Las autoridades estatales han sido claras: la pandemia no se ha ido, pese a los programas de vacunación, por lo que es necesario no bajar la guardia. El número de contagios y decesos, si bien no en proporción a los meses anteriores, no ha cedido. Seguimos pues con el peligro a cuestas. Como lo hemos pubicado en nuestras páginas, hay hospitales que están hasta el tope de enfermos, no obstante, insistimos, en una reducción relativa. El tema es que el SARS-CoV2 sigue presente. Las medidas de prevención no se pueden relajar, como ya lo hemos visto. En sitios como restaurantes, cafés, bares y otros, siguen sin respetar el porcentaje de aforo. Es difícil reconocerlo, pero estimamos que la llamada nueva normalidad está aún lejos. La actividad económica que ha minado por completo negocios y hasta el gasto familiar, sigue socavando la esperanza en los diversos sectores sociales.
Lo anterior viene a cuento pues la semana pasada, el Consejo Estatal de Salud, tomó la decisión de suspender por segundo año, la celebración de nuestra máxima fiesta folclórica: la Guelaguetza. Se trata, sin duda alguna, de un golpe certero a la industria turística, una de las más laceradas desde que inició la pandemia. Todo mundo sabe que el mes de julio es uno de los que registran mayor afluencia. Es más, hace poco más de una semana, uno de los dirigentes empresariales del sector reconoció que las reservaciones que turistas del país y el extranjero habían hecho ya, dejaba atisbar un rayo de esperanza de recuperación. Sin embargo, todo apunta a que no es así. La famosa inmunidad de rebaño que hemos esperado, como ya se dijo, está lejana. El gobierno estatal no desea un contagio masivo, que sea nocivo para la salud de los oaxaqueños.
Se trata pues, de otra vuelta de tuerca para la economía local, particularmente de la capital, los Valles Centrales y los dos principales destinos de playa: Huatulco y Puerto Escondido, en donde las cosas no han vuelto a ser como antes. Una parte importante de la población oaxaqueña vive del turismo: artesanos, operadores de taxis, terminales de autobuses, aeropuertos, transportadoras, guías de turistas, fondas y restaurantes, hoteles, agencias de viaje, etc. Aún comunidades como Zaachila, Ocotlán, Tlacolula, Santa María Atzompa, San Martín Tilcajete, por decir sólo algunas, habrán de resentir el golpe que representa la cancelación, otro año más, de nuestra fiesta folklórica más importante.
Justificada demanda
La semana anterior fue trágica para las mujeres del Istmo de Tehuantepec. Tres de ellas fueron asesinadas. Una fue en Los Cabos, Baja California; otra en jurisdicción de Salina Cruz y una más en Lagunas. Dichos crímenes han sido tipificados como feminicidios, tema en el cual Oaxaca ocupa un lugar privilegiado a nivel nacional, pero más aún en la impunidad que sigue a dichos ilícitos, pues hay casos en la Fiscalía General del Estado que tienen años sin ser resueltos. Para ejemplificar, tenemos el caso de María del Sol Cruz Jarquín, la reportera gráfica que fue asesinada por un grupo armado en Juchitán de Zaragoza, hace tres años, sin que hasta la fecha se haya consignado a los autores materiales e intelectuales. Pese a la lucha de denuncia que ha emprendido su madre, Soledad Jarquín, no se ha avanzado ni un ápice en este crimen.
La región istmeña, aunque no es la excepción, se ha caracterizado por una violencia soterrada en contra de las mujeres, además de otros ilícitos como la explotación de indocumentadas, trata de personas y un índice de criminalidad que la han ubicado como una de las zonas más violentas del país. Lo anterior parece ser siempre minimizado por las áreas estatales, como la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), cuyos titulares suelen regodearse en la comodidad de los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), demasiado indulgentes con la realidad estatal. Por ejemplo, el pasado jueves se dio a conocer que en el período comprendido de enero a abril de 2021, en el rubro de Incidencia Delictiva del Fuero Común, nuestro estado se posicionó por debajo de la media nacional, encontrándose en el lugar número 10. Es decir, de los 509 delitos por cada 100 mil habitantes que representan la media nacional, la entidad oaxaqueña solo presentó 332 delitos por cada 100 mil habitantes.
La exigencia de los familiares de las mujeres asesinadas es que las autoridades se apliquen a encontrar a los responsables de dichos crímenes. En este mismo espacio editorial siempre nos hemos preguntado sobre los criterios que utilizan las instituciones que califican el nivel delictivo o la inseguridad, pues no es casual que cada que existen situaciones complejas y preocupantes, como es el caso de los feminicidios de que hablamos al principio, siempre habrá un antídoto publicitario que está en total desapego con la realidad.
