El anuncio que hiciera la semana pasada, durante su comparecencia ante diputados y diputadas de la LXIV Legislatura del Estado, el titular de los Servicios de Salud en Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, respecto al inminente despido de más de cinco mil trabajadores eventuales, los cuales fueron contratados de manera irregular y sin contar con el techo presupuestal correspondiente, sin duda alguna tendrá graves repercusiones. Se trata de una cantidad considerable de personas que son, a su vez, el sostén económico de sus familias, los cuales serán puestos en la calle sin más. La cuestión se advierte más compleja aún, pues los coletazos de la pandemia de Covid-19, que padecemos desde hace al menos 18 meses, han dejado sin trabajo, sin ingresos y sin poder adquisitivo a muchos miles de oaxaqueños. El directorio se incrementará con los despedidos de los SSO.
Se trata, sin duda alguna, de una medida severa y dolorosa, aunque se dice en los círculos oficiales, necesaria y urgente. En efecto, por lo que hemos escuchado y sabido en los últimos días, el sistema sanitario oaxaqueño enfrenta una seria crisis financiera que la mantienen al borde de la quiebra. Ello se ha traducido en que el pago de una abultada nómina que no tiene respaldo económico, ha demeritado la adquisición de equipo, insumos y medicamentos. Ésta ha sido una de las demandas de los sindicatos, cuyos militantes están también enquistados en la nómina de la dependencia sanitaria. El problema, sin embargo, no es nada nuevo. Las irregularidades laborales y la contratación de esos trabajadores que serán despedidos, provienen desde el gobierno pasado. El déficit anual de 1 mil 600 millones de pesos, además del pago de laudos, deudas con terceros institucionales y pago a proveedores se ha ido incrementando cada vez más.
Según datos adicionales respecto a la crisis financiera de los SSO, el problema se agudizó desde el pasado, con la falta de pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Es decir, la administración de Alejandro Murat ha tenido que capotear dichos pagos que se debieron hacer, como compete, en el gobierno pasado. Con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), por ejemplo, el gobierno estatal entregó al ISSSTE, como abono a su deuda, el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.
Un rezago injustificable
En al menos dos semanas se cumplirán cuatro años de los sismos que devastaron la zona del Istmo de Tehuantepec, con efectos colaterales en otras regiones del estado. Uno de los rubros más afectados fueron los edificios escolares. Cientos de éstos quedaron dañados total o parcialmente. Sin embargo, pese al tiempo que ha transcurrido y a los constantes anuncios oficiales a poco de ocurridos los siniestros, la situación continúa sin cambios sustanciales hasta la fecha. Ello se desprende de lo que en su momento informó el titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva (IOCIFED), en su comparecencia ante diputados y diputadas. Lo cierto es que cada vez, padres y madres de familia de alumnos que acuden a algunos centros escolares de la región del Istmo, cierran carreteras para protestar por el mal estado de dichos centros.
Para los observadores del quehacer gubernamental y político de la entidad, la dependencia citada, que inició en esta administración con escándalos y señalamientos, es hoy en día un verdadero elefante blanco. Nadie sabe exactamente qué hace. No existe información gráfica o documental en torno a su labor en la construcción de edificios escolares, canchas deportivas u otros, tal cual se asume, son sus responsabilidades. Es más, ha operado con presupuestos federales o estatales para rehabilitar los edificios afectados por los siniestros arriba señalados. Más aún, afirman algunas fuentes que el titular es un fantasma que recorre el Istmo, no precisamente para atender la oficina que le otorgó el ejecutivo estatal, sino porque es originario de ahí. Y es que cuando ha despachado en la capital, no han faltado los bloqueos a sus oficinas, en protesta por la falta de atención al rezago inexplicable que existe en materia de remodelación y rehabilitación.
Estamos a un año y poco más de tres meses para que concluya el gobierno de Alejandro Murat. Sería un crimen de lesa humanidad que durante los años que llevan de ocurridos los sismos de 2017, el rubro de reparación, rehabilitación y reconstrucción de edificios escolares, quede como agenda pendiente para el nuevo gobierno. Hoy que el regreso a clases es inminente, a pesar de la gravedad que ha tenido la pandemia de Covid-19, sobre todo en niños y jóvenes, ¿cómo esperar centros escolares con los baños operando al cien por ciento; con agua corriente para el aseo de manos; con instalaciones decorosas, si hay tal rezago?
