ADOLFO FERNANDO SÁNCHEZ PEREYRA
La reforma electoral de López Obrador parte de supuestos falaces. El sistema nacional democrático es partidario esencialmente. Pretender que hay que dejar atrás el llamado sistema de cuotas en la integración del INE es irrisorio sobre todo cuando se pretende que en lugar de ello se integre por los candidatos triunfadores de procesos de selección por medio de elecciones populares. AMLO supone que los nuevos consejeros del INE serán neutrales cuando el sustrato de su elección no lo es. La representación de origen que dé por resultado un conjunto de consejeros neutrales depende de quién los proponga y quién los vote y de la peculiaridad del sistema político representativo mexicano. Y menos neutrales serán si los proponen los órganos del estado. Al final del laberinto previo serán tan políticos como los existentes. Incluso hay razones constitucionales para que lo sean como la libertad de pensamiento y la libertad de expresión como derechos del individuo. La neutralidad no existe. Horacio Duarte no dice que lo que se proponen es que es que todos los consejeros sean de Morena. Y desde luego, que el instituto electoral se ponga al servicio del presidente y el partido dominante.
Los ataques presidenciales al INE son profundamente antidemocráticos, y tienen como cimientos el autoritarismo y el odio a los órganos autónomos. El presidente vive en el pasado, en el modelo más centralizador del partido de estado que dio la postrevolución. La idea de los órganos autónomos nació como complemento a la teoría de la división del poder y a su sistema de contrapesos. El sistema mexicano ideó a un presidencialismo “fuerte” donde dominara la voluntad del señor presidente, por eso nunca existió la división del poder en la realidad. Es más, tampoco existió absolutamente en el sistema puro norteamericano porque ahí hay que considerar los grandes intereses económicos que se manejan desde la presidencia. No obstante, ahí existe un juego publicitario que no existe en México.
El nuevo sistema de contrapesos a través de los órganos autónomos no debilita al estado, lo hace más transparente y democrático. Pero es evidente que no le gusta al señor presidente. El ideal político del presidente es devolverle poderes a la secretaría de gobernación y tenerla a su servicio. Acusar al INE de fraudulento es una infamia. Solo hay que recordar que fue este instituto quien le entregó el poder a López Obrador y que su estructura y funciones devienen de la reforma política que los partidos de oposición promovieran. No son ocurrencias de sus consejeros sino el cumplimiento de la ley electoral que diputados y senadores crearon en su momento.
Extender la acusación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me parece un exceso. En los sistemas más avanzados del mundo los jueces son inamovibles. Pretender que ahora sean electos a propuesta de los tres poderes y electos por el pueblo, pasa por alto discusiones históricas acerca de ello como el riesgo de llevar la política a sus determinaciones. Desde el congreso constituyente de 1856 quedó claro que el poder judicial no es representativo precisamente para ser imparcial y ser neutral. Ese argumento es cien por ciento liberal y lo retomó Don Emilio Rabasa en su célebre obra, La constitución y la dictadura. Tal argumento es el siguiente: “…la elección popular no es para hacer buenos nombramientos. Sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías; y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia- En los puestos de carácter político, que son los que se confieren por elección, la lealtad de partido es una virtud; en el cargo de magistrado es un vicio degradante… La elección popular no se realiza en ningún país del mundo sino por partidos organizados; es inútil soñar con el sufragio espontáneo de cada elector por inspiración propia, que haría, además imposible la reunión de una mayoría absoluta. Si los partidos luchan en la elección de magistrados, estos tendrán siempre carácter y compromisos políticos incompatibles con la serenidad y la neutralidad requeridas en sus funciones”. (196-197)
Por otra parte, la reducción de la representación popular en el congreso por motivaciones economicistas, como el ahorro de 24 mil millones de pesos es democráticamente cuestionable sobre todo si esos ahorros irán a dar seguramente a los programas paternalistas que impiden que los individuos sean productivos. Se trata pues de asegurar el clientelismo electoral que permita el predominio de Morena.
Por último, desaparecer los institutos electorales de los estados es pasar por alto su soberanía. Nada más alejado de un proceso democratizador que la concentración del poder en la federación.
