En 2013, cuando empezaron los primeros esbozos de lo que sería una de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas la Reforma Educativa, el Cártel 22 inició una escalada de descalificaciones y críticas a lo que ni siquiera se conocía del todo. Cuando el Congreso federal validó la citada Reforma y en los congresos estatales se buscó armonizar las leyes locales en torno a la educación que imparte el Estado, la negativa de los dirigentes de la CNTE y la S-22, rayó en la locura. Acordonaron el edificio de San Raymundo Jalpan, persiguieron a los y las legisladoras, amenazaron con medidas extremas en caso de que el Congreso local aprobara lo tendiente a la multicitada Reforma Educativa. Y hay en ella algo que les ha metido ruido a nuestros mentores: acostumbrados a manejar cambios, aumentos de sueldo, promociones y otros a su arbitrio, durante el tiempo que estuvieron al mando del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), los capos del Cártel 22 se asumían intocables e inamovibles en sus decisiones. La obligada evaluación ponía en tela de juicio la discrecionalidad en el tráfico de influencias, la venta de plazas, el uso y abuso del presupuesto destinado a la educación, etc.
La Reforma Educativa, que se puso en vigor en todo el país trastocaba sus intereses. De 2013 a 2015, las movilizaciones, jalones y tirones no se hicieron esperar. Para ello, el Cártel se sacó de la manga un invento de sus “asesores pedagógicos”: el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO). Un primer análisis de dicho plan hecho por especialistas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), descalificó prácticamente dicho plan, aduciendo los expertos que se trataba más de un instrumento de adoctrinamiento que un plan educativo. En abierta rebeldía, dado que tenían del cuello al anterior gobernador, Gabino Cué, la Reforma Educativa nunca caminó en Oaxaca. Los exámenes de evaluación tenían que llevarse a cabo con vigilancia policiaca, ante la violencia de los fanáticos e incondicionales del Comité Ejecutivo Seccional (CES). Anteponían a todo el famoso PTEO. Pues bien, en el pliego petitorio que recién le entregaron al gobierno de Murat Hinojosa, vuelve aparecer el famoso PTEO, como la única alternativa educativa que tiene Oaxaca, pues según los falsos revolucionarios, cumple con las características que tiene la entidad.
Dependencias a la deriva
Sin ánimo de criticar las acciones que ha emprendido el gobierno de Alejandro Murat, como el ya sabido operativo de seguridad en el Istmo, ello no obsta para subrayar que emulando al antiguo régimen, hay áreas del gabinete que desde hace meses no tienen titular o solamente un “encargado del despacho”, lo cual contribuye a que, ante la incertidumbre de los responsables en el cargo, no cumplan a cabalidad con los objetivos que se ha propuesto la actual administración. Por ejemplo, la semana pasada quedó vacante la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) que, junto con la Secretaría de Administración, la de Salud y la de Cultura y Artes, no tiene un responsable formal. ¿Es esto saludable para un gobierno que recién está cumpliendo sus primeros dieciocho meses, arrastrando una serie de problemas económicos y sociales? Presumimos que no. El ejecutivo debe hacer las nuevas designaciones, cambios o enroques que sean necesarios, siempre que no pierda el timón de esta nave denominada Oaxaca. Se asume que con su llegada habría un relevo generacional. Pero ya vemos que no. Es importante subrayar que hay dependencias en las que en estos tiempos de veda electoral, el tiempo se detuvo.
Hace días como a tiempo lo comentamos en este espacio editorial, la protesta de los maestros de la Sección 22 desquició por completo la tranquilidad ciudadana. Hay temor incluso de que dicho gremio, tal cual lo ha hecho en otros años, como en 2006, 2010 o 2012, haga el papelito de ser el sicario de los procesos electorales. No se ha escuchado aún alguna declaración oficial en torno a la paz social que requieren los comicios, por cierto, uno de los más competitivos en la historia. Al decir de los comunicados de la Comisión Política de la 22, no todas las demandas quedaron resueltas a satisfacción, pues estos torpes saben que el 62 por ciento de su pliego de peticiones son del ámbito federal, no del entorno estatal. Pero ello es motivo suficiente para seguir torpedeando la paz social y la civilidad que se requiere para llevar a cabo un proceso electoral participativo. Existe pues un fundado temor entre las instituciones que tienen a su cargo la realización de la citada jornada electoral, que exista, además de la violencia ya registrada en días anteriores, escenarios para los que el árbitro electoral –Instituto Nacional Electoral (INE)- no tiene dispuesto un Plan “B”.
