De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la movilidad se refiere a la necesidad que tienen las personas de moverse de un lugar a otro; (…) buscando permitir el acceso a bienes, servicios y oportunidades en beneficio de un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida. Sin embargo, tradicionalmente la planeación de las ciudades responde a una lógica androcéntrica, que privilegia las necesidades de los hombres, dejando fuera las necesidades y experiencia de vida de las mujeres.
En América Latina el trasporte público es la forma de movilidad más común para las mujeres en las medianas y largas distancias. En zonas conurbadas predominan moto-taxis, combis, taxis colectivos, y otros servicios informales que son operados por sus propios dueños o pequeñas cooperativas dispersas que funcionan muchas veces al margen de la ley, por lo que las dificultades de acceso a los medios de transporte -como la baja frecuencia de los recorridos y la escasez de infraestructura adecuada- significan una barrera considerable para la participación de las mujeres en la esfera económica, política y social, en igualdad de condiciones con los hombres.
Además, esto claramente restringe a las mujeres su Derecho a la Ciudad, definido por Henri Lefebvre en 1967 como “el derecho de habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista”; es decir un espacio privilegiado para la construcción de la igualdad, refiriéndose claramente a la lucha de clases. Posteriormente, Linda McDowell ahondaría en relación entre género y espacio.
De acuerdo con Naciones Unidas, las mujeres tenemos los siguientes patrones de movilidad: tendemos a realizar más viajes, más cortos, y más heterogéneos; utilizamos con mayor frecuencia el transporte público, caminamos más que los hombres, y realizamos mayoritariamente la movilidad de carga y la movilidad de cuidados.
Ante este panorama, se evidencia que en México los roles y estereotipos de género aumentan los trayectos de las mujeres, y limitan su acceso a medios de transporte como la bici, la moto o el propio automóvil, porque en las familias su uso generalmente es reservado a los hombres, quedando ellas mayoritariamente a merced del transporte público, lo cual las expone a vivir situaciones de violencia sexual y acoso callejero. En 2017, México fue ubicado en primer lugar de acoso sexual en América Latina por una encuesta realizada por las consultoras Brain y Win-Gallup International. Además, de acuerdo a un estudio difundido por el Foro Económico Mundial, La Ciudad de México ocupa el segundo lugar, después de Bogotá, entre las urbes donde el transporte público es más peligroso para mujeres en el mundo.
El reto de erradicar el acoso callejero y la violencia sexual del transporte público se suma a la necesidad de incluir a más mujeres tomadoras de decisión en el ámbito de la movilidad (actualmente sólo Oaxaca y Zacatecas tienen a mujeres como titulares de los despachos de movilidad a nivel estatal), así como el fomentar el acceso de más mujeres como operadoras del Sector Transporte, pues se calcula que el año pasado, sólo el 0.8 por ciento de las licencias para operar transporte público, de carga o especializado, fue otorgado a mujeres. Y finalmente, el fortalecer la cultura vial, pues México ocupa el 7º lugar a nivel mundial por muertes viales, y el tercero en América Latina, con 22 decesos de jóvenes al día, 24 mil en el promedio anual.
De ahí la urgencia de generar políticas integrales de movilidad con perspectiva de género, para generar una nueva cultura, que coloque a las personas en el centro de las acciones y que nos permita construir espacios libres de violencias, desde donde sigamos construyendo la igualdad.
