Desde hace al menos dos meses, una empresa de cable y televisión se encuentra cambiando el cableado de su sistema y, para ello, ha destruido calles y banquetas en la Colonia Reforma de la capital oaxaqueña. Decenas de calles y avenidas lucen hoy llenas de tierra, peor aún con la temporada de las primeras lluvias encima. Algunas calles han sido utilizadas prácticamente como almacén de rollos de cable y las cuadrillas de trabajadores perforan por doquier dejando montones de tierra en donde instalan registros. Los vecinos se encuentran molestos pues desconocen los acuerdos que hayan sostenido con las autoridades municipales respecto a la ruptura del pavimento y del concreto de las banquetas. Lo que es evidente es que por doquier se observan montones de tierra, sin que los mismos hayan sido retirados y dejado los espacios intervenidos tal cual.
No se ha informado a la ciudadanía el objetivo de dichas obras particulares, ni siquiera la empresa a que pertenecen ha emitido anuncios o avisos para advertir al transeúnte o automovilista, las disculpas necesarias, usuales en este tipo de acciones. Sólo se ven a trabajadores cortando el asfalto con máquinas y arrastrando los rollos de cable, impidiendo, incluso, el acceso o salida a los domicilios. La semana pasada, se reportó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapao), la ruptura de un tubo. La fuga se mantuvo toda la noche, sin que los responsables del daño hubieran reparado el desperfecto. Fue hasta el día siguiente cuando la dependencia responsable envió una cuadrilla de trabajadores. Lo que sorprende es que por un lado se permiten este tipo de excesos, justo cuando la ciudadanía está sufriendo con un terrible racionamiento del vital líquido.
Las molestias han ido in crescendo. Algunas avenidas como Heroica Escuela Naval Militar, pese a ser una vía ancha, se ha reducido a un solo carril. Otras calles han visto reducida su capacidad para el estacionamiento de vehículos. Pero todo ello, sin que haya una explicación al respecto o el compromiso de la empresa responsable para dejar las calles afectadas, en la misma situación anterior. ¿Se trata de una omisión de la autoridad municipal? Sin duda alguna. Se hace presumir que la ciudadanía ya sabe de qué se trata y que, por tanto, tiene que tolerar las molestias. Porque hay que aclarar que no se trata de una obra de beneficio social, sino de una que le habrá de generar rentabilidad a una empresa particular.
Un mal precedente
El sábado pasado abordamos el tema de la invasión que padeció un predio perteneciente al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), en la región del Istmo de Tehuantepec, luego de que llegaran al mismo, al menos sesenta sujetos que, de inmediato dividieron el terreno de al menos dos hectáreas, para repartir los lotes. Informes fidedignos revelan que estuvo presente el agente municipal de La Ventosa, en cuya jurisdicción se llevó a cabo la citada invasión. Se trata de un terreno que es propiedad del gobierno, quien lo cedió a la institución universitaria. No es un predio particular, respecto al cual se pueda argumentar que se trata de un propietario rico cuya extensión contrasta con quienes no tienen dónde vivir. Como lo afirmamos en el editorial del sábado 10 de abril, el despojo y la invasión ilegal van de la mano con la historia del distrito de Juchitán de Zaragoza, desde hace al menos cuatro décadas.
Muchas de las propiedades de ganaderos y productores istmeños han sufrido estos atentados al derecho de propiedad. Resulta extraño que predios de miles de hectáreas de quienes en los años setenta fueron vulgares paracaidistas, como son los dirigentes que aún viven de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), sean hoy en día intocables. Hace sólo unos años, como lo mencionamos, un conocido arquitecto juchiteco, que edificó cientos de casas de interés social, padeció este delito impune. De un momento a otro llegaron decenas de sujetos y se instalaron sin más en las casas que tenía para venta. Le construyeron segundos pisos y hasta les pusieron bardas, con una impunidad inaudita y penosa. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades estatales? Ninguna. Se permitió el despojo sin mover un solo dedo, cuasi justificando este tipo de acciones a todas luces contra la ley.
El tema es preocupante pues, al tenor del discurso populista de “primero los pobres” y otros argumentos, cualquier hijo de vecino se puede atribuir el derecho de una propiedad que no es suya e invadir casas, terrenos, apropiarse de ganado u otros, sin que las autoridades intervengan. No se trata de agraristas de principios del Siglo XX ni de un reparto de tierra en la época del general Cárdenas. Es una simple y vil invasión y atentado en contra del derecho de propiedad. Malvivientes que jamás han procurado luchar por un pedazo de tierra para vivir, se hacen de él de manera artera y cobarde. Y la autoridad se queda callada, porque no quiere llevar encima el estigma de represora, aunque esté convencida de que se está sembrando un mal.
