A pesar de la contingencia la lucha de las mujeres continúa. Una de estas es la participación de las mujeres en la vida pública, la cual ha sido negada por las leyes y de facto. Es por esto que, miles de mujeres celebramos la aprobación y publicación de las reformas y adiciones a diversas disposiciones legales que buscan garantizar a las mujeres el libre acceso al goce y ejercicio de los derechos políticos y electorales, como simpatizantes, militantes, precandidatas, candidatas y en el ejercicio del cargo.
Por 15 años, colectivos feministas, partidos políticos y mujeres de a pie, presentaron un aproximado de 40 iniciativas, relativas a la participación política y violencia política por razón de género, mismas que no fueron aprobadas, o se quedaron en la “congeladora” de alguna de las dos cámaras federales.
Fue a nivel local donde se presentaron mayores avances en la reglamentación de estos temas; nuestro estado por ejemplo, es uno de los 7 en todo el país que tipifica la violencia política.
Las leyes reformadas fueron: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género; Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales; Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General de Partidos Políticos; Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y; Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ante estas reformas corresponde a los estados armonizar la legislación y hacerla efectiva.
Dentro de los puntos a destacar encontramos las siguientes:
●La violencia política se convierte en un delito electoral de carácter autónomo, el artículo 20 bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, identifica las conductas consideradas como violencia política y establece una pena que va de 1 a 6 años de prisión y de 50 a 300 días de multa y establece como agravantes que la cometan personas servidoras públicas y se den en contra de mujeres indígenas.
●Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir sus autoridades, garantizando el principio de paridad de género, la cual se debe dar de manera gradual.
●El artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales exige como requisito para ser legislador federal, no tener condena por el delito de violencia política.
●En el caso de partidos políticos deben garantizar la prevención, atención y sanción de la violencia política por razón de género en su vida interna.
Mientras otros derechos se fueron adquiriendo desde el siglo XVIII y XIX, el derecho al voto y a la ciudadanía se logró en el siglo XX, después de luchas que emprendieron mujeres como Olimpe de Gouges, Emmeline Pankhurst y Elvia Carrillo Puerto.
En pleno siglo XXI se sigue obstaculizando la participación política y electoral de las mujeres. Según datos de Etellekt (2018), el proceso electoral federal de 2017-2018, 106 mujeres candidatas y/o políticas en funciones sufrieron ataques de violencia y 16 mujeres políticas fueron asesinadas.
En 1953 las mujeres mexicanas obtuvimos el derecho al voto, aunque han pasado casi 70 años. Hasta el día de hoy hemos tenido solo 5 mujeres candidatas a la Presidencia de la República y 8 gobernadoras electas. Estos datos nos muestran las brechas entre mujeres y hombres en el acceso a los puestos de poder y toma de decisiones.
No debemos olvidar que todas estas reformas están fundamentadas en la realidad, en casos que ocurrieron y afectaron a las mujeres de las comunidades y de todos los partidos políticos, por lo que todas y todos, sociedad civil e instituciones debemos contribuir a que las mujeres accedamos a vida pública de nuestro país, libres de violencia.
Aprovecho para reconocer la incansable labor del Colectivo Mujeres en Plural, del cual me congratula formar parte, pues las acciones y gestiones de sus integrantes (muchas de ellas Diputadas y Senadoras) fueron vitales para alcanzar esta importante reforma.
