Oaxaca ha sido históricamente tierra del mezcal. Es más, todo mundo nos identifica en el país como el estado en donde se produce y consume la bebida espirituosa. Y no es una ficción: cientos de pueblos se han dedicado durante siglos a la siembra de maguey de diversas especies y a instalar los famosos palenques para producir de manera artesanal la bebida. No obstante, el boom del mezcal apareció hace al menos dos décadas. Funcionarios públicos y políticos empezaron a comprar la producción y ponerle su propia etiqueta y denominación. Cientos de marcas inundan hoy el mercado y tomarse una copa de mezcal en lugares como París, Londres, Nueva York o ciudades de Canadá, entre otros, se ha convertido en un lujo. Ello movió la ambición de grandes empresas dedicadas al vino para generalizar su consumo, habida cuenta de que algunas marcas han sido ya adquiridas –contando con la denominación de origen y certificación- por grandes consorcios. Los productores locales, no obstante la invasión desigual de las grandes empresas, luchan por sobrevivir y han llevado la bebida a los canales de exportación.
Sin embargo hace sólo unos días, trascendió que ante una falta de defensa legal sobre la denominación de origen, otras entidades del país, como Morelos, Aguascalientes y Estado de México, fueron autorizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para figurar como productoras de mezcal, no obstante que no hay antecedentes al respecto. Se trata, a todas luces, de una competencia desleal, ya que la alteración de la bebida ha sido una de las constantes en lugares sin tradición mezcalera. Ello ha motivado la alerta en el gobierno de Alejandro Murat, quien ya se pronunció en abierta protesta por dicho atropello. El Congreso del Estado ha tomado asimismo cartas en el asunto para demandar de inmediato la protesta más enérgica por esta medida que pareciera estarnos regateando la originalidad ancestral del mezcal. Esta situación pone en un serio predicamento a los productores locales, sobre todo a los pequeños, pues ante una competencia inequitativa por parte de consorcios trasnacionales que buscan la rentabilidad, nos puede dejar en una postura de total indefensión. Hay que reconocer pues que el gobierno estatal se ha puesto ya en alerta para la defensa legal y mediática de nuestra bebida ancestral, cuyo origen nadie –absolutamente nadie- nos puede negar.
Agenda pendiente
En tres semanas se cumplirá un año de uno de los sismos más devastadores de que se tenga memoria en la historia del país: el de 8.2 grados en la Escala de Richter, que pulverizó prácticamente la región del Istmo de Tehuantepec. Los daños aún son evidentes, habida cuenta de que los apoyos otorgados por el gobierno federal no fueron en la medida de las necesidades que trajo consigo el siniestro y su réplica más fuerte, el 23 del mes de septiembre. En su momento, el presidente de México hizo una y otra gira de trabajo por la zona afectada. Se desplazó un equipo de funcionarios de primer nivel a la región de desastre. Cada uno tuvo sus atribuciones para entregar cuentas al mandatario. El propio gobernador Alejandro Murat vivió prácticamente ahí, para la supervisión del apoyo y la ayuda humanitaria para cientos o miles de paisanos istmeños que perdieron sus viviendas y algunos la vida. Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Chicapa de Castro, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Ciudad Ixtepec y decenas de comunidades vivieron, hasta hace poco tiempo, con constantes movimientos de tierra, que lejos de contribuir a la reconstrucción generaron mayor zozobra. Los primeros días posteriores al 8 de septiembre, el apoyo de la Federación pareció volcarse sobre el istmo.
Desafortunadamente para nosotros, justo el 19 de septiembre, 32 años después del sismo de 1985, otro movimiento telúrico había de afectar la Ciudad de México, Morelos, Puebla y otros, que hizo cambiar el rumbo del apoyo. En días recientes, el ejecutivo estatal hizo una gira de trabajo por la región del Istmo para supervisar las labores que se han realizado, particularmente en la infraestructura educativa y de salud, en los municipios afectados. Se sabe que algunos medios nacionales fueron invitados a dicha gira. Lo cierto es que existe en dicha zona una agenda pendiente. Hay que recordar que los apoyos otorgados vía banca de desarrollo no llegaron a todos los damnificados; que incluso hubo renuncias de algunos funcionarios a quienes se señaló de estar beneficiándose con dichos apoyos y que el reparto de tarjetas dio lugar al robo vil de parte de presuntos servidores públicos. El resultado fue que la reconstrucción se quedó a medias y que hay aún secuelas de daños en casas particulares y edificios públicos, que han estado lejos de la mano protectora del gobierno.
