Desde el arribo del llamado gobierno de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder de la Federaciòn, los órganos autónomos han estado en la mira. Las descalificaciones y señalamientos, no obstante, su papel de imparcialidad y transparencia, no han cesado en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y de sus consejeros. Éstos han sido señalados de facciosos, de trabajar con la “mafia del poder”, de anti-demócratas y estar en contra del pueblo, entre otros aberrantes calificativos. Se ha creado una especie de linchamiento prohijado por quien se supone, debería ser el más respetuoso de la autonomía y certidumbre del órgano electoral. Pero no. Sigue empecinado en una guerra que sólo le aplauden sus seguidores, fanáticos y, por supuesto, sus corifeos en el Poder Legislativo.
La permanente intromisión de López Obrador en la vida interna de órganos del Poder Judicial, advierte una crisis constitucional. El presidente no entiende ni lo que es la Constitución ni lo que representa para un Estado federal y democrático como es México, al pretender traslapar las funciones del Ejecutivo con el Judicial. Cuando el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declinó el contenido de la propuesta de reforma para que continuara en el cargo por dos años más, que en mala hora presentó el senador oaxaqueño, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cacho Cué, en el podium mañanero los ministros y todo el Poder Judicial fueron objeto de ataques verbales nunca vistos. “Corruptos”, “amañados”, “deberían renunciar”.
La crisis que se dio recientemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a raíz de la salida del magistrado que lo presidía y la designación de otro, dio pie a que en el mismo foro, sumamente cuestionado por el pueblo mexicano, se diera una andanada al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, señalando que los magistrados no cumplen con la ley. Los organismos que, durante décadas han sido construidos para dar cabida a una sociedad democrática no deben estar sometidos a caprichos ni prejuicios de quien gobierna el país. No hay duda que en el horizonte asoman barruntos de autoritarismo y autocracia. Graves riesgos de caer en una dictadura y con la mira de muchos países en el nuestro, que no ven en ésta la genuina democracia que se creyó votar en las urnas en julio de 2018.
Acuerdos de paz sin ley
Por todo lo que ha trascendido en boletines oficiales, se sabe que la Secretaría General de Gobierno ha sostenido, en los últimos meses, importantes reuniones con autoridades municipales de algunas comunidades que libran con sus vecinos diferendos añejos, tanto agrarios como de rencillas familiares. Son varios acuerdos de paz que se han concretado, luego de que los grupos o municipios beligerantes se sienten a discutir y lograr, finalmente, suscribir la paz. Así, hace poco más de una semana se logró el acuerdo de paz entre las comunidades mixteca de San Juan Mixtepec y Santa María Yucunicoco o los Mitlatongo. Se trata, desde luego, de uno de los diversos acuerdos de paz logrados en el marco de la negociación política entre las comunidades en conflicto. Una tarea similar se ha llevado a cabo para concertar la paz en la zona triqui, manejada, como ya hemos dicho, tanto por caciques políticos locales como por dirigentes de las distintas facciones.
Sin embargo, mucho hemos insistido en ello en estos espacios de El Mejor diario de Oaxaca: los acuerdos de paz deben ir más allá de la foto en la que aparecen funcionarios del gobierno estatal, autoridades municipales o de bienes comunales, sonriendo o haciendo aparecer que todo está en calma. Existen añejos conflictos que han tenido sangre de por medio, es decir, hay crímenes que no han sido esclarecidos ni castigados, por lo que, quedan en el limbo ante los citados acuerdos de paz. Los muertos, asesinados en emboscadas, en celadas de una y otra parte, no pueden ser motivo de negociación política. En pocas palabras: la ley se aplica, ni se consulta ni se negocia. Esos viejos agravios deben ser solventados con la advertencia de los negociadores oficiales de que las carpetas de investigación o las órdenes de aprehensión no serán motivo ni obstáculo para los referidos acuerdos de paz.
Éstos son, sin duda alguna, producto del esfuerzo del gobierno estatal y de su área de política interna, la SEGEGO. Empero, de no ir acompañada dicha negociación por la fuerza del Estado, de la autoridad y de lo que dispone la ley, todo será una simple ficción. En Oaxaca, como en cualquier estado del país no se puede construir la paz a través de artificios, como el insistente diálogo y más diálogo. Debe prevalecer siempre, el espíritu simple y llano de la ley. No se trata de jacobinismo puro, sino del espíritu juarista de que nadie está por encima de la norma jurídica. Así de simple.
