Los movimientos políticos suelen pedir ser juzgados por sus ideales. Los historiadores, en cambio, los juzgamos por sus resultados. A 20 años del 2006, tenemos elementos suficientes para emitir veredictos sobre el episodio más traumático de la historia reciente. Y el balance es devastador.
Durante años la narrativa victimista nos habló, primero, de una serie de justas demandas laborales, después le sumaron una serie de demandas sociales para hacernos creer que era una lucha social. La justicia y la igualdad nunca llegó.
Lo primero que debe decirse es que el conflicto fue posible gracias a dos irresponsabilidades históricas que terminaron alimentándose mutuamente: el autoritarismo del gobierno de Ulises Ruiz y la capacidad de chantaje político acumulada por la dirigencia magisterial. Uno respondió con torpeza, cerrazón y fuerza. Los otros con violentos bloqueos, paralización institucional y una estrategia de presión permanente que convirtió a la sociedad oaxaqueña en rehén de una mafia magisterial.
Ninguno de los bandos puede proclamar victoria. Si el objetivo era mejorar la educación, el resultado es un fracaso monumental. Miles de niños fueron condenados a la ignorancia y la pobreza por sus profesores, que los condenaron a recibir una educación inferior comparada con la de otros estados. La realidad es que los más pobres fueron los más afectados, como siempre.
Paradójicamente, quienes más beneficios obtuvieron no fueron los estudiantes ni las comunidades indígenas ni los estudiantes marginados que aparecían en la retórica de las movilizaciones. Fueron las cúpulas sindicales que conservaron cuotas de poder, privilegios y capacidad de presión política.
El conflicto fue aprovechado como excelente negocio para las estructuras sindicales, pero convertido en tragedia para Oaxaca. Si hacemos un balance económico, también es un fracaso absoluto.
La crisis de 2006 destruyó empleos, cerró negocios y, lo peor, nos dio a los oaxaqueños la imagen de conflictivos y revoltosos que aún permanece en el imaginario nacional. El desplome del turismo y la ingobernabilidad sigue sin reponerse.
Más que pérdidas absolutas los más grave es la falta de beneficios posteriores. ¿Dónde está la justicia social, la menor desigualdad y la mejor educación? ¿Dónde está la democracia sindical? ¿Dónde está la prosperidad que justificaría semejante costo social? Las respuestas nunca llegaron. Oaxaca sigue siendo uno de los estados más pobres, expulsor de migrantes y dependiente casi total de los recursos públicos y de las remesas.
La democratización sindical y de la vida política tampoco llegó. La clase política que hoy nos gobierna surgió de ese movimiento y se dedica a reproducir los vicios que denunciaba en 2006. Los privilegios, el nepotismo y la opacidad sobrevivieron. La corrupción y autoritarismo del poder aumentó. Lo único que cambió fue el nombre de quienes ocupaban los cargos. Su discurso revolucionario y transformador es falso.
El tema de la APPO merece una reflexión particular.
Sus defensores la presentan como una expresión espontánea de la voluntad popular. Sin embargo, en todo dependían de la Sección 22 y estuvieron a su servicio como fachada. Cuando el conflicto terminó, las organizaciones sociales desaparecieron de la escena. El sindicato permaneció. Eso revela quién era el verdadero centro de gravedad del movimiento.
Tal vez el daño más profundo de 2006 ni siquiera pueda medirse en estadísticas. Durante años se consolidó una cultura política donde los bloqueos, paros y plantones son instrumentos de chantaje ante un diálogo de sordos en el que solo se debe escuchar la voz del magisterio.
Crearon escuela. Ahora todos los grupos de agitación saben que es más rentable bloquear carreteras que construir acuerdos, que la movilización permanente es una efectiva forma de obtener dinero para las cúpulas gremiales. Institucionalmente, la CNTE es el claro ejemplo de la irresponsabilidad y la impunidad.
Para quienes sostienen que el 2006 fue una victoria histórica, tienen una responsabilidad elemental: mostrar los beneficios que le dejó a Oaxaca. Las preguntas sobran, pero aquí van algunas:
Por qué la educación no mejoró. Por qué la pobreza no disminuyó de manera significativa. Por qué las instituciones no se fortalecieron. Por qué la corrupción no desapareció. Por qué los privilegios sobrevivieron.
Y por qué una parte importante de quienes prometieron cambiar el sistema terminaron administrándolo.
La historia no juzga los discursos. Juzga los resultados.
Y los resultados de 2006 constituyen, quizá, la evidencia más contundente de que una revolución que no mejora la vida de la gente termina siendo simplemente una disputa por el poder. Le deben una respuesta al pueblo de Oaxaca.
