El pasado 29 de abril, dentro del paquete de reformas que fueron aprobadas en la polémica sesión en la Cámara de Senadores, se aprobó la expedición de una nueva legislación nacional en materia de Ciencia y Tecnología.
Bajo la denominación Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, las y los legisladores emitieron un marco jurídico que ha sido calificado como “centralista, excluyente y retrógrada” por parte de la comunidad académica y científica (https://bit.ly/3LHOFSh).
Entre las más importantes modificaciones, se encuentra la intervención de las fuerzas armadas en la definición de las políticas públicas y ejercicio de recursos destinados a la investigación y desarrollo de tecnología, eliminación de la autonomía de la investigación, así como de las metas presupuestales que deberían ser asignadas a la ciencia y tecnología en el país.
La Ley, en efecto, es un retroceso. Pero el sector también tiene grandes retos y deficiencias que han impedido que la población respalde los reclamos de las y los académicos y científicos.
La ciencia y tecnología en México, para iniciar, es un horizonte lejano para las y los mexicanos de a pie. De por sí, el avance escolar ya no es sinónimo de movilidad social, mucho menos dedicar aún mayor preparación académica para enfrentar un futuro incierto y desconocido.
La académica en México es sectaria y no ha sabido ser actor relevante para la vida cotidiana de la población.
Cierto, la escasa producción científica también está vinculada en los poquísimos recursos que el Estado históricamente ha inyectado a las instituciones de investigación, pero la academia ha mantenido una línea de cámara de eco que le desvincula de la sociedad en su conjunto.
El nepotismo dentro de las instituciones públicas y privadas, los estándares poco transparentes para el acceso y promoción de las y los investigadores, las líneas de investigación que, en un gran número de casos, son reiterativas, poco relevantes y nada innovadoras. Esto, entre muchas otras causas, también han sido elementos debilitantes que han mantenido al sector científico y académico mexicano lejos de los reflectores de la vida pública nacional.
Era muy necesaria una reforma. Sí. Pero no la que se aprobó.
Lo más seguro es que la Ley sea impugnada en tribunales por las muchas faltas al procedimiento legislativo que se presumen y quizá, después, derogada.
No obstante, esta debe ser una llamada de atención al sector académico y científico. Es urgente una debida autocrítica que permita renovar, transparentar y transformar al sector. De otra forma, no les quedará más que claudicar.
@GalateaSwanson
