La conclusión de un año de calendario y el inicio de otro es como el punto de salida en una carrera en la que participamos todos los mexicanos, de acuerdo con el calendario que rige la región, con diversas metas que nos imponemos en esta ruta de vida, con la capacidad fincada en un esfuerzo mayor que aproveche, como experiencia, los errores del pasado, con una visión positiva con la que deseamos, para nosotros mismos y para los demás, algo mejor en nuestras condiciones de desarrollo.
En este contexto de aspiraciones, desesperación y limitaciones de las libertades esenciales del hombre en nuestro país, se introduce un cambio en la ruta de la seguridad pública que aún sigue centralizada bajo el mando de una Secretaría de Seguridad Pública, cuyas acciones están resultando meros calmantes que no han logrado inhibir el avance del crimen organizado, el tráfico de drogas y el huachicol; esto último, de acuerdo con las noticias difundidas, parece que se convirtió en un gran negocio oficial.
En esta etapa de un año nuevo, el talón de Aquiles del Gobierno Federal sigue siendo la política en seguridad pública, que está mostrando que la transformación de las organizaciones criminales avanza en una mejor ruta que la del gobierno en sus acciones y estrategias de desestabilización de la paz y la seguridad públicas, y se esparce en la República, a pesar de la centralización del control operativo de las policías y la inclusión de las fuerzas armadas como ejes de la estrategia política del gobierno federal en el rubro de la seguridad pública.
Son múltiples las causas que se atribuyen al incremento de la criminalidad, que esencialmente se relaciona con la falta de fuentes de trabajo bien remuneradas que enfrentan los jóvenes, comparadas con las que les ofrecen las organizaciones delincuenciales; otras causas se imputan a los gobiernos neoliberales y a la guerra que se inició en periodos presidenciales anteriores a la Cuarta T. Sin embargo, se aprecia que uno de los motivos que incentivaron en mayor grado la inseguridad y la inestabilidad social fue la estrategia de los abrazos y no balazos, que hoy se confronta con la respuesta violenta del Estado.
El costo del desequilibrio, como consecuencia, de acuerdo con la realidad que se vive en el país, lo carga la población y las familias que lo sufren, de manera directa o indirecta, por ese estado de inseguridad; los policías que fallecen en el desempeño de sus funciones, soldados sacrificados —no los altos mandos que elaboran los planes y estrategias en esta materia—, sino quienes enfrentan estos actos, como son los municipales, los cuerpos policiacos y algunos delincuentes. Los focos de violencia se incrementan y los operativos resultan insuficientes para prevenir, pues solo actúan frente a hechos consumados.
En este complicado panorama de inseguridad incontrolable, se descubrió a nivel oficial una reservada corrupción en la que fuerzas armadas, como ingrediente, nutren también el incremento de esta anomalía social en el gobierno federal, con hechos relevantes que se revelaron y que tienen que ver con el huachicol, en cuyo tráfico participaban miembros de la Marina, algunos de ellos ligados familiarmente con un alto mando de esa Secretaría, de los cuales, sorpresivamente, murieron algunos de los presuntamente involucrados, lo que se dio en paralelo con los hechos descubiertos de familiares del expresidente López Obrador.
En esa ruta, parece que la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, García Harfuch, están obligados a revisar la estrategia en seguridad pública y la estructura de la Guardia Nacional, así como la necesidad de descentralizar esos servicios, incentivando la participación de gobernadores y presidentes municipales como jefes en sus áreas territoriales de los cuerpos de seguridad, incluyendo en ello la distribución de recursos etiquetados para otorgar remuneraciones adecuadas a los miembros de seguridad y armamento que den una respuesta adecuada a la delincuencia.
La descentralización de la seguridad pública y de un innovado convenio sobre seguridad pública nacional comprendería dos temas: el relativo al plan nacional aplicable en todo el territorio de la República y un espacio de ejercicio de facultades constitucionales de cada entidad federativa, que se ocuparía de las particularidades propias de cada una, como en nuestro estado, en el que más de cuatrocientos municipios se rigen por sus propios sistemas normativos y cuentan con esquemas de justicia y seguridad propios; ello abriría un espacio en el régimen interior de cada estado para responsabilizarse de ese servicio, y de los ayuntamientos frente a los estados, conforme a su autonomía.
Es conveniente establecer una estrategia de prevención entendida como la adopción de medidas concretas orientadas a suprimir o reducir los riesgos de la comisión de conductas antisociales en los estados y municipios del país, como una función de todas las autoridades, no solo de las policiacas.
Jesús Martínez Garnelo, en su obra Policía Nacional Investigadora, menciona que:
“En realidad, la prevención es parte fundamental hoy día del Estado de Derecho y de sus instituciones públicas, ya que la opinión pública, inquieta por una progresiva sensación de inseguridad, resulta más sensible a aquella que a la propia represión”.
