Después de permanecer fuera de su comunidad debido a la violencia, 17 familias regresaron a Tula, localidad perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
El retorno ocurre aproximadamente tres meses después de que habitantes de la región denunciaron ataques armados, incendios y agresiones que obligaron a decenas de personas a abandonar sus hogares en busca de refugio.
La Secretaría de Gobernación informó que, hasta el momento, no se han registrado nuevos desplazamientos forzados en la zona. Además, aseguró que las condiciones de seguridad han comenzado a mejorar mediante el despliegue de autoridades federales y estatales.
El regreso, sin embargo, representa apenas una parte de una crisis que dejó comunidades enteras afectadas y que todavía plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar que los habitantes puedan permanecer en sus hogares sin volver a ser víctimas de la violencia.
EL GOBIERNO PROMETE PERMANENCIA Y SEGURIDAD
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el despliegue de seguridad permanecerá en la región durante el tiempo que sea necesario.
Las acciones se concentran en 19 comunidades de cuatro municipios de la Montaña de Guerrero e involucran a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras dependencias federales, además del Gobierno de Guerrero.
“Permaneceremos en el territorio el tiempo que sea necesario para consolidar la seguridad, garantizar derechos y construir bienestar y una paz duradera”, afirmó Medina.
El operativo no se limita a la presencia de fuerzas de seguridad. Las autoridades también reportaron trabajos de limpieza y rehabilitación de viviendas, recuperación de espacios comunitarios y restablecimiento de servicios básicos.
NO BASTA CON ABRIR LAS PUERTAS DE LAS CASAS
Uno de los principales desafíos después de un desplazamiento forzado es conseguir que las familias puedan reconstruir su vida en condiciones mínimas de seguridad.
Por ello, el Gobierno federal informó que las comunidades también reciben atención en materia de salud, educación, vivienda, caminos, empleo y bienestar. Además de infraestructura y enseres para los hogares afectados.
La estrategia busca que el regreso no se limite a permitir que las familias vuelvan a ocupar sus viviendas, sino que puedan recuperar servicios y condiciones que hagan viable su permanencia.
Pero el reto de fondo sigue siendo la seguridad.
El regreso de las familias no elimina las causas que provocaron su salida y tampoco garantiza por sí mismo que la violencia no vuelva a presentarse.
LA CRISIS DEJÓ MILES DE DESPLAZADOS, SEGÚN ORGANIZACIONES
La dimensión de la crisis ha sido motivo de discrepancias entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones indígenas.
Mientras el Gobierno federal reconoció inicialmente 96 personas desplazadas, el Consejo Nacional Indígena señaló que la violencia había provocado más de 2 mil desplazados, 81 personas asesinadas y 25 desaparecidas.
La diferencia entre ambas cifras refleja también la dificultad para dimensionar una crisis que afecta a comunidades rurales e indígenas ubicadas en zonas de difícil acceso.
En mayo, habitantes de localidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán denunciaron ataques con armas de alto calibre, incendios de viviendas y presencia de drones durante las agresiones.
Algunas familias tuvieron que refugiarse en zonas montañosas mientras continuaban las detonaciones.
LOS ARDILLOS Y LOS TLACOS, EN EL CENTRO DE LA DISPUTA
El Gobierno federal atribuyó la escalada de violencia a la disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos, organizaciones criminales con presencia histórica en Guerrero.
De acuerdo con las autoridades, ambos grupos mantienen una confrontación por el control de territorios y actividades ilícitas. Particularmente en zonas de la región Centro y la Montaña.
La violencia no solo ha provocado enfrentamientos entre grupos criminales. También ha tenido consecuencias directas sobre las comunidades, con desplazamientos, ataques contra viviendas y afectaciones a las actividades cotidianas de los habitantes.
ALCALDES DENUNCIARON “SIMULACIONES BUROCRÁTICAS”
La respuesta gubernamental también ha sido cuestionada desde los municipios afectados.
Nueve presidentes municipales de la región Centro y la Montaña Baja de Guerrero denunciaron en su momento una presunta falta de respuesta efectiva ante los ataques y decidieron abandonar la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz.
Los alcaldes acusaron que, lejos de obtener soluciones concretas, se enfrentaban a procesos burocráticos sin resultados visibles.
“Lejos de encontrar soluciones reales, coordinación efectiva o estrategias contundentes, únicamente hemos sido testigos de simulaciones burocráticas”, señalaron en un comunicado.
La acusación contrasta con el actual discurso oficial, que asegura haber recuperado condiciones de seguridad suficientes para permitir el retorno de las familias.
TULA NO ES EL PRIMER REGRESO
El retorno anunciado ahora para Tula se suma al de 118 habitantes de Xicotlán. Quienes regresaron a su comunidad en mayo, después de haber sido desplazados por la violencia.
Estos retornos son presentados por el Gobierno federal como una señal de recuperación de la seguridad en la zona.
Sin embargo, habitantes indígenas han insistido en que el problema no se resolverá únicamente con operativos temporales o apoyos posteriores a los desplazamientos.
Su principal exigencia ha sido que se atiendan las causas de la violencia y se desmantelen las estructuras criminales que disputan el control de la región.
EL VERDADERO RETO: QUE NO TENGAN QUE HUIR OTRA VEZ
El regreso de 17 familias representa un paso importante para quienes pudieron volver a sus hogares, pero también constituye una prueba para las autoridades.
La verdadera medida del éxito de la estrategia no será solamente cuántas personas regresan, sino cuántas pueden permanecer en sus comunidades sin volver a ser desplazadas.
Restablecer los servicios, reparar viviendas y entregar apoyos puede ayudar a reconstruir lo perdido. Pero mientras persistan las disputas criminales que originaron la violencia, la tranquilidad de los habitantes seguirá dependiendo de que la presencia institucional se traduzca en seguridad permanente y no únicamente en operativos posteriores a las crisis.
Por ahora, Tula vuelve a recibir a sus familias. El desafío será conseguir que esta vez puedan quedarse.
