Y Oaxaca volvió a ser nota nacional, la semana anterior. La retención de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Fiscalía General del Estado, por parte de autoridades y vecinos de Santiago Textitlán, en la Sierra Sur, atrajo la atención de medios locales y nacionales. Tuvo que acudir a negociar la liberación, el gobernador Alejandro Murat, el Secretario General de Gobierno y el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, entre otros. Llamó la atención la cerrazón de esta comunidad, ubicada en una zona violenta del distrito de Sola de Vega. En nuestra entidad, no es un secreto, existen cientos de conflictos entre comunidades vecinas. No sólo líos agrarios o de límites, sino entre municipios y agencias. El gobierno municipal se agandalla el presupuesto y no lo distribuye como lo mandata la ley. Es el caso de Textitlán y su agencia, Santiago Xochiltepec. Esta situación ha desatado acciones de violencia, dignas de grupos criminales.
Hay tres factores que inciden en que problemas como éste se salgan de control y se conviertan en una mancha para la paz social y la gobernabilidad: 1) No sólo en Oaxaca sino en el país, se ha perdido todo respeto por la autoridad, las Fuerzas Armadas o policíacas. Con el argumento del respeto a los derechos humanos y del uso mesurado de la fuerza, cualquier hijo de vecino agrede a militares o policías, los desarma, los humilla. Los usa como instrumento de presión y chantaje. Las fuerzas del orden, pues, son muchas veces sólo un aparato. 2) La política de diálogo y más diálogo no es siempre la más eficaz. Hay un soslayo permanente de lo que implica el Estado de Derecho, que conlleva la aplicación de la ley. Los crímenes, secuestros o venganzas, tan proclives en nuestras comunidades para ajustar cuentas en viejos conflictos, no se castigan, sino que se diluyen en los famosos acuerdos de paz o en las mesas de diálogo.
3).- La injerencia nociva de grupos, organizaciones sociales y partidos políticos que, históricamente, han tratado de sacar ventaja de estos conflictos. En muchos de los eventos trágicos sale a flote la mano que mece la cuna, que resultan ser dirigentes de aquellos grupos que manipulan a autoridades y vecinos. Ejemplos sobran. Ahí están los casos de los triquis, de San Mateo del Mar, de Loxicha. En tanto no haya una política que por un lado pondere el diálogo y, por la otra castigue a quien transgreda la ley, seguiremos siendo testigos de casos tan penosos y abominables como el de Textitlán.
Regular, con apego a la ley
Uno de los problemas más graves que enfrenta la capital oaxaqueña, es el del comercio en la vía pública. Estamos de acuerdo en que no es un problema privativo de nuestra ciudad colonial, lo hay también en muchas más no sólo del país sino del extranjero. Sin embargo, aquí se ha salido por completo de control. Desde hace algunos años el asunto se dejó crecer y se exacerbó cuando la entonces combativa y violenta Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), también conocido como Cártel 22, tomó a los grupos y organizaciones de ambulantes bajo su protección. No se sabe el costo de la misma. Pero de que había negocio oculto, claro que lo hubo. El Zócalo de la capital fue durante mucho tiempo escenario de protestas tanto del magisterio como de muchos otros grupos, incluyendo a los universitarios. Pero no pasaba de eso.
Fue durante 2006, cuando la capital vivió graves disturbios, cuando el comercio en el centro de la ciudad tomó cartas de naturalización. Cada marcha, cada protesta de los maestros, derivaba en una invasión silenciosa de pasillos, jardineras y derredores. Y cada bloqueo que realizaban los clásicos grupos de presión pedían como concesión espacios en la vía pública, particularmente el Centro Histórico que, no sólo empezó albergar a achichincles del Partido Revolucionario Institucional (PRI), verdaderos grupos de choque, sino de toda laya partidista e ideológica. Quienes protestaban por determinada demanda se fueron quedando e instalando sus puestos, ante la mirada complaciente y temerosa de las autoridades estatales y municipales. Ninguna política para regular dicho comercio dio resultado. Cada día aparecían más vendedores.
El jueves 15 de julio, el presidente de la capital oaxaqueña, Oswaldo García Jarquín dispuso un operativo policial para evitar que el comercio ambulante invadiera el Zócalo. Se trató de un intento por devolverle a la ciudadanía los espacios perdidos. Sin duda, en un mal momento, justo cuando hay más visitantes del país y el extranjero. El problema se ha extendido, incluso hasta Santo Domingo de Guzmán y el Andador Turístico. A lo que vamos es a lo siguiente. Hacen faltan leyes y reglamentos para evitar que dicho problema siga creciendo de manera anárquica e ilegal. Es cierto, miles de familias viven del comercio informal, pero regulado y organizado. Hace falta que el Congreso del Estado haga lo suyo en torno a este problema.
