• Los fue a Regañar
• Madres Buscadoras
La preocupación y el descontento en torno al desempeño de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ante la violencia política son críticos y se han intensificado de manera alarmante debido a los acontecimientos recientes. El panorama actual refleja fallas estructurales crónicas -rezago en investigaciones, deficiencias en la integración de carpetas e insuficiencia probatoria- que no solo alimentan la percepción de impunidad, sino que dejan en una vulnerabilidad extrema a los gobiernos locales.
La gravedad de la situación se evidencia en la acumulación de casos severos: El homicidio de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán en la región Mixteca, ocurrido apenas el 13 de junio, reavivó las alarmas. Solo 48 horas después, la ejecución del exalcalde de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, y su hijo en la región de la Costa, expuso la desprotección total en la que operan las autoridades municipales.
Casos como el de Bravo Martínez son especialmente alarmantes porque, según reportes locales, el edil ya había sobrevivido a un ataque previo y solicitado formalmente medidas de protección a las autoridades estatales, las cuales no fueron oportunas ni eficaces.
Estos eventos se suman a una lista que incluye los asesinatos de Lilia Gema García Soto en San Mateo Piñas y Mario Hernández García en Santiago Amoltepec en 2025, acumulando al menos cinco alcaldes o autoridades electas asesinadas en la entidad en los últimos años, con investigaciones que avanzan con extrema lentitud.
El reclamo generalizado hacia la Fiscalía no se limita a la falta de detenciones inmediatas, sino a la incapacidad técnica para sostener los casos ante los tribunales. La sombra de la impunidad en la entidad se ha evidenciado en otros casos de alto impacto donde los jueces federales o estatales terminan liberando a los imputados argumentando investigaciones “deficientes”, “negligentes” o con “insuficiencia probatoria” por parte del ministerio público -como ocurrió en su momento con el caso de la activista Claudia Uruchurtu o fallas metodológicas en contextos de violencia de género y política-.
… A VUELO DE PÁJARO
Al margen del daño económico al sector productivo de Oaxaca, las movilizaciones de la Sección 22 de la CNTE ya provocaron desabasto de combustible y el cierre temporal de al menos tres estaciones: Cruz de Piedra, Bautista y Señor de Tlacolula, conocida como Morga. Tal situación provocó compras de pánico ante el temor de que no haya suficiente gasolina, pues los integrantes del magisterio mantienen un cierre ininterrumpido en la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex ubicada en Santa María El Tule. Al impedir por completo la entrada y salida de las pipas (vehículos cisterna), los inventarios de las estaciones de servicio no se han podido renovar.
Regaño
Un verdadero escándalo el protagonizado por la secretaria de Turismo del Estado, Saymi Pineda Velasco, pues en plena campaña política no ha dudado en regañar a sus convocadas a sus reuniones de promoción. El espectáculo ocurrió en San Simón Almolongas, donde más que convencer, terminó regañando y condicionando el pensamiento de los pobladores locales bajo el cobijo de Morena. Quienes conocen el tinglado aseguran que la funcionaria será candidata a una diputación federal y estar en condiciones de buscar ser nominada a la gubernatura en 2028, lo cual se observa cada vez más lejano, pues la perfilada es Luisa Cortés.
Buscadoras
El movimiento de las madres buscadoras en Oaxaca refleja una de las realidades más complejas y dolorosas en el panorama de los derechos humanos de la región. Aunque históricamente la crisis de desapariciones se percibía concentrada en el norte o centro del país, en los últimos años el fenómeno ha impactado de manera profunda al estado, llevando a decenas de mujeres a organizarse ante la inacción institucional. Tras años de presión social y manifestaciones frente al Palacio de Gobierno, en junio de 2026 se reportó la aprobación del Plan Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Si bien este andamiaje legal representa un avance formal en el papel para la coordinación de las autoridades, los colectivos mantienen una postura de exigencia y monitoreo constante, pues señalan que las leyes no sirven si no se traducen en investigaciones de campo, eficientes inmediatas y con perspectiva de género.
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