Amparado por la oscuridad de la noche y sin notificación previa, el ayuntamiento de la capital oaxaqueña, a través de cuadrillas de trabajadores arribó la semana anterior a calles de la Colonia Reforma para borrar con pintura gris, los señalamientos amarillos con los cuales algunos vecinos delimitaban su entrada de vehículos. Si bien es cierto que en redes sociales hubo quienes aplaudieron dicha medida al considerar que esta colonia es la más complicada para encontrar estacionamiento en la calle, se trata de una medida absurda y contra derecho, habida cuenta de que la problemática no se resuelve aplicando medidas punitivas en contra de unos, cuando vemos a diario en el Centro Histórico de la capital, calles completas resguardadas con botes, mecates y otros, con los que propietarios de hoteles, restaurantes y otros negocios, apartan lugares con argumentos como “ascenso y descenso de pasajeros” o “carga y descarga”, para tenerlos todo el día bajo su potestad, sin que nadie tenga derecho a estacionarse en los mismos. Para los afectados se trata de una señal inequívoca para pagar impuestos al utilizar el espacio en la calle. Ello implica que pese al argumento de que no se incrementarán los mismos, esta forma encubierta es encaminada hacia ese fin.
La capital oaxaqueña enfrenta serios problemas viales. En la Colonia Reforma y otras de la capital es casi imposible encontrar un lugar para estacionarse en la vía pública. Pero hay cuestiones más graves, como es el abandono de nuestra ciudad, la inseguridad, el deterioro de la arquitectura novohispana que tanto prestigio nos ha dado. Las calles lucen desastrosas llenas de baches y hoyancos. El sistema de semáforos ha generado serios problemas a la vialidad, pues cada día se incrementan los equipos dañados o por negligencia, por robo de las tarjetas electrónicas o por abulia del área correspondiente en el gobierno de la ciudad. Ya hemos mencionado la cadena de robos a cuenta-habientes en plazas o en la vía pública, sin que se hayan visto acciones de la Policía Municipal para combatir este flagelo. Pero tal como se ve, el gobierno que encabeza Oswaldo García Jarquín tiende hacia los lugares comunes, no en lo que la ciudadanía espera que actúe. Estamos ya en vísperas de concluir los primeros ocho meses de gobierno y la problemática urbana sigue tal cual. No hay cambios sustanciales ni, mucho menos, acciones de gobierno dignas de destacar.
Prevención de ilícitos
Es un hecho innegable que Oaxaca se ha insertado en altos niveles de inseguridad. La estadística criminal ha ido en ascenso y no ha cedido. Ya están ubicadas las regiones de mayor incidencia delictiva: Tuxtepec, el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales, registran un crecimiento inusual en homicidios dolosos y delitos de alto impacto, además, obviamente, de los ya sabidos: robos, asaltos y secuestros. Sin embargo, hay zonas en donde los hechos criminales han ido en ascenso como es el caso de la zona oriente del Istmo y poblaciones que se ubican a los lados de la Carretera Transístimica. Es el caso del municipio de San Pedro Tapanatepec, en donde se registraron en las dos últimas semanas al menos diez casos de homicidio. Parte de ello fue el hallazgo de una fosa con cuatro cadáveres en descomposición de presuntos roba-vacas y delincuentes comunes, a la altura del Río Novillero y un taxi de Tonalá, Chiapas, con cuatro cadáveres de presuntos desaparecidos en dicha ciudad, que fueron dejados en un paraje en jurisdicción de la población limítrofe con Chiapas. En el otro caso, la ejecución de siete personas, incluyendo una joven mujer en Santiago Petapa, población cercana a Matías Romero, perpetrada por bandas locales dedicadas al robo de combustible.
Frente a esta situación y según lo comentó en entrevista radiofónica el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, la dependencia ha buscado atender el tema de la prevención, es decir, ir a los orígenes de la actividad delictiva. En efecto, no se puede combatir el crimen si no se atienden las causas generatrices del mismo. Lo que no se puede negar es la presencia indiscutible de células criminales ligadas al narcotráfico y otros delitos, como la extorsión, el robo de combustible y los asaltos carreteros. Todo ello en medio de un entorno nacional en donde existe un sistema de justicia demasiado benévolo, además de la mirada inquisitoria de las comisiones u organismos de derechos humanos. Resulta una verdadera paradoja que con casos como los que hemos visto en los últimos días en el país, como los 19 ejecutados y colgados de puentes en Uruapan, Michoacán, que revelan el grado de podredumbre en el crimen organizado, aún existan mecanismos que dicen proteger las garantías individuales de sicarios y asesinos, para los que se pide un debido proceso. Ello es lo que ha generado un nivel de violencia inédito en el país y el estado y hecho el caldo de cultivo de la impunidad con la que cárteles y bandas actúan.
