Uno de los grandes yerros de las nuevas disposiciones en materia de educación luego de abrogar la llamada Reforma Educativa, fue la aprobación de conceder plazas a los egresados del sistema de normales, sin los exámenes de admisión correspondientes, en donde los mismos tienen que probar su capacidad profesional y vocación. Ahora se habla de las leyes secundarias, en donde personeros del Cártel 22 en el Congreso federal, afirman que se establecerá el procedimiento para que las y los egresados de las normales públicas accedan a las plazas magisteriales. En el pasado, las plazas para los egresados de las normales del sistema oficial, se otorgaban de manera automática. Era obvio, las exigencias académicas eran mayores. No había tiempo ni oportunidad de tomar las calles para protestar o secuestran camiones o casetas de cobro para atracar. Eran, en otras palabras, otros tiempos, en donde la formación profesional era una prioridad y la preparación para la docencia un compromiso institucional. Las normales fueron entonces semilleros de inconformidad, pero también de preparación. No había contraposición entre una y otra.
Ha trascendido que hace unos días habrían iniciado los foros de parlamento abierto para la discusión de las leyes secundarias en materia educativa en la Cámara de Diputados, que permitirán establecer los detalles para que las y los egresados de las normales públicas obtengan sus plazas, de acuerdo con el nivel educativo correspondiente y las necesidades existentes. No obstante todas las bondades con las que los normalistas han sido arropados por el gobierno de la Cuarta Transformación, hay actitudes que distan mucho de tomar las cosas con la seriedad que amerita la docencia. En Oaxaca, siguen las prácticas nocivas del secuestro de camiones para ir al atraco a la caseta de cobro de Huitzo. Les han concedido todo, pero no acaban de asumir la responsabilidad con convicción y seriedad. Esperamos que las llamadas leyes secundarias tengan asimismo candados para rechazar a quienes desde antes de incrustarse en el servicio docente, trastocan su formación con prácticas nocivas y tendenciosas. Las normales del sistema estatal han dejado mucho qué desear. Asemejan ser formadoras no de radicales sino de vándalos dedicados al atraco y la vagancia. Hace tiempo se dio en Oaxaca un movimiento que pedía el cierre de dichas instituciones, cuestión que se reflejó con una baja matrícula.
Temporales y riesgos
Desde el mes de mayo inició formalmente la temporada de huracanes. Organismos especializados han anunciado que varios que se formarán en el Océano Pacífico impactarán duramente en nuestro estado. En 2017, hay que recordar, Oaxaca no sólo padeció una espantosa sequía que devastó a las zonas ganaderas, sino además fue fustigado por ciclones y tormentas tropicales, los cuales generaron daños de consideración en caminos, puentes y carreteras. Uno de los efectos fue, por ejemplo, la suspensión temporal de la circulación de la carretera 190, Oaxaca-Tehuantepec, a raíz de los daños en el puente sobre el Río Tequisistlán. Pero hubo muchos daños más. Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), la dependencia responsable de este rubro detectó centenas de cortes carreteros y daños, para cuya reparación se requería simplemente quintuplicar el presupuesto asignado. Estamos pues ya de lleno en la temporada de riesgo para que siniestros como los que traen consigo los ciclones, tormentas y depresiones tropicales, nos fustiguen. De hecho, han caído en diversas regiones del estado grandes precipitaciones pluviales, con sus consecuentes encharcamientos e inundaciones.
Hace al menos un par de décadas, en ocasión de los sismos que azotaron a la entidad en junio de 1999, se estableció un mecanismo emergente para que los municipios y comunidades hicieran frente a cualquier fenómeno natural. Se trata de los Consejos Municipales de Protección Civil que, por lo que se sabe, desaparecieron. Los órganos citados tenían la responsabilidad de alertar a la población, particularmente a los sectores más vulnerables, de los riesgos que traen consigo diversos fenómenos naturales, llámense ciclones, tormentas, incendios o sismos. Funcionaban desde la sociedad civil pero estaban en contacto con los gobiernos locales. En caso de emergencia o siniestro eran los responsables de organizar desalojos, habilitar albergues, capacitar a las agencias y colonias para protegerse y proteger a los demás. Si bien es cierto que hoy la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), es quien lanza los avisos de posibles alertas, no está por demás que promueva la formación o reactivación de los citados Consejos Municipales. Ello puede ser un aliciente para los gobiernos locales, amén de que tengan o no en su estructura, oficinas o áreas de protección civil.
