Esta semana se celebró la firma del convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la empresa Airbnb para que la Ciudad de México sea “la capital del turismo creativo en América Latina” y un destino para “nómadas digitales” a nivel internacional.
El acuerdo busca que la capital del país cuente con infraestructura y servicios que posicionen a la ahora llamada CDMX como uno de los más atractivos puntos de residencia temporal para las personas que pueden trabajar a distancia, modalidad que proliferó a partir de la pandemia (https://bit.ly/3gVIQog).
El gran problema con dicho planteamiento es que, desde hace meses, vecinas y vecinos de céntricos barrios de Ciudad de México han denunciado el desplazamiento de personas locales a partir de la multiplicación exponencial de los alquileres de casas habitación de corta estancia (https://bit.ly/3U7HbKH), es decir, el modelo de Airbnb, que facilita que las personas dueñas o administradoras de inmuebles renten un espacio que generalmente era destinado a arrendamientos de largo plazo en un modo homólogo al hotel, lo que representa ingresos mucho mayores para las personas propietarias de tales viviendas.
En consecuencia, las personas que antes necesitaban de arrendar una casa ahora les es imposible pagar las tarifas que se presentan bajo la modalidad de Airbnb, y son expulsadas de sus comunidades, lo que implica severos impactos a su modo de vida y economía.
Y este no es solo un problema en la Ciudad de México. En Oaxaca, especialmente en los barrios del Centro Histórico de Oaxaca y la colonia Reforma, y en zonas altamente turísticas, las y los habitantes del estado están siendo desplazados por la expansión de los arrendamientos en modalidad de Airbnb para dar preferencia a los servicios turísticos.
En este panorama, tenemos que considerar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del INEGI, el 51.4 por ciento de las personas que habitan viviendas rentadas —a nivel nacional— declaró no tener acceso a crédito o no tener recursos para adquirir una vivienda como causa del arrendamiento. En Oaxaca, ese porcentaje es mayor, 55 por ciento (https://bit.ly/3SOLA4h).
Este dato, contrasta, además con el hecho de que, de conformidad con las cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del mismo INEGI, existen 6.1 millones de viviendas particulares deshabitadas (https://bit.ly/3FtcUBR), de las cuales, 275,208 se encuentran en Oaxaca (https://bit.ly/3NiTZf2). Este fenómeno se encuentra atado a la falta de planeación en el desarrollo urbano, que permite la construcción de vivienda en zonas de alto riesgo, sin servicios o sin conectividad, lo que -de igual manera- empuja a las personas propietarias a buscar otros espacios de vivienda tras demostrarse la inviabilidad de los espacios que le fueron vendidos equiparando esto a un fraude.
No se trata de satanizar las modalidades de arrendamiento de Airbnb, sin embargo, el desplazamiento de personas por este tipo de configuración de servicios, aunado a la demanda de vivienda y la coexistencia de un alto número de viviendas abandonadas nos demuestra la ausencia de una política pública en la materia que persiga que las personas puedan ejercer su derecho humano a la vivienda y contar con un desarrollo urbano sostenible.
Ahí, las autoridades municipales y estatales son las primeras responsables. Las prohibiciones totales se han probado falaces desde el inicio. Se requiere planeación y regulación.
Los arrendamientos tipo Airbnb y el derecho a la vivienda pueden coexistir, pero si dejamos que “la mano invisible del mercado” guíe este proceso, no habrá nada que procure nuestros derechos.
@GalateaSwanson
