El fin de semana pasado, circularon videos y fotografías de actos políticos multitudinarios convocados por al franquiciatario del Partido del Trabajo (PT), en Oaxaca, diputado federal Benjamín Robles Montoya, acompañado de su coordinador de bancada en la Cámara Baja, Gerardo Fernández Noroña, en lugares como Matías Romero y otras poblaciones, sin respetar las medidas sanitarias que han recomendado las autoridades. Si recato alguno, el segundo, ya conocido por su resistencia a usar cubre-bocas y deslenguado, toma el micrófono y se pasea entre la gente que asistió a dichos actos políticos. Si bien es cierto que estamos ya en tiempos de precampañas, a la ciudadanía le ha quedado claro que el peligro de contagios y muertes pende sobre la cabeza de cada uno. Pero también, que sólo personas sin escrúpulos pueden convocar por ambición personal, a actos masivos a sabiendas del grave riesgo que representan.
Acciones como en las que han incurrido Robles Montoya y Fernández Noroña, podrían tipificarse como omisión criminal, pues ambos no ignoran las restricciones que ha impuesto la pandemia de Covid-19 y los claroscuros en que se ha sumergido el gobierno de la 4T para la adquisición de vacunas. Una y otra vez la publicidad que ha desplegado la Federación y el gobierno estatal, insiste en que uno de los antídotos para evitar contraer el mal es guardar la sana distancia y usar cubre-bocas. Pero videos y fotografías muestran que ambos personajes han hecho caso omiso de las mismas, exponiendo a sus seguidores o convocados, al acudir a actos masivos, sin importar que el sistema de salud pública oaxaqueño, esté casi colapsado, pues una veintena de hospitales están prácticamente al 100% de ocupación.
Las redes sociales se han convertido en un instrumento de denuncia al respecto. El legislador fuereño, avecindado en Oaxaca, ha dado muestras de que su ambición política está por encima de todo. Lamentablemente, un sector menor de la ciudadanía ha caído en sus redes de demagogia y verborrea. Ya los órganos electorales le han documentado actos anticipados de campaña, pero, extrañamente, tal parece que las denuncias no proceden. Ante ello, no queda más que documentar la gravísima omisión en que está incurriendo, jugando prácticamente con la vida de centenas de personas que acuden a sus actos de campaña. Los órganos electorales no deben permitir acciones como las que mencionamos. Nada vale la pena para poner en riesgo la vida de las personas.
Delincuencia desatada
Las redes sociales se han convertido en una especie de foros de denuncia y llamados de alerta a las autoridades. Cuando no existían, todo se diluía en esperar a que las corporaciones policiales actuarán en caso de un ilícito. Y éste se sumergía en un pernicioso burocratismo. Si alguien era testigo de un delito, tenía temor de denunciarlo a las autoridades, aunque fuera vía telefónica, pues el hecho de aparecer como testigo implicaba hacer declaraciones al ministerio público, comparecer y pagar las consecuencias, ante aquellos que presuntamente habían transgredido la ley. Ahí se forjó la nada arraigada cultura de la denuncia, que sigue permeando en la sociedad, además de laxos sistemas judiciales que, pese a la gravedad de un delito, los delincuentes a veces confesos, siguen en las calles.
Hoy, sin embargo, salvo lo último, las cosas han cambiado de manera radical. La denuncia se hace a veces casi en tiempo real. Por ejemplo, la inseguridad que persiste en el estado, particularmente en la capital y los Valles Centrales, es denunciada constantemente por usuarios de redes sociales que difunden videos o fotos de asaltos en la vía pública; rateros que son golpeados; personas que son o fueron despojadas de objetos de valor; vehículos que son desvalijados en plena vía pública y a la luz del día. Se transmiten incluso, las grabaciones de las cámaras de seguridad de algunos negocios o tiendas de conveniencia, cuyas cajeras son amenazadas con armas de fuego, para que entreguen el producto de las ventas del día. Es decir, las corporaciones tienen en la sociedad anónima, un apoyo fundamental para dar con los delincuentes. Les facilitan el trabajo.
Sin embargo, no es la complicidad con la delincuencia o la falta de responsabilidad de las dependencias encargadas de la seguridad lo que hace que en diversas partes de la entidad sigamos padeciendo el flagelo de la inseguridad. La semana pasada trascendió que una banda de delincuentes, con soplete en mano, habían abierto la caja de seguridad en una tienda de conveniencia en Juchitán de Zaragoza, sin que los guardianes de la ley se dieran por enterados. Otra más: un sujeto solitario, que pistola en mano asaltó un negocio de abarrotes por los rumbos de San Raymundo Jalpan, fue video-grabado, es más, cuando comete su fechoría ve hacia la cámara de seguridad, pero pese a ello, sigue libre y delinquiendo a placer.
