La semana pasada, la bancada mayoritaria en el Congreso local, es decir, diputados y diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), designaron por mayoría de votos a Edilberta Cruz Regino, de la terna que se habría analizado, como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Oaxaca. Sin ánimo de descalificar, a la citada funcionaria no se le conoce experiencia policial, legal u oficio que acredite capacidad para desempeñar el cargo. Sin embargo, a la oficina referida se le asignó un presupuesto de al menos 18 millones de pesos, situación que contrasta con la pobreza presupuestal con la que opera la Fiscalía General del Estado (FGEO) que, en otras circunstancias, tendría a su cargo la investigación del ilícito de desaparición forzada. En pocas palabras, la referida Comisión duplica la operación de la Fiscalía.
En Oaxaca, como lo hemos comentado en espacios editoriales anteriores, hay un catálogo preocupante de desaparición de personas, sobre todo mujeres. Hay familias que han peregrinado para encontrar a sus seres queridos sin éxito. La región de Tuxtepec y la Mixteca oaxaqueña han sido ejes de este tipo de ilícitos. Hay casos que llevan meses e incluso años sin poder conocer la ubicación de sus parientes desaparecidos, en su mayoría jóvenes y adolescentes. En la Cuenca del Papaloapan por ejemplo, hace sólo unos meses se detuvo a un sujeto, quien habría abusado sexualmente de al menos dos jovencitas para después quitarles la vida y sepultarlas de manera clandestina. Sin embargo, no todos los casos de desaparición han contado con el apoyo total de las autoridades.
El caso más emblemático de los últimos tiempos es el de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, ciudadana inglesa-mexicana, quien desapareció en la comunidad de Asunción Nochixtlán, a fines de abril. El reclamo diplomático del Reino Unido, la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e inclusive, de la Organización de las Naciones Unidas, ha hecho que el gobierno agilice la búsqueda. Sin embargo, los esfuerzos han sido infructuosos. La pregunta es: ¿en qué marco legal se inscribirán las acciones de la famosa Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, si en el decreto que la crea no se especifica su ámbito de competencia que, como ya hemos dicho, compete a la FGEO?
Ignorancia y recurrencia
Ya no es novedad saber de la discusión o aprobación de iniciativas y decretos en el Congreso local, hechos con celeridad y sin analizar su impacto económico. Está aun en la memoria colectiva la aprobación de la llamada Ley anti-chatarra, cuyo eje era prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de calorías a menores de edad, bajo la premisa de que son dañinos para la salud. La citada ley fue aprobada y festinada con bombo y platillo por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), una de cuyas diputadas, Magaly López Domínguez había sido su promotora, sin reparar en la situación económica que ya asomaba junto con la emergencia por la pandemia de Covid-19. A casi un año de haberse aprobado, dicha ley es letra muerta. Jamás se han aprobado las leyes secundarias para darle viabilidad.
Otro caso es la Ley para Residuos Sólidos, que prohíbe la venta de agua, refrescos o comida en envases de PET o unicel. Tampoco tiene vigencia. Nadie la ha aplicado. Es decir, son saltos al vacío de parte de nuestros flamantes representantes populares. Hace al menos un par de meses acordaron desaparecer el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), para sustituirlo con un kilométrico membrete: el Órgano de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno. Ha pasado el tiempo sin que se hayan aprobado las leyes reglamentarias. El caso de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas es otra más de sus jaladas legislativas, pues deja de manifiesto no sólo la ignorancia supina sino la recurrencia terca de seguir arando en el error, soslayando el marco jurídico de competencias.
Recientemente solicitaron las comparecencias de dos titulares de áreas del ejecutivo: del Secretario de Finanzas y de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), argumentando desconocimiento de la aplicación de un mil 500 millones de pesos, del préstamo de 3 mil 500 millones que le fue autorizado al gobernador a fines de 2019. Lo que no mencionan es que diversas fuentes revelaron que para autorizar dicha operación, diputados y diputadas cobraron el famoso y abominable “pago por evento”, con lo cual, el daño al erario público habría sido mayor a los 200 millones de pesos. Ello, aparte del pago puntual de sus dietas. ¿Por qué no empiezan por ahí nuestros (as) honestos (as) representantes populares y no darle tantas vueltas al tema?
