El cobro de ocho pesos por el pasaje en el transporte urbano, que se puso en marcha el pasado lunes, lleva consigo un estigma: generarle más problemas al gobierno de Alejandro Murat. En efecto, el pulpo camionero ha insistido una y otra vez en dicho incremento y en administraciones anteriores se le ha autorizado, con la condición de que mejoren el parque vehicular, cuestión que no ha ocurrido. Una mirada a la calidad de autobuses que prestan el servicio daría muchas sorpresas, habida cuenta de que hay unidades que tienen más de treinta años de circular sin más. Las redes sociales han difundido la situación de algunos de ellos. Sin embargo, los concesionarios se defienden una y otra vez haciendo alusión al costo de la gasolina, refacciones y demás. Esta situación ha generado un sinfín de protestas tanto de los universitarios y otros membretes, como de algunas organizaciones que incluso han llamado a acciones de resistencia civil. El razonamiento es simple: los usuarios hacen el sacrificio de pagar más, siempre que las unidades que dan el servicio mejoren y no sea la misma chatarra que presta el servicio desde hace décadas.
Lo anterior pone de nuevo en el eje de la discusión la urgencia de poner en marcha el abortado programa del Servicio de Transporte Urbano, que algunos llamaron Sitibus, el cual, no obstante la cerrazón de los beneficiarios del pulpo camionero, las unidades no deben dejarse pudrir en las bodegas del gobierno estatal, sino darles un uso cotidiano, que para ello fueron adquiridas en muchos millones de pesos. Se trata de un proyecto cuyo elevado costo implicó el arreglo de calles y avenidas. El sentido del mismo era darle a los citadinos un transporte urbano decoroso, limpio y eficiente. El incremento a ocho pesos en la tarifa fue autorizado gracias a las presiones de los beneficiarios del transporte urbano y existe, según se sabe, el propósito de renovar en un porcentaje importante de unidades. Ante el constante incumplimiento de los permisionarios, no hay duda que en esta ocasión como antes harán exactamente lo mismo. Seguiremos a merced de su chatarra, de accidentes, de operadores arbitrarios y demás, pues no ha habido ni siquiera asomo de darle a los citadinos más que ataúdes rodantes y unidades en mal estado.
Administración de transición
El pasado lunes, el presidente de la capital, José Antonio Hernández Fraguas, sostuvo una reunión con representantes de algunos medios de comunicación en la que dio a conocer los retos y desafíos de su administración, así como los avances obtenidos a la fecha. Dado que de manera inédita este gobierno municipal es sólo de dos años, Fraguas sostuvo que es de transición y que, en otras circunstancias, el calendario de obras apenas estaría caminando. No obstante, por la premura del tiempo, se han logrado avances sustanciales que no han sido lo suficientemente ponderados en los medios de comunicación, como es el programa de bacheo permanente; el de limpieza y el de transparencia. Llama la atención el programa de disciplina financiera que mantiene su gobierno, lo cual le ha generado opiniones laudatorias de calificadoras reconocidas a nivel internacional, que han ubicado a las finanzas del gobierno de la Ciudad de Oaxaca como sanas. Mencionó asimismo, la difícil situación financiera que ha tenido que sortear su administración, lo cual lo llevó a instrumentar medidas de austeridad y sacrificio para funcionarios y demás servidores públicos. Ante las preguntas de algunos representantes de los medios de comunicación sobre temas como el comercio en la vía pública, la mendicidad o la situación del zócalo de la capital, el edil capitalino respondió puntualmente.
Uno de los temas recurrentes fue la población de indigentes que se han apropiado prácticamente del zócalo o la vendimia que se ha instalado en las calles de Armenta y López. Como hemos dado cuenta algunos medios, en efecto, inspectores del ayuntamiento ha retirado de manera insistente los módulos de venta de boletos de autobús a la Ciudad de México, pero al día siguiente se vuelven a instalar. En el imaginario colectivo existe la idea de que se ha trabajado, salvo que en realidad la capital enfrenta un sinfín de problemas. De manera reiterada hemos denunciado por ejemplo, la toma del Centro Histórico por parte de organizaciones, particularmente los indígenas triquis. Sin embargo, cualquier acción de desalojo conlleva diversos problemas en virtud de que los mismos cuentan con medidas cautelares que los hace prácticamente intocables, pese a la imagen deplorable que han hecho de nuestra capital. Lo lamentable es que los organismos de derechos humanos que han otorgado las citadas medidas, desconocen a fondo la manera en la que estos indígenas despliegan acciones de chantaje y manipulación
