Mañana iniciará una nueva administración. El domingo 13 de noviembre, el gobernador electo, Salomón Jara hizo la presentación de las personas, hombres y mujeres que le acompañarán al frente de algunas dependencias. Se trató del segundo bloque. En éste se observa que, como en algunos regímenes del PRI, obedece a un pago de lealtades, a compromisos de campaña, de reciprocidad a sus amigos y leales, además de cuotas a partidos. Sin embargo, el perfil académico o de experiencia administrativa parece haber pasado a un segundo plano. Hay algo que nadie debe ignorar. Una cosa es la política partidista, los cargos de elección popular y las coordinaciones de campaña, y otra, muy diferente, la tarea de gobierno, la administración pública y las tablas que da la experiencia en cargos desde analista hasta directivo, subsecretario o secretario. No hay que olvidar que la incompetencia y la ineficiencia también son corrupción.
Se han mencionado cargos que a la fecha no existen, pero que, con certeza y como lo hemos comentado aquí, el cambio de nombre, la transformación en la estructura de gobierno, la fusión o desaparición de dependencias o entidades, obedecen a la aprobación –que ya se dio- por parte del Congreso del Estado, de una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Hasta este 30 de noviembre, la actual estructura habrá de prevalecer tal como está. Pero cada jefe del ejecutivo no se aparta de la tentación autoritaria de ponerle a su gobierno su propio sello. Esperemos que no se repita el esquema aquel de hace un par de sexenios en donde se hablaba de la curva del aprendizaje. Es decir que, como ciudadanos deberíamos esperar a que el funcionario aprendiera y madurara.
Y es que desde un principio se advierte que en torno a la experiencia, el gabinete futuro bien puede calificarse de medio pelo. Una profesionista egresada de la carrera de Ciencias Marítimas será la titular de Turismo o alguien de ingeniería mecánica de Administración. Pero bien, compete a las prácticas de una sociedad crítica pero propositiva, darles a quienes llegarán al cargo, como si fuera un juguete nuevo, el beneficio de la duda. Estaremos satisfechos que, a pesar de su bajo perfil inicial, respondan con creces no sólo a la confianza que el próximo gobernador ha depositado en ellos y ellas, sino a las expectativas del pueblo oaxaqueño, acostumbrado ya a los experimentos políticos que cada día lo dejan peor.
Ejes controvertidos
El viernes18 de noviembre, el gobernador Alejandro Murat dio un mensaje al pueblo oaxaqueño en el marco de su VI y último informe de gobierno. De manera dinámica y sin leerlo fue dando cuenta paso a paso de las acciones que emprendió su administración no sólo en el 2022, sino a lo largo de los seis años que se mantuvo al frente del Poder Ejecutivo estatal. Habló de ejes básicos como la disminución de la pobreza, del apoyo a grupos vulnerables, mujeres, niños, así como de temas delicados como la gobernabilidad y la seguridad estatal. Ponderó que, durante su gestión, jamás se usó la fuerza pública para contener la protesta generalizada que, hasta el día de hoy sigue lastimando a millones de oaxaqueños, como son los bloqueos carreteros en el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales. Se entiende que Murat Hinojosa se cuidó al extremo de llevar el Sambenito de represor, sin embargo, ello fue también a costillas del sufrimiento y las pérdidas de la mayor parte de la población.
Sus razones debe haber tenido para no usar la fuerza, pese a la urgente necesidad de resarcir el tejido social cada vez más vulnerado por dirigentes de organizaciones sociales, grupos de presión, transportistas, maestros, normalistas y otros, que han atentado de manera criminal en contra de nuestro clima de libertades que nos otorga nuestra Carta Magna, como es el derecho de transitar libremente. En sentido contrario, se privilegió el diálogo, diálogo y más diálogo, cuando la demanda de la sociedad civil siempre apuntó a restablecer el Estado de Derecho y salvaguardar nuestras libertades. Es posible que más allá de los magros logros de su gobierno, una mancha indeleble es llevar consigo aún en estos últimos días, la presión de algunos grupos, desesperados porque no alcanzaron los más de 400 millones de pesos que se les repartieron cada año para garantizar la gobernabilidad y la paz social.
Entre los oaxaqueños existe la certeza de que, en ese sentido, hizo falta mucho por hacer, pues la ley no debe ser interpretada sólo como instrumento de persuasión o disuasión, sino como un eje de la gobernabilidad y factor para salvaguardar el clima de libertades. El Estado de Derecho no debe ser un artificio que el gobernante interprete a su manera, sino el motor de la estabilidad política y social de un estado o país. El gobernador electo, Salomón Jara debe tomar debida nota de lo que la ciudadanía ha vivido en los últimos tiempos, para forjar una estrategia que aplique el diálogo pero también la ley.
