Ya hemos comentado en este espacio editorial las nuevas reglas que ha impuesto el gobierno de la República para otorgar apoyos y beneficios a comunidades, campesinos, jornaleros y diversos organismos. Los apoyos serán directos. No a los intermediarios. Ello ha hecho que dirigentes de centenas de organizaciones que pululan en el territorio estatal agudicen sus protestas y movilizaciones para exigirle al gobierno estatal prebendas y dádivas. El pasado lunes, por ejemplo, se dieron bloqueos carreteros en diversos rumbos del estado, alentados por el Comité para la Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep).
Uno fue en la carretera 200, que comunica Acapulco con Salina Cruz. Vecinos de la comunidad de San Pedro Jicayán paralizaron el tránsito vehicular, con el argumento de exigir obras de infraestructura. Otro bloqueo se dio en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de Asunción Nochixtlán, orquestado por la misma organización, además de uno más en la desviación a Teojomulco, en la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. En fin, las presiones al gobierno estatal han sido el pan de todos los días. Los dirigentes de dicho organismo, que se aprovecha de las necesidades de las comunidades, insisten una y otra vez en que los recursos se los entreguen a ellos en bandeja de plata.
Algo que también se ha convertido en instrumento de presión es la demanda de esclarecimiento de ciertos crímenes, como es el caso de Heriberto Pazos Ortiz, del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (Mult), ahora API o el de Catarino Torres Pereda, del Comité pro Defensa de Derechos Ciudadanos (Codedi), que al inicio de la semana convocaron a ruedas de prensa o realizaron movilizaciones. Hay que recordar que los muertos trágicamente han servido, como es el caso del Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic), de quien cometamos hace unos días, como parapeto e instrumento de presión para obtener dádivas del gobierno. Todos estos grupos siguen presionado para obtener recursos del erario estatal, sin recato alguno.
No obstante, pese a las medidas que ha impuesto la Federación, aquí se siguen solapando chantajes y presión. La capital oaxaqueña y la red carretera de la entidad se ha convertido en rehén permanente de dichos grupos. La forma de obtener recursos frescos es a través de dichos métodos, de los cuales la ciudadanía oaxaqueña está harta. Y eso, hay un convencimiento generalizado, debe terminar.
Obligada transparencia
El domingo pasado, último día de la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acto masivo en la Plaza de la Danza y con la asistencia de presidentes y presidentas municipales, arrancó el programa: Vamos Juntos a la Escuela. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y el presidente de la República, Andrés Manuel López, firmaron los convenios, en donde se comprometieron a aportar cada uno 392 millones de pesos, para rebasar los 784 millones y medio de pesos en la inversión.
Correspondió al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dar a conocer los detalles del Programa Nacional de Reconstrucción de Escuelas y el llamado “La Escuela es Nuestra”, cuyo eje prioritario es que serán los padres de familia y maestros los que administren directamente los recursos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de escuelas, que en este año tendrá una bolsa de 2 mil 102 millones de pesos para la rehabilitación y equipamientos de las escuelas de educación básica. Hay que recordar que la reconstrucción posterior a los sismos de septiembre de 2017, a dos años de distancia, sigue como un capítulo pendiente, de tal manera que el mismo presidente dijo estar sorprendido de que haya aún alumnos que toman clases a la intemperie.
Lo anterior suena simple. Pero no lo es. En principio porque ni padres de familia ni maestros tienen en su formación profesional rudimentos de ingeniería civil o arquitectura, Adicionalmente, ya es común en nuestro medio que de las mismas cuotas que aportan los padres de familia, nunca tienen cuentas claras de parte de los comités. Muchas veces, presidente y tesorero se llevan a sus cuentas dichos recursos. Por tanto, para el manejo de cantidades millonarias como las que mencionamos, deben existir políticas de transparencia, supervisión y evaluación. Los recursos a disposición de maestros y padres de familia no pueden ser otorgados como cheque en blanco y destinarse de manera discrecional.
Los hechos cotidianos en torno a malos manejos y opacidad, han sido objeto de denuncias. Los comités responsables deben estar bajo la mira de organismos superiores que supervisen el destino del dinero. Asumimos que el mismo debe ser canalizado a cuestiones prioritarias y no suntuarias. De no existir mecanismos de trasparencia, se corre el riesgo de operaciones fraudulentas y corruptelas.
