Ante la proliferación de contagios y decesos, por la pandemia de Covid-19, que no nos ha dado tregua, hay que reconocer como un acierto las medidas adoptadas por los Servicios de Salud en la entidad (SSO), en declarar en semáforo rojo a Oaxaca de Juárez y algunas cabeceras municipales como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Teotitlán de Flores Magón, pues es en donde se ha detectado el mayor número de casos. Hay que reconocer, asimismo, las medidas que han adoptado algunos municipios como son los casos de San Pedro Pochutla, en donde se sanciona con multas o trabajo comunitario a quien no use el cubre-bocas, e incluso, se usa la fuerza pública para aplicar la norma aprobada por el Cabildo, ante el brutal incremento de contagios, o la decisión de otros ayuntamientos como San Pedro Mixtepec y su vecina, Santa María Colotepec, para disponer el cierre de playas en Puerto Escondido, cada municipalidad en su respectiva jurisdicción.
Y es que ante la gravedad del mal, las autoridades municipales han tenido que tomar como propias las labores y protocolos de prevención, como es el caso de algunos municipios istmeños: Salina Cruz, Santo Domingo Ingenio, Tehuantepec, Jalapa del Marqués, Juchitán de Zaragoza o Ciudad Ixtepec, teniendo enfrente la tragedia que ha vivido Magdalena Tequisistlán, en donde una parte importante de la población ha estado contagiada. No tarda en que aparezcan las organizaciones de derechos humanos como fue en abril de 2020, cuando una denominada “Gubixha”, echó abajo el decreto del gobernador Alejandro Murat por el cual consideraba obligatorio el uso del cubrebocas. La pregunta es: ¿cuántos oaxaqueños se hubieran salvado de la muerte de haberse aplicado dicho decreto?
Lo que ni el Juez de Distrito ni los directivos del citado organismo entendieron es que estábamos -y estamos- en una situación de excepción en donde los llamados derechos humanos deberían quedar subordinados a la vida. Lo que las autoridades estatales y municipales han buscado con estas medidas es salvaguardar la vida de las personas y no violentar sus derechos. Ninguna medida, por enérgica o arbitraria que sea, puede ser considerada violatoria a las garantías individuales, cuando el fin último es superior. Y eso que no hemos llegado a los extremos de algunas poblaciones o países como Francia, en donde se ha restringido la movilidad para aquellos que no presentan el certificado de vacunación o policías enfrentan a golpes a quienes no usan el cubre-bocas.
Capital, rehén de bandas delictivas
Hechos recientes que son del dominio público muestran de manera fehaciente que los capitalinos, tanto de las colonias urbanas como las que se ubican en agencias municipales, somos rehenes permanentes de bandas de delincuentes. Los pillos operan con absoluta impunidad, dada la escasa o nula vigilancia de los cuerpos de seguridad tanto estatales como municipales. A partir de la premisa de que los problemas de la ciudad son competencia del gobierno citadino, la participación de las corporaciones estatales se limita sólo a dar auxilio cuando es necesario. Desde el mes de julio, la Policía Municipal está más atareada en impedir el paso de los comerciantes ambulantes al Zócalo de la capital, aunque hayan invadido ya las inmediaciones de los mercados centrales, que en privilegiar los rondines en los lugares de más incidencia delictiva.
A ello hay que agregar la falta de coordinación entre las corporaciones de los municipios conurbados como Santa Lucía del Camino o Santa Cruz Xoxocotlán, entre otros. Los cholos o bandas de viciosos cometen un delito en sus jurisdicciones y huyen a la capital. O viceversa. La seguridad pública, que debe verse en un entorno regional, no se percibe así por parte de los jefes. Cada uno quiere hacer lo suyo, así sea de manera deficiente, como ocurre en la ciudad de Oaxaca. He ahí el por qué los asaltos en la vía pública, algunos de ellos a mano armada y mortales, se han vuelto algo común. Las personas asesinadas por cuestiones menores, el robo de dinero, celular o incidentes menores de tránsito, son varias. Se dice que hay zonas en donde las corporaciones definitivamente no pueden entrar ante el riesgo de ser atacadas por sujetos viciosos y narcomenudistas que sirven a distribuidores de mayor envergadura.
Esta situación es grave. El hecho de que haya sitios de excepción controlados por bandas de cholos, tatuados, con todo un historial delictivo, las cuales siguen creando un ambiente de inseguridad para las familias, debe ser atendido con prontitud por las autoridades. Nadie debe estar por encima de la ley. Los mandos superiores deben investigar los posibles nudos de complicidad entre los jenízaros y los delincuentes. La ciudadanía no puede estar a merced de dichos delincuentes ni, mucho menos, no poder entrar ni salir de sus hogares, ante el temor de ser asaltados e incluso asesinados.
