Durante los últimos días, la Secretaría General de Gobierno ha logrado concertar algunos acuerdos de paz entre comunidades que libran añejos diferendos agrarios o problemas ancestrales. Es el caso de Sola de Vega y San Vicente Coatlán, entre otros. Sin embargo, ha habido otros, como el que libran vecinos de agencias de San Juan Mazatlán Mixe, con su presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez, no ha tenido éxito. Lo dicho: no basta sólo la firma de acuerdos y buenas intenciones. Pronto vendrán otras autoridades que tendrán ideas contrarias. Se requieren pues otros elementos que incidan en dichos acuerdos sean permanentes. Uno de ellos es la aplicación estricta y llana de la ley. No nos cansaremos de insistir en que cuando se ha agotado el diálogo y existe resistencia de algunas de las partes para vivir en paz y con civilidad, el gobierno como representante legítimo del Estado, debe proceder al uso de la fuerza.
A lo largo de al menos tres sexenios ha sido usual convocar a los principales actores políticos de comunidades en conflicto, hacer todo un teatro de ello, tomarse la foto y todos felices y contentos. Llama la atención, por ejemplo, que pueblos como los que mencionamos al principio hayan logrado un acuerdo de paz, cuando existen decenas y decenas de personas que han sido asesinadas, particularmente por vecinos de San Vicente Coatlán, una comunidad violenta que, desde tiempos ancestrales, ha estado dedicada al cultivo de estupefacientes. Recordemos que sólo en 2018, justo en cercanías del proceso electoral del primero de julio, fue asesinado el candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a diputado local y cuatro de sus asistentes. Meses después fue emboscada una patrulla de la Policía Estatal Preventiva, con un saldo de cinco elementos masacrados.
Los citados de acuerdos de paz se convierten en una especie de cortina de humo para dejar en la impunidad hechos delictivos graves, como es el asesinato de vecinos, como ocurre en algunas comunidades de la Sierra Sur. Las autoridades suscriben dichos acuerdos de paz, pero quedan rencillas y agravios entre quienes han perdido a familiares en emboscadas, que son los que no olvidan y más tarde que temprano vuelven a sacar el hacha de guerra. Hay que avanzar pues con el diálogo sin soslayar que es necesario continuar con la investigación y persecución de aquellos que han cometido acciones criminales, que no tienen disculpa ante la ley vigente.
Bloqueos vs comunidades
En los últimos días de julio ocurrieron eventos importantes que vale la pena destacar. Se trata de la respuesta de algunas comunidades ante los bloqueos carreteros y la actitud de los vecinos en reclamo del derecho a la libre circulación consagrado en nuestra Carta Magna. Luego de cuatro días de bloqueo en la carretera 190, una de las más importantes en nuestro estado, por parte de militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), ciudadanos de la población de San Pablo, distrito de Etla, se organizaron y acudieron a desalojarlos. Según reportes de este hecho, los indígenas de la citada organización, hijos de la violencia en la zona triqui, sacaron a relucir sus armas de fuego. Los vecinos de la aludida comunidad, arrojaron piedras y con otro tipo de instrumentos, exigieron su derecho a vivir en paz y con civilidad.
Un antecedente similar existía en la comunidad suburbana de San Agustín de las Juntas, que revivió en los últimos días, ante la amenaza de maestros/alumnos de la llamada Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO) de bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Mientras los trabajadores de la educación esgrimían como una amenaza brutal dicha acción, autoridades municipales y ciudadanos de la referida comunidad se apersonaron para advertirles que, de hacerlo, los desalojarían incluso de manera violenta. Ello motivó a las autoridades estatales a enviar elementos de la Policía Preventiva, con el apoyo de la Guardia Nacional. El cierre del crucero no se llevó a cabo. Así, cuando este grupo minoritario de chantajistas pretendió cerrar el acceso a la agencia de San Felipe del Agua, justo donde se ubica la pagaduría del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), llegaron las autoridades municipales a lanzar una advertencia: “si no se quitan en media hora, vendremos con todo el pueblo a quitarlos”.
¿Cuál es la lectura de estas medidas asumidas por autoridades municipales y vecinos? Es una e irrebatible. En Oaxaca hay un hartazgo generalizado respecto a los bloqueos carreteros. Es decir, la sociedad civil, ante la pasividad del gobierno para tratar el tema, responderá incluso con violencia. Ya se han levantado comerciantes y locatarios en contra del comercio en la vía pública; ya lo harán transportistas y taxistas, en contra de la pretensión de vividores de la izquierda, de llenar el Centro Histórico con moto-taxis. O en el gobierno estatal se ponen las pilas o habrá cuestiones que lamentar.
