Desde hace poco más de cuatro meses, sin haber hecho una declaración al respecto, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez ha permitido que, sin aviso previo, una constructora privada lleve a cabo trabajos para una conocida empresa de Cable y Televisión en la Colonia Reforma de la capital. Ello ha generado una profunda molestia ciudadana, dado que la referida constructora rompe el pavimento, obstaculiza la vialidad y vulnera los derechos civiles de los vecinos que, de un día para otro se ven impedidos a salir o entrar con sus vehículos en las cocheras de sus propios domicilios. Las denuncias han sido recurrentes. Ninguna autoridad ha dado una explicación. El asunto es que las calles de la populosa colonia se encuentran total o parcialmente destruidas y sin visos de reparar los desperfectos ocasionados.
Hoy en día las afectaciones están a la vista. Hoyos y montones de tierra en las esquinas, lo que ha provocado que con las lluvias de los últimos días, la corriente arrastre la tierra a las coladeras generando mayores daños. Por diversos medios los vecinos y automovilistas del norte de la ciudad que se han visto afectados, incluso por cortes en la circulación, han denunciado estas anomalías, sin tener respuesta de las autoridades municipales, que han puesto una cortina de humo de silencio y complicidad. La semana pasada, un ingeniero civil publicó en Facebook la observación de que en algunas de las cepas abiertas los trabajadores están compactando la tierra sin técnica ni cuidado alguno, lo que en el futuro podrían convertirse en daños irreversibles a la carpeta asfáltica. Pese a ello, tampoco los citadinos hemos tenido una respuesta de la autoridad municipal o la dependencia responsable de haber autorizado dichas obras.
Lo que más ha calado en el ánimo ciudadano es la complicidad de las autoridades. Las referidas obras particulares no se hicieron al arbitrio de la constructora que las lleva a cabo, sino previa autorización del municipio de Oaxaca de Juárez. La pregunta es: ¿qué hay detrás de ese silencio, de esa complicidad y de la opacidad que protege a la constructora? No dudamos que exista algún arreglo de tipo económico. Sin embargo, si el actual gobierno local no ha sido capaz de ejecutar una obra grande o mediana importancia, ¿cómo piensa reparar los desperfectos de decenas de calles, avenidas, banquetas y jardineras que han sido destruidas total o parcialmente por las citadas obras de la empresa particular? Se trata, sin duda alguna, de dejar ese lastre de problemas para la siguiente administración.
Derecho de propiedad en riesgo
Desde hace algún tiempo han salido a luz una serie de irregularidades que se cometen en diversas áreas del gobierno estatal. Se ha puesto en entredicho al Registro Civil, al Instituto Catastral o a su similar, el Registral. Recientemente se volvió un escándalo el presunto retiro de identidad de tres hermanos que reclaman ser lo que otros familiares niegan. Tuvo que darse cumplimiento al mandato de un Juez de Distrito para que se les devolviera la legalidad de su origen. Sin embargo, lo que ha estado en tela de juicio han sido las trapacerías y latrocinios de conocido abogado, hoy vinculado a proceso en el Penal de la Villa de Etla, quien desde hace al menos dos décadas se ha dedicado a despojar a familias, cuyos ancestros han fallecido sin haber suscrito su testamento, dejando sus propiedades bajo el supuesto de intestado. Es decir, con la complicidad de notarios públicos y a veces falsificando firmas, se ha acreditado bienes inmuebles de manera ilícita.
Actuando con absoluta impunidad ha tejido una red de complicidades, con funcionarios menores o empleados de base, para poder obtener documentación falsa respecto a predios que, de manera violenta, se ha adjudicado, poniendo en tela de juicio el mandato constitucional respecto a este rubro. Lo mismo en la capital que en la zona de Puerto Escondido o Huatulco, se ha agenciado terrenos, luego de desalojar pistola en mano y acompañado de golpeadores y sicarios, a personas humildes o familiares de fallecidos que tienen la mala fortuna de no tener documentación probatoria de la propiedad. La pregunta es: ¿cómo ha sabido o conoce la situación de los predios de los cuales se ha apropiado? Sólo con la complicidad de empleados de las áreas en donde los predios están registrados y conocen la situación legal de cada uno.
Por fortuna, el gobernador Alejandro Murat tomó una decisión plausible aunque enérgica. Nadie puede afectar así como así, menos bajo formas fraudulentas, el derecho de propiedad. He ahí el por qué la Fiscalía General del Estado debe llevar a cabo una investigación a fondo para desmantelar esa red de corrupción e impunidad que se ha tejido para que una banda de delincuentes de cuello blanco se apropien, de la noche a la mañana de terrenos, casas, propiedades, baldíos y otros, acreditando su propiedad luego de una cadena de complicidades y corrupción. El tema es una prioridad. Ojalá que el gobierno actúe.
