Si bien es cierto que en los últimos años las remesas han tenido aumentos récord, pues tan sólo en 2017 los envíos a México llegaron a 28 mil 700 millones de dólares, 6.6 por ciento más que un año antes, un alza que representó un nuevo máximo histórico de envíos, las remesas no pueden sustituir la función del Estado de aplicar políticas públicas para reducir la vulnerabilidad y el rezago educativo, en servicios de salud y en calidad de vida.
El Estado tiene que hacer lo que le toca ya que no es responsabilidad de los connacionales financiar el desarrollo de sus comunidades, y si bien tienen derecho a participar en su propio desarrollo, a decir hacia dónde tienen que ir, no le toca a la ciudadanía financiar con remesas los proyectos productivos. La obligación es del Estado y hay presupuestos asignados para eso.
Para incentivar la inversión de remesas en proyectos productivos en comunidades de origen, el gobierno federal lanzó en 2016, el Programa 3×1, operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El esquema forma parte de una de las prioridades de esta administración para combatir la pobreza, pues a través de ellos, clubes y federaciones de paisanos en Estados Unidos han ayudado con obras de infraestructura a municipios y ciudades expulsoras de migrantes, con el apoyo de los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, no hay remesas que alcancen para sacar de la pobreza a municipios como San Lucas Quiaviní, el poblado que más depende económicamente de las remesas, sin que ello cambie la mala situación en la que está sumido 86 por ciento de la población. El 52 por ciento de los hogares de este poblado, enclavado en los Valles Centrales depende completamente de las remesas, es decir, de las 444 viviendas, 231 sobreviven gracias a éstas, según datos del Anuario de Migración y Remesas México 2018, de BBVA Bancomer.
En situación similar está San Juan Quiahije, donde 49 por ciento de los hogares vive de las remesas, pero 94 por ciento de su población está en situación de pobreza. Pero es justo la falta de oportunidades lo que propició la migración en estos poblados, de ahí que los recursos que llegan apenas ayudan a cubrir necesidades básicas, como comida y vestido. Si bien los migrantes que viven en Estados Unidos pueden tener ingresos hasta cinco veces mayores a los que obtendrían en su comunidad de origen, deben cubrir primero su propia alimentación y renta, y después, enviar dinero a sus familias.
Reordenar ciudades
Ordenar el crecimiento de asentamientos humanos, dotarlos de equipamiento urbano, infraestructura y servicios necesarios para propiciar su desarrollo es una tarea de todos quienes están inmersos en el tema. En nuestra capital como en las principales ciudades del estado, los asentamientos espontáneos, marginales, descontrolados o informales son formas de hábitats, precarios establecidos en su mayoría en zonas urbanas.
Estos asentamientos son creados por un sector de la población sin los permisos de los organismos competentes, con un reducido ingreso económico, que al construir de forma ilegal fomentan la exclusión, por ser zonas sin dotación de servicios básicos y carentes de planificación.
Debido al crecimiento urbano anárquico que se ha presentado en las ciudades, es necesario tomar decisiones transformadoras que respondan a la nueva agenda urbana, al desarrollo sustentable y mejor calidad de vida para los ciudadanos. Por ello, se deben se deben desarrollar e impulsar en el interior de las ciudades aquellos espacios que están vacíos en lugar de seguir creando a las orillas, es una estrategia de compacidad y así evitar crecimientos anárquicos porque es más caro llevar servicios a las lejanías que ampliar los que ya existen, además de que las distancias largas disminuyen la calidad de vida de la gente.
A pesar de que Oaxaca tiene una superficie total de 9.5 millones de hectáreas, poco más de 75 por ciento son propiedad social, es decir, pertenecen a comunidades, ejidos y colonias agrícolas. Aunado a ello, la marginación es un elemento que influye significativamente en el tema de vivienda, pues deriva de la combinación de una enorme dispersión poblacional en una superficie que es en 70 por ciento montañosa, lo cual implica gran dificultad para hacer llegar la infraestructura social y productiva a las localidades, así como el encarecimiento de los bienes y servicios.
Tal es la trascendencia de consolidar la planeación del crecimiento urbano de las ciudades medias del estado, detener el crecimiento desordenado a través de instrumentos que permitan establecer los usos y destinos de suelo, así como establecer las zonas de crecimiento habitacional, son prioridades que no se han logrado atender. Ante esa situación es necesaria la intervención y la participación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales para alcanzar el desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales y el aprovechamiento del suelo interurbano.
