El salvajismo, la crueldad y la cobardía con la que actuaron militantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), presuntos responsables de la tortura y asesinato del elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (Aei), de la desaparición de otras personas y de las lesiones de otras más, requieren –como mencionamos ayer- toda la fuerza de la ley. Insistimos: no más mesas de diálogo y pláticas conciliatorias y complacientes con estos criminales. Desde cualquier punto de vista, la agresión de que se trata fue un acto de cobardía que, bajo ninguna circunstancia debe quedar impune. A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de acciones como éstas, que terminan poniendo en la calle a los responsables materiales e intelectuales.
Por fortuna, hoy en día las redes sociales difunden en tiempo real lo que ocurre en nuestro entorno. Y son una severa llamada de atención tanto para la Secretaría General de Gobierno (Segego) como para la Fiscalía General del estado, a no permitir que actos criminales como los que nos ocupan se conviertan en una constante de organizaciones y grupos beligerantes. Con justa razón los elementos de la Agencia Estatal han protestado, pues en lo que va de la actual administración suman varios elementos los que han sido asesinados. En 2018, dos agentes investigadores fueron incinerados vivos dentro de un vehículo de motor en jurisdicción de Tlaxiaco, cuando habían acudido a realizar algunas diligencias. No se sabe a la fecha la aprehensión de los responsables.
Existe hoy en el país un profundo desprecio por los cuerpos policiales y aún por las Fuerzas Armadas. Cualquier baba de perico, como se dice vulgarmente les falta al respeto. Ya hemos visto escenas burdas en donde soldados de nuestro Ejército Mexicano son desarmados, humillados y vejados. Estamos ciertos de que un país que trata de esa manera a sus soldados o marinos; Guardia Nacional o policías locales o estatales, no sólo desafía a las instituciones sino que actúa en abierto desafío a cualquier principio elemental del Estado de Derecho.
Pero en Oaxaca eso no debe permitirse. Imponer el orden y actuar con fuerza mesurada no es ni violatorio a los derechos humanos ni, mucho menos puede concebirse como represión. He ahí el porqué no debe haber dilación para las autoridades e ir por Abraham Ramírez, dirigente de Codedi y sus cómplices. Son los presuntos responsables de lo ocurrido en Santiago Xanica y poblaciones vecinas, en donde han impuesto su ley criminal y de chantaje.
Istmo: Rehén de bloqueos
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador conociera a fondo la realidad oaxaqueña, podemos tener la certeza de que jamás habría imaginado siquiera el Proyecto Transístmico. La región istmeña y quienes viven ahí están permanentemente acorralados por los grupos de presión, sean transportistas, organizaciones sociales como la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (Cocei), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (Appj) y decenas más. El perfil de dichas organizaciones no es la lucha por las causas del pueblo, ni la defensa de la cultura y el territorio, mucho menos los derechos indígenas. No. Es la voracidad de los dirigentes.
O es un bandera o es otra, pero la parte de la Carretera Transístimica que pasa por Matías Romero está permanentemente bloqueada, hoy por los indígenas del Bajo Mixe o por los vecinos que piden justicia o por pobladores de tal o cual comunidad que no tienen energía eléctrica, o agua potable o sus escuelas no han sido reconstruidas. Hasta los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México han bloqueado las vías. El bloqueo pues, es ya parte de la cultura del chantaje y del agravio en contra de la sociedad civil. Más al centro, está el Puente de Fierro de Tehuantepec, rehén permanente de la protesta de grupos, ciudadanos, taxistas, moto-taxistas, etc.
Los conflictos postelectorales o la falta de acuerdos entre los habitantes de determinada comunidad, como es el caso de San Dionisio del Mar o por temas que competen a ciertos sectores de la sociedad, como es el caso de Unión Hidalgo, es motivo suficiente para cerrar la carretera. Y hay sitios ya conocidos para atentar en contra de los derechos civiles: el Canal 33, el ya citado Puente de Fierro, el crucero de La Ventosa o La Mata, en la Transístmica. Los bloqueos no dan tregua al desarrollo y aliento a las inversiones. El pasado martes fueron los transportistas, que apoyados por taxistas se volcaron en contra del torpe presidente de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas.
Cifrar pues el desarrollo de un gran proyecto como es el Plan Transístimico es un grave riesgo. No existen condiciones sociales para un tema de tal envergadura, justamente porque en Oaxaca no existe vocación para aplicar la ley. Grupos y dirigentes, en no más de diez, pueden torpedear el futuro del estado y hacer abortar un proyecto añejo, en el que los istmeños han cifrado muchas esperanzas.
