• Incremento en denuncias de secuestro en Ciudad de México
• Continúan ataques a periodistas
A propios y extraños sorprendió el pasado miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al dejar fuera de la mesa de trabajo para el tema migratorio en los estados del sur del país, a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a Tonatiuh Guillén, Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
Si bien las negociaciones con los Estados Unidos han corrido a cargo del canciller Macelo Ebrard, quien ha tomado el liderazgo del grupo, el marco legal es claro, y son las autoridades migratorias, quienes deben actuar en los operativos para detener a migrantes; así como en los procesos de regularización de su estancia en territorio nacional; por lo que nadie se explicaba la ausencia de los funcionarios, directamente implicados en el tema en el grupo de trabajo; en el que se ha incluido no solo a la cancillería, sino a las Secretarías del Trabajo y del Bienestar, para asistir la parte laboral y social en la atención a migrantes.
Pues la ausencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, obedece a que ha sido mal vista por el Gobierno Norteamericano, su postura de defender el derecho a la Migración la movilidad, lo que va en contra de la demanda norteamericana de sellar la frontera sur y evitar el libre tránsito de migrantes, por lo que a nadie sorprendería un pronto relevo en el INM tomando en consideración el mensaje del canciller Marcelo Ebrard a los migrantes centroamericanos, “No queremos que atraviesen por México para llegar al sueño norteamericano”.
Por otra parte, de origen ya se vislumbra un conflicto, al contemplar la participación de 6 mil elementos de la Guardia Nacional para blindar la frontera sur, ya que este cuerpo fue concebido como una herramienta que en el mediano, y largo plazo, emplearía el Gobierno Federal para contrarrestar la violencia e inseguridad, que aquejan a la sociedad. En la sesión de la Comisión permanente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, fue el primero en señalar que existiría conflicto, ya que el marco legal bajo el cual se estableció la creación de la Guardia Nacional, no establece su participación en temas migratorios; aunado a que la sociedad tendrá que esperar un plazo mayor, soportando la violencia e inseguridad que vivimos, en tanto se dan los resultados a los que se ha comprometido el Gobierno Federal, con la administración de Donald Trump, quien no deja de recordarle al canciller cada día, que ya solo le quedan 43, 42, 41, para evaluar su propuesta.
Tómelo con preocupación.- México Unido contra la Delincuencia, Mexicanos Unidos contra el Secuestro, y otras agrupaciones de la sociedad civil, alzaron la voz esta semana para señalar el notable incremento en el número de secuestros, registrado en los primeros meses del año en la Ciudad de México. En distintos foros de participación, se destaca por un lado, que los índices de secuestros y extorsión, llegan de nueva cuenta a los más altos registrados en la historia de la capital, y alertan cuando las autoridades ya reconocen la operación de la delincuencia organizada en la Ciudad de México.
La Procuradora de Justicia y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalan que han recibido instituciones de seguridad corrompidas y débiles, lo que se tradujo en una mayor operación de grupos de la delincuencia organizada, durante el proceso de reorganización ya en la nueva administración, sin embrago esto no consuela a muchas familias, entre las que se encuentran las de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño; estudiantes de Universidades del Sur de la Ciudad de México, que fueron secuestrados y asesinados en menos de una semana, pese a que en ambos casos se cubrieron los montos señalados de rescate por la vida de los jóvenes.
En este espacio hemos dado cuenta de los altos índices de inseguridad que se registran en la Ciudad de México desde hace más de dos años; situación que en su momento Miguel Ángel Mancera estableció, se debía a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que permite la entrada y salida de presos y reconformación de grupos de la delincuencia organizada, debido a la clasificación de delitos. Sin duda independientemente de la logística de operación que tomen las autoridades, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, es necesario pensar en las necesarias modificaciones al marco legal, que deberán ser instrumentadas para solucionar la situación.
Tómelo con atención.- Continúan los ataques a periodistas y comunicadores en nuestro país, el martes pasado fue asesinada la periodista Norma Sarabia en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; sumándose a la lista de 9 periodistas asesinados del primero de diciembre a la fecha.
Mientras relatores de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen que en el mundo los delitos contra periodistas van a la baja, nuestro país sigue siendo el de más alto riesgo en la región latinoamericana, para ejercer nuestra profesión. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen una deuda con los periodistas y comunicadores, ya que poco o nada se hace en materia de prevención, para evitar que se sigan registrando muertes de periodistas.
El miércoles a primera hora, en Boca del Río Veracruz, Marcos Miranda Cogco, fue levantado por un grupo de hombres armados; el Director del Portal “Noticias a Tiempo”, fue liberado por la fiscalía del estado la madrugada del jueves, y mediante un video da cuenta del secuestro y de las amenazas de la delincuencia organizada en la entidad veracruzana, dejando entrever la vulnerabilidad de periodistas y comunicadores, en el ejercicio profesional.
Es lamentable la situación que hoy en día vivimos como gremio, y lo mucho que se tiene qué hacer para lograr un marco legal adecuado para el ejercicio periodístico, pero sobre todo para que exista el compromiso serio de las autoridades, por prevenir y proteger a comunicadores y periodistas, ante el libre actuar de grupos de la delincuencia organizada.
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