Hace unos días, en entrevista, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Oaxaca, se lamentó del cierre de decenas de constructoras ante la falta de obras. Y no le hace falta razón. Cada año se echan las campanas al vuelo para festinar los presupuestos históricos que se asignan al estado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero dichos recursos no se reflejan en obras, mucho menos en programas sociales. Desde el gobierno de Gabino Cué el sector de la construcción no la ve llegar. En dicho sexenio sólo se beneficiaron a no más de cinco empresas foráneas. No obstante la insistencia de los constructores y su influencia en la creación de empleos y generación de circulante, siempre fueron marginados. En ese entonces quien fuera titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), decía a los cuatro vientos que el 90% de las empresas locales eran beneficiadas. Lo que jamás decía es que lo eran pero con sólo el 10 por ciento del presupuesto. Durante la actual administración se ha dado una parálisis brutal en lo que se refiere a la obra pública. Simplemente no hay obras de relevancia dignas de mencionar.
Uno de los argumentos desde el inicio fue el saqueo impresionante de la anterior administración. Pero en los casi tres años de ésta, nada. Una situación similar ocurre con los programas sociales. De no ser las caravanas que encabeza la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ivette Morán, podemos tener la certeza de que algunos de los programas del gobierno estatal jamás llegarían a las comunidades. Las áreas que por ley les corresponde atender el rubro social, como es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) y una parte al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), no figuran en el espectro de lucha contra la desigualdad o la pobreza. Lo malo es que tal parece que aquí no pasa nada y que todo va viento en popa. Se habla de crecimiento, de empleo, de inversión, pero en la realidad seguimos arrastrando bajísimos niveles de calidad de vida y desarrollo. Y no hay que olvidar que estamos a dos meses de cerrar el tercer año de gobierno, lo cual se convierte en una situación inédita, algo que jamás hemos visto. Algo tiene que hacerse, pero ya, para que el cuarto año, cuando empieza el declive de un gobierno, haya algo digno qué destacar.
Culpas ajenas
Aunque el fenómeno no es estrictamente local, sino que lo escuchamos todos los días en las conferencias mañaneras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que se ha convertido ya en una parte del ambiente político, regresar la cinta hacia atrás para responsabilizar al pasado, de lo que se hace en el presente. La elevadísima tasa de criminalidad que ha vivido el país, según AMLO, es culpa de los gobiernos neoliberales y no de una falta de estrategia del actual gobierno, en el tema de seguridad. Si hacen falta medicinas, la culpa la tienen los proveedores, porque son corruptos y los adversarios políticos que exigen que a los niños enfermos con cáncer se les atienda oportunamente. Que si Petróleos Mexicanos es una paraestatal que está prácticamente en quiebra, es porque los de la Mafia del Poder, estaban más interesados en fomentar el huachicoleo que en aumentar la producción y la refinación. Es decir, se ha vuelto ya una institución echarla la culpa al de atrás y no asumir las propias como lo que son, decisiones de Estado. El pueblo mexicano está totalmente desencantado con estas actitudes. Si quien gobierna ignoraba lo que estaba ocurriendo antes de asumir el poder, refleja una actitud torpe y banal.
La semana pasada trascendió que la LXIV Legislatura del Estado había revisado y enviado a la Comisión de Finanzas, la solicitud del gobernador Alejandro Murat, para endeudar nuevamente al gobierno, con un préstamo de 3 mil 500 millones de pesos, los cuales serían utilizados en diversos proyectos. Al día siguiente de que dicha información trascendió, funcionarios del gabinete realizaron declaraciones en el sentido de que el complejo administrativo de Ciudad Judicial, en donde se presumía el gobierno arrastraba una deuda millonaria, la misma había sido liquidada y los edificios de dicho complejo, ya eran propiedad de los oaxaqueños. Dicha situación es, sin duda, digna de encomio. Pero ello está muy lejos de que se vuelva a revivir que quien endeudó al estado fueron los ex gobernadores. Uno por contratar el crédito; el otro, por no haberlo liquidado. Cada quien en su tiempo y en su circunstancia hace su labor. Mañana habrán de criticar a Murat Hinojosa por haber endeudado las finanzas del estado, pagando la deuda por cerca de 25 años. Es decir, hacer exactamente lo que hicieron los otros, con una salvedad: antes no se culpaba al de atrás. Hay que asumir las cosas con la actitud de un hombre de Estado, responsable y congruente con su tiempo.
