El cargo de Procurador General de la República siempre fue considerado como parte esencial del gobierno mexicano y, por lo mismo, estaba ligado al Ejecutivo federal, por lo que se decidieron a dar pasos avanzados para liberarlos de esa sujeción.
Primero se consiguió que el Senado de la República aprobara el nombramiento que hacía el Presidente de la República, para dar paso, después a la creación de una Fiscalía con autonomía que también aprobaba el Senado dicha designación.
Sin embargo, para ello se determinó que el Presidente hacía la propuesta de una terna que el Senado aprobaba. Con todo y ello, el Senado no puede revocar el nombramiento y solamente el Presidente de la República en turno pude hacerlo.
De esa forma se pretendió blindar a quien resultase designado y garantizarle autonomía e independencia en su manejo y no depender del humor del Presidente en turno y de los vaivenes del poder.
Alejandro Gertz Manero fue seleccionado como el primer Fiscal, abrogando la Procuraduría General de la República, al imponerse en una decisión de los senadores al favorito Bernardo Bátiz, en una selección bien planchada.
Los primeros pasos del nuevo funcionario federal fueron silenciosos, se guardó discreción, hasta que salieron a la luz pública algunos de los arreglos con las cabezas de dos casos muy sonados, Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México y su relación con el aumento de precio de una empresa conocida como Agronitrogenados, vendida a Pemex y el otro relacionado con acciones de corruptelas en la misma Pemex, involucrando directamente al que fuese director de ella, Emilio Lozoya.
Los dos asuntos sumamente confusos y enredados, pero que atrajeron la atención de todos.
De casos con la misma o mayor importancia casi no se supo nada, hasta que estalló el tema de la familia Cuevas Morán, cuya cabeza, Laura Morán, había sido pareja de su hermano mayor, Federico.
Fue entonces cuando se supo que un caso casi archivado fue revivido cuando Gertz Manero fue designado Fiscal y aplicó todo el rigor de la ley, contra la pareja de su desaparecido hermano.
Después de ello se conocieron los señalamientos realizados contra el Fiscal por el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien lo acusó de uso indebido del servicio público, abuso de poder, tráfico de influencias y persecución en su contra.
Y es que a pesar de que la PGR dependía en el pasado directamente del Ejecutivo y era parte del gabinete legal, no se había presentado una querella en contra de los titulares como la que hizo pública el ex Consejero de la Presidencia.
Claro que varios de los titulares de la PGR salieron despedidos de esa oficina por causas directas imputadas a sus errores jurídicos o falta de resultados en las investigaciones de temas trascendentales.
Dos son los casos más sonados en ese aspecto el de Julio Sánchez Vargas y de Jesús Murillo Karam. El primero tuvo dos casos sumamente complicados en sus manos el del dos de octubre de 1968, relacionado con la masacre de Tlatelolco y el del 10 de junio de 1971, conocido como Jueves de Corpus, vinculados ambos a el asesinato de estudiantes. Los escasos resultados obtenidos de las investigaciones lo llevaron a ser separado del cargo.
Jesús Murillo Karam consolidó la verdad histórica sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero sin demasiada credibilidad, por lo que se aprovechó una frase soltada por él en la que se confesaba cansado de dicha situación y pronto fue reubicado.
En realidad, la PGR, aunque tuvo una serie de grandes juristas en los últimos cincuenta años como Sergio García Ramírez, Diego Valadés Ríos, Jorge Carpizo, Ignacio Morales Lechuga, Fernando López arias y otros personajes catalogados como grandes estudiosos del derecho, siempre fue vista con recelo por no actuar con la celeridad y profundidad requerida.
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Una nueva masacre ocurrida en Michoacán sacude al país, una entidad que retoma su papel protagónico y que en las semanas recientes se sitúa como una de las zonas más conflictivas del país. Veinte muertos, hasta ahora, es la nueva cifra de los ríos de sangre que recorren la zona centro del país. Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, son regiones de alto peligro en las que se debe actuar de inmediato…Finalmente se decidió en la Corte otorgar el amparo liso y llano en el caso de la familia Cuevas Morán.
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