Hace poco más de una semana, la ciudadanía de la capital y de los distritos y municipios conurbados, vivimos un infierno de atropellos, amenazas y hasta violencia a nuestros derechos civiles. Ya se ha convertido en una institución conculcar el derecho a la libre circulación, sin que autoridad alguna, de los tres órdenes de gobierno, mueva un solo dedo para restituir nuestras libertades. Un grupo de organizaciones sociales o de membretes, además de vecinos de algunas comunidades, maestros e indígenas triquis, montaron decenas de bloqueos. Aparte, de toma de casetas de peaje, carreteras e importantes vialidades. El sitio a la capital se prolongó por cerca de tres días. La vía 190, entre la ciudad de Oaxaca y Tlacolula, fue obstaculizada en cuatro partes. Y el crucero del Aeropuerto lo estuvo tres días.
Pero, ¿cuál fue el fondo de este chantaje? Decenas de organizaciones parasitarias de la dádiva gubernamental, acostumbradas al este método, exigían recursos millonarios. Cada uno de los dirigentes traía ya su cifra. La pregunta es, ¿y quién les ofreció tales sumas del erario que, se presume, es dinero del pueblo? El gobierno. ¿Quién ha ubicado a dichas organizaciones, grupos o dirigentes como beneficiarios de los citados recursos? Pues el gobierno. El gobierno estatal ha desplegado como estrategia para mantener la gobernabilidad y la paz social, darle a manos llenas y con discrecionalidad recursos frescos a quienes, sin representación legal, se asumen redentores de comunidades o grupos sociales.
Intentar aplicar la ley, instrumentar desalojos o, simplemente restablecer el Estado de Derecho, aterrorizan al poder político. Hay un miedo cerval de llevar el sambenito de represor, pese a que quienes trastocan la paz social, cometan las peores bajezas en contra de la población civil. ¿Qué hacer ante esa parálisis gubernamental? Hace poco más un año, puso el ejemplo el municipio de San Pablo, Etla. Emplazó a quienes tuvieron tomada la carretera durante días a desalojarla. El pasado 14 de septiembre, fueron los vecinos de San Agustín de las Juntas, quienes desalojaron a quienes bloqueaban el crucero al Aeropuerto. No se trata de hacer apología de la violencia en sí misma reprobable, pero ante el vacío de las autoridades estatales, deben ser los pueblos, los comerciantes, los transportistas afectados y la sociedad civil en general, los que –a través del diálogo, el convencimiento o los golpes- restituyan el clima de libertades, permanentemente amenazado.
Propiedad amenazada
El pasado 15 de septiembre, volvió al escenario nacional, el escándalo del llamado “Cártel del Despojo” que, desde hace meses ha estado en notas periodísticas, columnas y artículos de opinión. Fue el propio Subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, quien describió en una de las tradicionales conferencias de prensa mañaneras, el modus operandi de esta banda delictiva, en la que hay notarios públicos, funcionarios, abogados, dirigentes sociales y hasta grupos criminales. En la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado ante el Congreso del Estado, quedó en claro que la autoridad tiene evidencias de quienes han operado esta organización delictiva. Hay, además, centenas de carpetas de investigación integradas. Pese a ello no se ha procedido conforme lo dispone la ley, en contra de los presuntos responsables. Es más, hasta los vinculan con homicidios de personas ampliamente conocidas.
Dicen que la duda ofende. Sin embargo, existen elementos para pensar que la dilación podría obedecer a un interés político y de proteger a quienes han sido evidenciados con estas prácticas al margen de la ley. Pero el asunto ya escaló a la esfera nacional. No obstante, no se ve por ningún lado un interés genuino por parte del Estado de restituir la confianza ciudadana en las instituciones cuya naturaleza es salvaguardar la propiedad y la identidad personal. Con certeza, ya el gobierno federal está tomando las cosas bajo su responsabilidad, sobre todo en el tema de la pérdida de identidad; la usurpación y la apropiación ilegal de bienes inmuebles. Sin duda alguna es un tema complejo; un entramado de complicidades; un nudo de intereses. Es, como se dijo en esa conferencia de prensa mañanera, una estructura cuasi criminal. Hay que reconocer la imaginación y creatividad de malicia y perversidad, de los que crearon este monstruo.
Compete a las autoridades investigar y llegar al fondo del problema. Los medios no somos fiscales ni jueces. Nuestro editorial no es ni prejuicio ni especulación. Es un punto de vista respecto a un tema que por el bien de la sociedad debe esclarecerse y, de considerar las autoridades competentes, proceder. Cuestión sólo de imaginar que aquello que hemos forjado con el trabajo de toda la vida; la de nuestros padres y ancestros, esté en la mira de delincuentes de cuello blanco y que, de un día para otro, nos dejen en la calle.
