizaciones que viven de la dádiva gubernamental y ha crecido, justamente, porque se ha convertido en el negocio más rentable de cuantos existen. Es más, dirigentes y corifeos han creado una industria altamente lucrativa: el chantaje. La relación entre dichos grupos y el gobierno se ha convertido en una especie de sado-masoquismo. Mientras les den millones para sus presuntas demandas, no hay bloqueos ni movilizaciones. Cuando les niegan el dinero, secuestran empleados, cierran oficinas, cruceros y carreteras. En una mala entendida política se ha pretendido garantizar la gobernabilidad paliando el chantaje con bolsas de dinero.
Los fines de sexenio se convierten en una locura de protestas y presión. Ante el inminente cambio en la estafeta gubernamental los dirigentes enloquecen, precisamente porque no saben cuál será el trato con el nuevo gobierno y para ello, quieren exprimir al actual todo lo que sea posible. No es común pues que, en estas últimas semanas se hayan volcado a la ciudad con cierres de oficinas, Ciudad Administrativa, Ciudad Judicial o cruceros concurridos. Dirigentes y sus testaferros hacen circo, maroma y teatro para que les den millones. El caso más patético es el del Consejo de Defensa Ciudadana (CODECI), liderado por Juan Torres Pereda, un vividor que a más de diez años de que su hermano Catarino, fuera asesinado –y no por su supuesta lucha social-, sigue tomándolo como bandera para extorsionar a las autoridades.
Otro organismo vividor y parásito de la limosna oficial es el Frente Popular Revolucionario (FPR) que, al igual que la organización antes mencionada, sus dirigentes se han pasado la vida alargando la mano como viles chantajistas. Siempre buscan una bandera con la cual presionar: el asesinato de uno de sus dirigentes, Tomás José Martínez Pinacho, quien hacía una labor similar de chantaje en Miahuatlán de Porfirio Díaz y quien fuera asesinado en agosto de 2020. La Fiscalía General del Estado ha detenido a dos de los presuntos autores materiales, pero no están satisfechos. Ahora quieren a los autores intelectuales. Y con esa bandera siguen extorsionando al gobierno.
Solapando al antecesor
Siempre dijimos que en los claroscuros con que se ha manejado el edil de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, algo se estaba ocultando. Y no nos equivocamos. Tal como lo publicamos el miércoles 12 de octubre, a tres meses de que el citado munícipe diera a conocer que su antecesor Oswaldo García Jarquín, también emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Órgano Interno de Control, dejó un boquete financiero por 386 millones de pesos, sólo se han integrado dos expedientes de responsabilidades y dos carpetas de antecedentes, pero nada se ha dicho de resultados o de que le finquen responsabilidades. Sin ánimo de generar señalamientos, siempre advertimos una actitud insana de solapar el quebranto al erario municipal, sin que hubiera acciones punitivas o procedimientos resarcitorios de parte de quien saqueó el presupuesto del gobierno local.
Los resultados están a la vista. La capital, como mucho lo hemos dicho, padece los síntomas propios del abandono y la apatía. Está encima el problema de la basura y el argumento que se escucha a diario de parte del edil es que no hay dinero o que se buscarán empréstitos con la banca privada que, como todo mundo sabe, no son la mejor solución para temas de gobierno. Desde el inicio de su gestión, hace poco menos de diez meses, Martínez Neri se topó con un sinfín de problemas, como adeudos, cuentas pendientes por liquidar, etc., que, obviamente, no habían sido generadas por su administración, sino que ésta ha tenido que pagar los platos rotos de un pésimo gobierno como fue el de García Jarquín. Lo que no ha convencido a la ciudadanía de la capital es que, más allá de que provengan del mismo instituto político, el actual edil se ha negado tácitamente a poner en manos de los órganos de justicia los elementos necesarios para que se proceda conforme a derecho.
Por lo que podemos percibir, las carpetas de investigación y de antecedentes estarán ahí durmiendo el sueño de los justos, mientras la ciudadanía sigue padeciendo los latigazos de una mala administración en el pasado y el encubrimiento de la actual. No hay obras dignas de mencionar, no hay programas sociales, tampoco acciones menores como el bacheo u otras. La ciudad está sumergida en una perniciosa inseguridad y todo porque no hay recursos para emprender las metas del plan municipal de desarrollo o resolver los desafíos actuales. García Jarquín puede estar tranquilo y Neri despreocupado para fincarle responsabilidades.
