El pasado 12 de octubre, aprovechando lo que siempre se conoció como “Día de la Raza”, en memoria de la llegada de los europeos a territorio americano, entonces poblado por indígenas, hoy llamados pueblos originarios, no faltaron los falsos redentores sociales que echaron de su ronco pecho, para manifestar una vez más, que están en lucha para echar abajo el “Proyecto Transístmico”, que es una prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una de estas protestas se dio en el Istmo de Tehuantepec, zona asediada por grupos y organizaciones sociales que han impedido, no obstante el apoyo de los comuneros, proyectos eólicos y el citado plan presidencial.
En la zona istmeña operan decenas de dichas organizaciones, cuyos dirigentes sólo buscan su beneficio personal y no el de las comunidades indígenas que dicen representar, como el caso de Carlos Beas Torres, que encabeza la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni); las diferentes vertientes en que se ha convertido la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (Cocei) y otros grupos más de chantajistas y extorsionadores. Para expresar su “inconformidad” utilizan el abominable método del chantaje y la extorsión, a través de los bloqueos carreteros. Como lo dijimos la semana anterior, la región del Istmo de Tehuantepec, con todo su potencial, se ha convertido en rehén permanente de grupos y organizaciones que perviven de la dádiva gubernamental.
En la entidad, según datos oficiales, existen al menos 400 organizaciones sociales, casi todas ellas viviendo de las dádivas y prebendas que les otorga el erario estatal. La mayoría utiliza los mecanismos de presión ya conocidos: cierre de oficinas, carreteras, cruceros, etc. Desoyendo la práctica que ha instruido el presidente López Obrador, en el sentido de que los apoyos a campesinos, jornaleros, comunidades, etc., deben ser de manera directa y sin intermediarios, aquí son los dirigentes los que se siguen hinchando los bolsillos. Un bloqueo carretero durante dos días y en lugar de desalojar a los que ponen en entredicho el derecho a la libre circulación, se les ponen mesas de diálogo y, no pocas veces, dinero a los dirigentes. El pueblo oaxaqueño, que es quien padece los daños colaterales del chantaje de estos grupos y organismos, deplora que las cosas no cambien y que no exista voluntad política para restablecer el Estado de Derecho.
Congreso improductivo
Desde el mes de noviembre de 2018, un grupo de ocho diputados y diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al calor de las constantes declaraciones de quien era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en materia de austeridad, se sacaron de la manga una iniciativa en ese sentido. Describieron en la misma todo lo que impactaría una vez aprobada la ley. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que ello atentaba en contra de sus propósitos pecuniarios, dieron marcha atrás y la famosa iniciativa está en la “congeladora” de la LXIV Legislatura local.
Hace sólo unos días, la propuesta de tres diputadas de la misma bancada, Laura Estrada Mauro, Rocío Machuca e Hilda Pérez Luis, respecto a la legalización y no penalización del aborto, partiendo de modificar el Código Penal vigente en el estado para validar la interrupción del embarazo en la doceava semana de gestación, tuvo el apoyo mayoritario de la fracción del partido Morena, logrando 24 votos a favor. Pese al ruido que generó, a las acciones de vandalismo de los grupos feministas y el rechazo abierto de la Iglesia Católica y decenas de grupos que apoyan la vida, el tema sigue en suspenso, dado que no se han hecho las reformas a la Constitución local, como procede.
Según fuentes internas existen decenas de iniciativas que siguen durmiendo el sueño de los justos, como la de protección animal y otras que vienen del pasado, como la del Notariado, entre algunas más. Pero todas aquellas a las que le perciben olor a dinero de inmediato son aprobadas, como es el caso de la reciente solicitud que hizo el gobernador Alejandro Murat, para solicitar un préstamo por 3 mil 500 millones de pesos. Y es que uno de los vicios más arraigados en el quehacer legislativo oaxaqueño es el llamado “pago por evento”. Toda solicitud, nombramiento o ratificación, que requiera del voto mayoritario, tiene un costo adicional a las arcas públicas, porque al final no importa que sea una legislatura improductiva y onerosa, sino además voraz.
En este espacio editorial siempre hemos insistido en que hace falta la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile el desempeño y la productividad o no de este órgano soberano. Es penosa la situación de mantener con nuestros impuestos a una caterva de representantes populares a quienes sólo les interesa llenarse los bolsillos y abandonar todo compromiso institucional con los ciudadanos que les otorgaron el voto.
