México, ya lo hemos dicho, es uno de los países en el mundo en donde el ejercicio periodístico es un acto de vida o muerte. No existe una guerra como en algunos que han enfrentado conflictos bélicos, pero en nuestro país, la amenaza mayor proviene de los poderes fácticos, la delincuencia organizada y, en los tres últimos años, del gobierno federal y sus personeros. Mediante un video difundido el 9 de agosto en redes sociales, el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, rodeado de sujetos encapuchados y armados, amenazó de muerte a Azucena Uresti, conductora de Milenio Televisión, perteneciente al Grupo Multimedios. También lanzó advertencias contra la cadena Televisa y los diarios El Universal y Milenio, en represalia por lo que consideró una cobertura periodística injusta.
La reacción fue inédita: diversos medios, a través de un comunicado, condenaron las amenazas del citado grupo criminal por la cobertura noticiosa en Michoacán, una entidad devastada por los ajustes de cuentas y enfrentamientos de grupos criminales. Es decir, quisieran información a modo. Diversos medios impresos y electrónicos del país, incluyendo a El Mejor diario de Oaxaca, emplazaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a garantizar la vida no sólo de la conductora Uresti, sino en sí del ejercicio periodístico. Es evidente que la política de superficial de “abrazos y no balazos”, con la que el llamado gobierno de la Cuarta Transformación ha visto la inseguridad que ha propiciado la delincuencia organizada, pone sobre la mesa la triste realidad de un régimen que sigue soslayando su alto compromiso de darle a los mexicanos seguridad y evitar tantas muertes.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó y expresó profunda preocupación por las amenazas esgrimidas. La institución continental instó al gobierno a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión reforzando los mecanismos de prevención y protección para periodistas a nivel federal y estatal. “Más allá del anuncio oficial del gobierno de que tomará medidas para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados, es urgente que se dote al sistema de protección de los recursos económicos y profesionales para que pueda operar con eficiencia”, coincidieron en señalar el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet.
Sindicatos beligerantes y mafiosos
El pasado lunes, de nueva cuenta, afloraron las rencillas y el conflicto de intereses que existen entre los sindicatos que regentean en Oaxaca el transporte de materiales pétreos y otros. El privilegio de que goza la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), a todas luces, ha generado inconformidad y violencia de parte de otros que se asumen desplazados de las grandes obras. Las disputas violentas no son nada nuevo en la entidad. Es más, los enfrentamientos entre algunos sindicatos como “Libertad”, con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y ahora con Catem, han dejado muertos y heridos. La guerra por los contratos va más allá del otorgamiento oficial o ganados en las juntas de conciliación o la Secretaría del Trabajo. Hay una ambición desmedida por arrebatar a quien se le otorgó algún contrato para que, a través de la presión y el chantaje, los inconformes puedan obtener lo que buscan.
En un acto de intimidación y violencia, transportistas afiliados y dirigentes de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que dirige en la entidad Hipólito Rojas, obstaculizaron la continuación de los trabajos de la obra que se construye en la Avenida Símbolos Patrios, que representa una de las prioridades del gobierno de Alejandro Murat. El reclamo es que se le haya concedido a Catem y no a ellos. Como medida de presión, de inmediato desplazaron a sus unidades de volteo para cerrar el paso de la maquinaria y, particularmente, obstaculizar la labor de los medios de comunicación emulando a los grupos criminales de que comentamos en el primer bloque editorial. Esto es: en estos tiempos, cualquier baba de perico se asumen tener los tamaños para acotar o impedir el desarrollo de nuestra labor y atentar en contra de la libre expresión.
De seguir el gobierno estatal solamente beneficiando a los mismos de siempre e ignorando a los que también pueden realizar con creces su labor, sin duda los problemas no habrán de terminar. Lo grave es que el tiempo apremia y si estamos ya con un gran retraso en la realización de obras de mediana y menor envergadura, como la obra en cuestión, lejos de abonarle a la celeridad, los conflictos entre sindicatos violentos y mafiosos sólo habrán de convertirse en obstáculo permanente para las citadas obras públicas. El consejo de Salomón diría que “no hay que echar todos los huevos en un solo cesto”.
