Luego de su incursión en la boda de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, el pasado 12 de febrero, en el Jardín Etnobotánico del Conjunto Cultural de Santo Domingo, en donde causaron destrozos y daños al patrimonio histórico, los titiriteros que manejan a los porros devenidos miembros de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), siguieron su ruta para cometer abusos y excesos. Grupos minoritarios se han convertido en una pesadilla para los habitantes de la capital oaxaqueña. Siempre han sido atendidos por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), sin embargo, al tenor de los intereses de sus manejadores, no quieren quedarse atrás de lo que representa el proceso electoral en el que estamos ni del inminente cambio en la dirigencia de la Sección 22.
Desde el lunes realizaron una marcha hacia el Centro Histórico de la capital en donde instalaron un plantón indefinido. ¿Su demanda? Ser contratados de manera automática. Las autoridades les han manifestado que ello no es posible dado que una de las condiciones es estar titulado. Pues no. Insisten en tener plaza docente sin cumplir con los requisitos. Se les ha dicho que en 2021 se contrataron centenas de egresados de las normales y que ello representa una erogación, en cada generación, de 170 millones de pesos. Pero los porros disfrazados han utilizado las formas burdas del chantaje, en la que son expertos y han continuado con el secuestro de autobuses y el bloqueo de vialidades. Para muchos, es el pago que obtuvo el titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda del llamado Cártel 22, Wilbert Santiago Valdivieso, por las acciones violentas en contra de la citada Gordillo Morales.
Investidos por una especie de blindaje, como muchos grupos de estos pseudo estudiantes en algunas partes del país, como Michoacán y Guerrero, anclados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, nuestros porros que, se sabe, no estudian, han lanzado amenazas de que seguirán con sus bloqueos y medidas de presión para que las autoridades caigan en su juego. Lo que a muchos ha sorprendido es el por qué no se han visto acciones de la Policía Estatal para acotar sus acciones violentas en contra de la ciudadanía. Es necesario que las autoridades detengan esta agresión permanente a la sociedad, harta de excesos y atropellos.
Territorio en el olvido
El pasado martes, el gobernador Alejandro Murat realizó una visita a Los Chimalapas, una de las regiones más ricas en materia silvícola y diversidad, pero también, de las más olvidadas. Se reunió con autoridades municipales y comunales en Santa María Chimalapa para dejarles claro que luego de la restitución de 160 mil hectáreas que el vecino estado de Chiapas reclamaba como suyas y de serias invasiones a la soberanía estatal, el gobierno oaxaqueño tiene el propósito de impulsar acciones para fomentar la equidad, el desarrollo y la justicia para la etnia zoque. En efecto, luego de años de litigios y demandas, la controversia constitucional que la administración del ex gobernador Gabino Cué interpuso en 2012 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dicho órgano resolvió el 11 de noviembre pasado, por lo que, al dictar sentencia, ordenó que los territorios ocupados por comunidades y municipios, como el de Belisario Domínguez, creados por el gobierno chiapaneco en territorio oaxaqueño, se apegaran a la sentencia dictada.
Sin duda alguna fue un hecho histórico pues les restituyó a los pueblos zoques de Santa María y San Miguel Chimalapas, la soberanía sobre 160 mil hectáreas ocupadas por ganaderos e invasores de manera ilegal. Desde que dicha resolución fue conocida, el gobierno del vecino estado aceptó al fallo sin más, no así comuneros, tala-montes y rancheros que, a sabiendas de estar en terreno ajeno, crearon asentamientos humanos de manera ilegal. Sea cuales fueran las circunstancias, tienen la opción de aceptar nuestra ciudadanía. Sin embargo, en el meollo del asunto, es el abandono en que dicha región ha estado por parte de las autoridades estatales, durante mucho tiempo.
A menudo se habla de nuestra diversidad cultural y lingüística; de nuestra identidad indígena y de la existencia de tantos grupos étnicos, pero nada se dice de las acciones gubernamentales para dotarlos de programas de educación, salud, vivienda y otros. Según fuentes zoques, el gobierno de Chiapas les otorgaba más atención a los municipios ubicados en esa rica zona. Esta situación de abandono ha propiciado el asentamiento de traficantes de madera o grupos delictivos que trafican indocumentados, ante la falta de vigilancia que existe en la zona por parte de las corporaciones estatales. Esperamos que la visita del ejecutivo estatal lleve consigo no sólo la promesa, sino que ésta venga acompañada de acciones concretas y de desarrollo social para el citado grupo étnico.
