• Reventa
• Infiltrados
El Fondo de Pensiones del Estado de Oaxaca enfrenta una grave crisis financiera que amenaza su viabilidad. Diversos informes señalan que el sistema está prácticamente en quiebra debido a años de mala administración, desvío de recursos y falta de aportaciones suficientes por parte del gobierno estatal. Este año absorberá al menos mil 600 millones de pesos para el pago de 5 mil 508 pensionados y su estado actual es de bancarrota, sin recursos suficientes para poder cubrir los pagos.
Según la Secretaría de Finanzas, la administración pública estatal cuenta actualmente con 20 mil 823 plazas laborales, tanto en las secretarías de estado como en los organismos públicos descentralizados. 13 mil 356 se encuentran bajo el régimen de base y 7 mil 467 en otras modalidades, confianza y contratos.
Cubrir cada año el pago de los 5 mil 508 pensionados, requiere de un monto total de mil 865 millones de pesos, por lo que el gobierno de Oaxaca tendrá que solventar un recurso extraordinario de 880 millones de pesos.
Actualmente, los ingresos no alcanzan para cubrir las pensiones de miles de trabajadores jubilados, lo que pone en riesgo el derecho adquirido de quienes han servido al estado durante décadas. Las reservas están prácticamente agotadas y el número de pensionados crece mientras disminuye el de trabajadores activos que cotizan.
Expertos advierten que de no tomar medidas urgentes, como una reforma integral o la inyección de recursos extraordinarios, el sistema podría colapsar en el corto plazo. El problema se agrava por la opacidad en el manejo del fondo y la ausencia de una estrategia clara para su rescate, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre los trabajadores del estado.
… A VUELO DE PÁJARO
Fuera de toda polémica por el monto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Benjamín Viveros Montalvo, precisó que era necesaria la rehabilitación del salón de pleno y de ninguna manera se trata de un despilfarro. Cuestionado al respecto, dijo, que como no se hacía antes, en la actual Legislatura se han hecho ahorros extraordinarios del presupuesto, debido a las políticas de austeridad, y de ello fueron tomados los recursos financieros para los trabajos; indicó que desde hace más de 20 años, no se le daba mantenimiento al inmueble.
Reventa
La reventa de boletos para la Guelaguetza 2025 ha generado molestia entre oaxaqueños y visitantes. Esta práctica ha sido señalada como un abuso que impide el acceso equitativo a una de las festividades más representativas del estado. Ciudadanos exigen a las autoridades estatales y a la Secretaría de Turismo que maneja Saymi Pineda, mayor control en la distribución de entradas y sanciones para quienes lucran con la tradición. La falta de mecanismos eficaces para prevenir la reventa fomenta la especulación y favorece a intermediarios, afectando principalmente a las familias locales que desean participar en la celebración. Mientras tanto, persiste la duda sobre la transparencia en la venta digital y la necesidad urgente de reformar el sistema de acceso para garantizar que la Guelaguetza siga siendo un espacio auténtico, accesible y popular.
Infiltrados
La Operación Sable realizada en Juchitán de Zaragoza permitió establecer el grado de infiltración que la delincuencia ha hecho en ese municipio del Istmo. 23 cámaras de videovigilancia fueron desinstaladas y aseguradas, pues los equipos no estaban conectados a los centros oficiales de Control y Comando (C2 y C4) y presuntamente eran utilizados con fines ajenos al interés público, por lo que se procedió a su desarticulación. Las cámaras estaban colocadas en diferentes calles del municipio y formaban parte de un circuito cerrado, cuyo uso podría facilitar actividades delictivas, según los hallazgos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Vicefiscalía Regional del Istmo.
Proyecto
El proyecto de reforma electoral que se pretende imponer no mejorará la calidad de la democracia, minará la pluralidad legislativa y consolidará las mayorías de Morena en el Congreso. Una de las prioridades de Morena en el siguiente periodo de sesiones, tomará como base los llamados “Plan A” y “Plan B” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que incluyen reducir el costo de las elecciones y eliminar a los legisladores plurinominales, también recortar el financiamiento a partidos políticos y disminuir el número de síndicos y regidores en los ayuntamientos. Amén de que la presidenta Claudia Sheinbaum todavía evalúa si propondrá al Legislativo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos por voto ciudadano, como se hizo por primera vez con los ministros, magistrados y jueces.
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