Si hay algo de sorpresa dentro del juego de espías descubierto mediante el programa Pegasus es el número de personas que se encontraban seguidas mediante este sistema de software.
En México se supo poco después de que fue adquirido por el gobierno de Enrique Peña Nieto que estaba operando el programa que supuestamente fue contratado para seguir los pasos de la delincuencia organizada, pero que en realidad se aplicaba a seguidores y opositores del gobierno, periodistas, empresarios y un cúmulo de personas.
Y es que según se conoce, el gobierno de México compró el sistema de seguimiento con otros propósitos, pero lo derivó en el uso faccioso del mismo, apuntando hacia los personajes que sentía como adversarios del Ejecutivo y su partido.
Hasta donde se sabe fueron alrededor de 10 países los que adquirieron el sistema Pegasus, curiosamente todas naciones del llamado Tercer Mundo, donde destacan México y Marruecos como las que uso le dieron y mayor seguimiento de adversarios tuvieron.
Los escuchas del gobierno siempre han existido y solamente se han sofisticado las formas.
Hace algunas décadas era común la frase no puedo contarlo por teléfono, ya que hay golondrinas en el alambre, lo que equivalía a que las líneas telefónicas se encontraban intervenidas.
Incluso se relataba una anécdota, sin saber si era cierta o falsa, que el entonces presidente José López Portillo llegó a conocerlas instalaciones en que se realizaban las intercepciones y pidió como prueba que le mostraran un audio suyo y le pusieron uno de él, contando sus cuitas a su madre.
Y es que desde la invención del teléfono han existido este tipo de programas que sirven para escuchar a las personas que los gobiernos en turno crean conveniente para el bienestar de la nación.
En México, es ampliamente conocido que antes de la creación del CISEN y su conversión de nombre, los escuchas eran de las fuerzas armadas, Marina, Ejército, Estado Mayor y, principalmente, la Dirección Federal de Seguridad, cuerpo policíaco de represión creado con esos fines.
Incluso existía una dirección, la de Investigaciones Políticas de la secretaría de Gobernación donde trabajan una bola de inútiles que por carecer de cartas credenciales eran enviados como escuchas de las conferencias de prensa de políticos y empresarios para redactar un informe sobre los hechos, aunque su poca preparación les hiciera que pidieran a los periodistas se las hicieran, resaltando los puntos importantes.
Ese sistema arcaico de espiar les valió a varios funcionarios ser considerados como los personajes mejor informados del país, con conocimientos superiores a los del presidente de la república.
Dos de ellos fueron Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Bartlett, quienes ocuparon la secretaría de Gobernación en forma sucedánea.
El propio presidente López Obrador y varios de sus principales colaboradores se encuentra dentro del paquete de alrededor de quince mil personas que eran escuchadas durante la segunda parte de la administración de Peña Nieto, aunque muchos de esos mismos personajes han sido causa de seguimiento de diferentes gobiernos federales en México.
Con el destape de este acontecimiento vale la pena preguntar si ahora si actuarán las autoridades, con todo el peso de la ley, aunque no se cuente con los archivos de los escuchas, pero si con los nombres de quienes eran espiados, mediante su línea telefónica.
Los sistemas de escuchas telefónicos se usan con gran frecuencia en aquellos países con dictadores que usan la información que obtienen por esta vía en contra de sus detractores, por lo que en naciones con democracia resultan ser un atentado a la misma y una violación a los derechos humanos.
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En verdad Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán por algunas semanas más, prefiere perder el tiempo plantándose fuera de Palacio Nacional o del edificio de la Corte que atender los reclamos de los habitantes del estado que supuestamente gobernó. Enfrentamiento entre grupos delincuenciales, aparición de autodefensas, bloqueo de pueblo y del ferrocarril, son algunos de los problemas que aquejan al estado, sin dejar de lado las protestas frecuentes del magisterio.
Silvano continúa empecinado en que se anule el proceso electoral, donde su carta Carlos Herrera Tello, no prosperó y perdió ante Alfredo Ramírez Bedolla, bajo el argumento que se inmiscuyeron en el proceso electoral los grupos delincuenciales que azotan al estado, los mismos que actúan ante la ineficacia de la autoridad estatal.
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