Sin ánimo de cuestionar el trasfondo de la economía informal, en la cual Oaxaca lleva uno de los primeros lugares a nivel nacional, lo cierto es que las autoridades están obligadas a regularlo. En el caso de la ciudad capital, por ejemplo, el crecimiento del comercio en la vía pública ha sido de manera exponencial y desordenada. He ahí el por qué, presidentes municipales han ido y venido sin poder mantener orden, justamente porque se ha ido dejando al arbitrio de los dirigentes que, como Carmela Luján o Yolanda Ortega, entre otros muchos, lo explotan a placer con jugosas ganancias, más aún, porque no pagan impuestos ni al municipio, estado o Federación. No se apartan de este esquema los dirigentes de las organizaciones que se han ido enquistando en el Centro Histórico y que nadie ha logrado convencerlos de dejar dicho sitio.
En la proliferación y anarquía del comercio en la ciudad capital, mucho tiene que ver la mano blanda de las autoridades estatales que, cada protesta, marcha o movilización de organizaciones como “Sol Rojo”, el Frente “14 de junio” o la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), entre otras, han cedido ante la exigencia de los líderes en tener espacios en la vía pública. Para distender las protestas y presiones han cedido espacios que, en cierta forma son atributo de las autoridades locales. De esta suerte, si el municipio de Oaxaca de Juárez, tal como lo ofreció desde su campaña política el edil, Francisco Martínez Neri, pretende aplicar la ley, se encuentra con costras de complicidades y escollos que tienen que ver con el gobierno estatal.
No hemos estado errados al sostener que el comercio informal que hoy mismo da al corazón de la capital oaxaqueña una imagen deprimente, tiene que resolverse en los dos ámbitos de gobierno y de manera coordinada. No se trata de poner en tela de juicio las motivaciones de cada uno de los comerciantes ni su reclamo de ganarse la vida de manera decorosa y no delinquiendo. No. Tampoco de darle una interpretación diferente a los móviles de la economía informal, sino de privilegiar el bien común de los capitalinos, de su derecho a circular libremente, de disfrutar en toda su grandeza nuestra ciudad. La regulación y el orden no están peleadas con el derecho de los comerciantes de luchar por su vida, sino de hacerles entender que los espacios públicos no son propiedad privada.
Preocupante mapa criminal
Aunque para el gobierno estatal el discurso de que Oaxaca es una de las diez entidades más seguras del país -ese ardid que se ha venido arrastrando desde al menos cuatro sexenios y pone a la entidad más allá del bien y del mal- los hechos que la sociedad civil ve en materia de inseguridad, reflejan una postura diametralmente opuesta. Si bien es cierto que las cosas van cambiando, sólo un dato. Entre domingo 3 y martes 5 de julio, se cometieron en la entidad 14 homicidios dolosos. Va un breve recuento: 5 personas de una sola familia fueron acribillados por desconocidos en la zona de Juxtlahuaca. Desde el domingo 3 desaparecieron al menos 5 elementos de la Policía Municipal de San Francisco del Mar, en la zona huave, de los cuales 3 fueron retenidos, maniatados y ejecutados con el clásico tiro de gracia de los grupos criminales. Dos elementos escaparon.
Ese mismo día, los cadáveres de tres sujetos, entre ellos un ingeniero que trabajaba como asesor del ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixes, fueron encontrados en una camioneta en un paraje de la comunidad de San Juan Otzolotepec, perteneciente al municipio citado. Martes 5 de julio, un dirigente de colonos de Salina Cruz, apodado “El Huachi” fue ejecutado por desconocidos, en tanto que otro sujeto corrió la misma suerte en esa tierra de nadie conocida como Matías Romero. Sin embargo, hay otros crímenes de los que no tuvimos amplio conocimiento, lo que no implica que den una idea del mapa criminal que se da en la entidad y que las autoridades estatales minimizan. No obstante, lo anterior, tal parece que cual disco rayado, en el gobierno estatal se insiste en que aquí no pasa nada y que todo va viento en popa. Luego del crimen del dirigente de colonos en Salina Cruz, el pasado martes, se desplegó un operativo policial y de las Fuerzas Federales. Es decir, después del niño ahogado se tapa el pozo.
Estamos hablando de hechos que se dieron hace una semana. A ello había que agregarle otros ilícitos. No se trata de poner contra la pared o en tela de juicio la labor que desempeñan tanto los cuerpos policiales como las instituciones castrenses, sino de llamar la atención a los funcionarios que se regodean en la farsa de la entidad segura para desentenderse de sus responsabilidades ante la ciudadanía. A veces es mejor guardar silencio ante evidencias que sólo dejan mal parados a quienes insisten en ver a los oaxaqueños, como si tuvieran alguna afección mental.
