Esta semana, la organización social Intersecta y el portal noticioso Animal Político publicaron una serie de investigaciones periodísticas que ponen en evidencia los resultados del uso de la prisión preventiva y la cárcel como medida para mejorar la seguridad en el país. Los hallazgos: la cárcel se encuentra repleta de personas inocentes que pierden vidas completas y cuando se devela que no son responsables por lo que se les acusa, reciben un “usted disculpe” al tiempo que su vida ya se ha trastornado de manera permanente. Todo ello, debido en gran medida al uso desmedido de la prisión preventiva.
La serie de reportajes demuestra con información oficial que el 85 por ciento de las personas detenidas van a prisión, donde pasan meses e incluso años sin que se les compruebe delito alguno (https://bit.ly/3pVaIvg). De esas personas, el 70 por ciento son personas que se encuentran en una situación por debajo de la línea de pobreza y trabajan siete días de la semana para sobrevivir (https://bit.ly/2ZDRy2u), lo que impide que cuenten con una defensa adecuada.
Claro, el Estado debe proporcionarles un defensor o defensora que represente los intereses de la persona acusada para que no se encuentre en estado de indefensión. No obstante, los datos que se publicaron dentro de la investigación demuestran el estado deplorable de las defensorías públicas: un solo abogada o abogado de oficio puede tener asignados hasta 300 casos pendientes de resolución impidiendo así que pueda brindar asesoría efectiva alguna a aquellas y aquellos acusados de delitos (https://bit.ly/3nHuBn1).
¿Cómo es esto posible? Pues gracias a la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es eso? Prisión automática a cualquier persona que sea acusada -justa o injustamente- de un delito que señale que sin importar si existe evidencia que sostenga la acusación.
Las cárceles, como lo demuestra la investigación de Intersecta y Animal Político, está llenas de personas inocentes. Cabe destacar que, en nuestro estado, este panorama está vigente: “En Oaxaca es aún más crítico, porque van dos años —2019 y 2020— en los que solo han sido recluidos en la cárcel presuntos culpables, ninguna persona que haya cometido un delito probado” (https://bit.ly/316eJ5E).
Bueno, podríamos justificar que la rampante violencia y delincuencia que impera en nuestro país justifica que se adopten este tipo de medidas… ¿cierto? Falso. A pesar que las y los legisladores han aumentado de manera progresiva la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, las condiciones de seguridad en la mayor parte del país se han mantenido o empeorado (https://bit.ly/3GAPA3g; https://bit.ly/3CwCce6; https://bit.ly/3vXH6hM).
No se requiere llenar las cárceles de personas inocentes para generar una falsa sensación de justicia. Lo que es necesario es que las Fiscalías tengan presupuesto y capacidades suficientes para investigar los delitos; que se elimine la prisión preventiva oficiosa, porque viola derechos humanos -como lo acaba de reconocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://bit.ly/31i7ckr)-, relevan la responsabilidad del Estado en la persecución de delitos y establece incentivos maliciosos en fabricación de culpables; y, finalmente, se requiere que como sociedad repensemos la cárcel como sinónimo de justicia.
@GalateaSwanson
