Si existe en la capital oaxaqueña una zona insegura, violenta, en donde sólo prevalecen los vicios y sus secuelas, es la zona del Mercado de Abasto. Rehén de organizaciones; de capos que se disputan la supremacía y el control de los locatarios; del narcomenudeo y el tráfico de influencias para que puedan operar, esta zona urbana ha estado desde hace mucho tiempo en manos sólo de caciques, que son quienes mantienen un control absoluto de todo lo que ahí opera. Amén de las bandas de viciosos o raterillos de poca monta que roban teléfonos celulares o aretes, en los últimos tiempos se ha transformado en sitio de ejecuciones y vendettas, entre los mismos grupos. En sus inmediaciones operan capos del transporte que, en años anteriores se habían apropiado de los playones del Río Atoyac o los vendedores de mercancía de procedencia china, llamada “fayuca”, que comercializan sus productos contando con la complicidad –o connivencia- de las mismas autoridades que dirigen dicha zona comercial.
Ejecuciones en algunos locales comerciales o baños públicos; persecuciones o heridos con arma blanca, forman parte de la nota cotidiana de los medios impresos y electrónicos. Es, en pocas palabras, un territorio sin ley. No es fortuito que haya disputas de algunos dirigentes como Hugo Jarquín, con las autoridades municipales, por el control de los estacionamientos que ahí operan. El trasiego de droga se da –según testigos- de una forma descontrolada, pues a todo lo anterior hay que añadir que muchos de los delitos se operan desde los paraderos de taxis o transporte foráneo, que han sentado ahí sus reales. Y aunque la Fiscalía General del Estado (FGEO), ha asestado ahí buenos golpes, como fue la detención y desmantelamiento reciente de una banda de narcomenudistas, la inseguridad y el crimen siguen en ascenso.
El miércoles 17 de febrero, en unos baños públicos, un ex presidiario fue ejecutado con cuatro disparos en el cuerpo y dos en la cabeza, por una pareja de sujetos que huyeron tranquilamente en una moto. Es una escena cotidiana en el Mercado de Abasto, es decir, nada nuevo. Escenas como ésta, agresiones con arma blanca o cadáveres tendidos en las calles o banquetas, esperando el arribo del Ministerio Público, exigen acciones enérgicas tanto de los organismos locales como estatales de seguridad. La inseguridad sigue lacerando duramente a locatarios y clientes.
Ocho meses de impunidad
El pasado domingo 21 de febrero se cumplieron ocho meses del homicidio de 15 personas en la comunidad de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar. A lo largo de este tiempo se han dado protestas al respecto. Nada se ha podido hacer para que se aplique la ley. Ese mismo día circularon en redes sociales fotografías de personas que fueron incineradas cuando aún tenían vida. Antes y después de dichos acontecimientos hubo hechos criminales ligados al conflicto político-electoral que había en dicha comunidad y municipio. Sin embargo, a pesar de considerarse como uno de los hechos criminales masivos más importantes en el gobierno de Alejandro Murat, se ha sumergido en un nudo de silencio y complicidades, pues inclusive no hay una postura enérgica de parte de la Fiscalía General del Estado.
A poco de haberse suscitado trascendieron nombres y datos de presuntos implicados en la autoría intelectual de este crimen colectivo, inédito en Oaxaca. Ni detenidos ni consignados. Simplemente el silencio pernicioso de las autoridades. Tampoco se sabe de pesquisas, declaraciones de testigos, de comparecencia de las autoridades. Nada. Si bien estos hechos quedaron sin cobertura mediática por el sismo que se presentó a los dos días, es decir, el 23 de junio de 2020, pudo haber sido un escándalo nacional, con malas notas para el gobierno estatal. Sin embargo, pese a ello, nada se sabe de este ilícito, lo que hace presumir complicidades o un proceso de investigación tortuoso con el insano propósito de proteger a los responsables. No hay que olvidar que este crimen se inscribe en la página negra de este gobierno, junto a los asesinatos de vecinos en San Pedro Mártir Quiechapa y Santa María Ecatepec, en el distrito de San Carlos Yautepec.
Nada más importante en tiempos de elecciones que actuar conforme a la ley, en contra de los autores materiales e intelectuales de los hechos citados, para sentar un precedente y acotar a ediles rijosos, a dirigentes que atizan la violencia o a partidos políticos que pretendan cifrar sus triunfos sobre la violencia y la sangre derramada, para conducirse conforme lo dispone la ley. Porque para ningún oaxaqueño es un secreto que las elecciones municipales, tanto las que se llevan a cabo por sistemas normativos internos, como por partidos políticos, en nuestra atomizada estructura municipal, se llevan a cabo a veces con civilidad y otras con violencia. Los grupos, cotos familiares, clanes e intereses detrás hacen correr sangre.
