Oaxaca, y mucho hemos insistido en este tema, es un vertedero de conflictos agrarios; disputa por los recursos forestales; mineros; límites territoriales, etc. Si bien muchos de ellos son puestos en manos de la Junta de Conciliación Agraria, que depende del gobierno estatal o de los propios órganos jurisdiccionales, como es el caso del Tribunal Unitario Agrario, que depende del Poder Judicial de la Federación, pesan más los usos y costumbres y el arraigo de nuestra gente a la tierra, que cualquier resolución. Defender la tierra que dejaron los ancestros y el arraigo al territorio, subyace justamente en dichos principios comunitarios. Por ello, hay resistencia a admitir sentencias o resoluciones. Existen en algunas comunidades, debidamente resguardados, títulos de propiedad que vienen de la época de la Colonia, como es el caso de Santa María y San Miguel Chimalapas, que han librado batallas legales y enfrentamientos con comuneros y ganaderos originarios de Chiapas.
Durante el mes de julio, como en su momento y con toda oportunidad lo comentamos en este espacio editorial, al menos hubo dos problemas que se volvieron un dolor de cabeza para el gobierno de Alejandro Murat: la negativa de Tamazulápan del Espíritu Santo para realizar la reconexión del agua potable para su vecina San Pedro y San Pablo Ayutla, del distrito Mixe y el asunto de Santiago Textitlán y su agencia, Santiago Xochiltepec. Ambos conflictos con problemas particulares, pero con situaciones similares, pues en diversos puntos de la geografía oaxaqueña se comparten visiones parecidas en torno a la pertenencia a la tierra. Son entre otros, dos de los múltiples conflictos –dice en la Secretaría General de Gobierno que hay al menos 300 problemas agrarios, de los cuales 30 por decir los menos, son graves, cuya solución se puso a prueba en las llamadas mesas de diálogo, que no siempre son el mecanismo idóneo.
No ha sido ociosa nuestra crítica a los famosos acuerdos de paz entre comunidades. Hay que recordar, por ejemplo, que hace más de un año, luego de pláticas en la SEGEGO, se dijo que autoridades de Tamazulápam y Ayutla, habían suscrito un pacto de paz. Al día siguiente, las mismas autoridades de la segunda desmintieron la especie. Es decir, no hay voluntad efectiva para suscribir la conciliación y la civilidad. A veces, en la misma etnia se tratan como enemigos. Aquí se impone el uso de la fuerza y la aplicación de la ley. No más ficciones.
La cultura de la denuncia
En nuestras páginas hemos publicado informes y estadísticas preocupantes de organismos civiles que tienen a su cargo la medición de los delitos que se cometen en el país y en la entidad, entre ellos, homicidios dolosos, culposos, secuestro, abuso sexual, robos, feminicidios, entre otros, muchos de los cuales no son motivo de denuncia, lo que implica que quedan en la impunidad. Y es que las autoridades ministeriales y de seguridad pública han soslayado la importancia de publicitar y difundir lo que las víctimas no deben ignorar cuando son motivo de alguna acción fuera de la ley. En Oaxaca –y eso hay que decirlo sin cortapisas- no hay una cultura de la denuncia. La ciudadanía, sean mujeres u hombres, de las diferentes edades, no acuden ante el Ministerio Público, cuando son objeto de robo, secuestro express u otro delito.
Hace un par de semanas se dio un hecho delictivo –que ya comentamos en este espacio- en la zona del Mercado de Abasto, cuando tres sujetos someten con la llamada “llave china” a un joven, quien había acudido a comprar unos audífonos. Le roban dinero, celular, además de dejarlo inconsciente al presionar el cuello. Por fortuna, alguien video-grabó la escena, la cual se hizo viral en redes sociales y muchos usuarios, indignados, llamaron la atención de las corporaciones policiales en torno a este hecho. La escena es dramática pues el joven se desvanece y cae al piso, cual si lo hubieran asesinado. Fue justamente la presión social la que motivó al gobierno de la capital a disponer de un operativo en esa tierra de nadie llamado Mercado de Abasto, para detener a los delincuentes.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGEO) hizo su parte y los sabuesos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se fueron a la caza de los responsables del ilícito que hemos señalado. El resultado fue exitoso: Daniel, a) El Mojarra y Jonathan, experto en la llave china ya se encuentran vinculados a proceso, gracias a que la víctima los reconoció e interpuso la denuncia. Es decir, cuando alguien es víctima de un hecho delictivo no tiene que dudar en acudir a las autoridades ministeriales para dar Santo y seña del ilícito y proceder como compete. Omitir o soslayar denunciar estos hechos, es tan grave como la complicidad con los mismos. Hay que ir en contra de los delincuentes. Así de simple.
