Ingrid Escamilla fue una joven de 25 años víctima de feminicidio por parte de su pareja sentimental. Su caso causó conmoción no sólo por la brutalidad del asesinato, el desmembramiento de su cuerpo y la monstruosidad con la que accionó su pareja al tirar sus restos por el drenaje, sino porque, luego de ser asesinada, circularon en redes, en algunos medios de comunicación y periódicos, imágenes de su cuerpo mutilado acompañadas de titulares sensacionalistas y amarillistas. Esto supone un caso de violencia continuada en contra de la mujer, su cuerpo y su integridad como persona. Ingrid fue violentada aún después de muerta y sufrió un linchamiento mediático que deja ver la insensibilidad y violencia con la que se sigue tratando a las mujeres en nuestro país.
A partir de ello se suscitaron protestas diversas que finalmente recayeron en lo que hoy se llama “Ley Ingrid”, que consiste en la penalización (ya sea multa o cárcel) a aquellas personas que difundan o comercialicen (por cualquier medio o vía) imágenes de víctimas mortales, especialmente feminicidios. Esta práctica es común entre medios de comunicación, periodistas y algunos funcionarios públicos, por lo cual se busca frenar la violencia simbólica y mediática que supone la distribución de este tipo de contenido. Sin embargo, el caso concreto de Ingrid Escamilla no ha sido resuelto y aún así se ha aprobado una ley que lleva su nombre, lo cual parece incluso una burla al respecto, es ridículo.
En Oaxaca se han seguido los pasos de la Ciudad de México en materia legislativa en términos de agenda progresista. Gracias a ello el aborto está despenalizado y se han hecho las reformas al Código Penal basadas en el caso de Ingrid, lo cual supone una nueva pregunta: ¿cómo lograr que aquello que se establece en el orden jurídico se convierta en una realidad?
Es bien sabido que la impunidad – el no recibir castigo cuando se comete un delito – es uno de los grandes problemas que aquejan a este país. Según datos de la UDLAP México es el cuarto país a nivel mundial con los mayores índices de corrupción e impunidad y es el número uno en América Latina; 26 de los 32 estados de la república tienen colapsado su sistema de justicia debido a la falta de policías y jueces y, tomando en consideración que de cada 100 de delitos que se cometen sólo se denuncian 4 o 5 y de esos quizá sólo uno llegue a resolverse, se está hablando de una impunidad del 99.3%. Dicho de otro modo, en México hay libertad para delinquir y el estado de Oaxaca se encuentra en la lista de los 10 estados más impunes de todo México.
Si bien, es cierto que nuestro país es muy avanzado en materia legislativa, el ejercicio jurídico real y la aplicación de las leyes nunca es óptimo. Incluso nuestra constitución representó un hito histórico, pues hablar de derechos laborales, agrarios y educativos a principios del siglo XX era sin duda una visión muy avanzada para la época, especialmente en un país eminentemente agrícola. Asimismo, en la actualidad, México ha firmado muchos tratados internacionales, así como reformas de vanguardia, contribuyendo a la diplomacia en materia de relaciones exteriores, pero la implementación de estas leyes continúa siendo una fantasía. Para ponerlo en términos más simples: en México tenemos mucha palabrería y poca acción. Como menciona la politóloga Ameyalli Valentín “en nuestro país las leyes parecen cartas de buenas intenciones”. De nada sirven los avances en materia legislativa si la realidad es avasallante y nos rebasa.
Retomando, si muy pocos delitos se denuncian, hay una caja negra de crímenes que no se conocen, que no se sabe si existen o no y los datos que nos arrojan los análisis estadísticos son simples proyecciones. Dicho de otro modo, todos aquellos delitos que no se denuncia conforman esa masa negra de incertidumbre que rodea al Sistema de Justicia en México y que muchas veces se intenta manipular con números engañosos bajo la consigna: “si no se denuncian, entonces no hay delitos que perseguir, y si no hay delitos entonces estamos bien”. Para nadie es una sorpresa que la cultura de los mexicanos respecto a la denuncia es pobre y con total razón, puesto que, al igual que Ingrid, si uno se atreve a denunciar un delito, se encuentra con un monstruo llamado burocracia el cual muy posiblemente termine por desgastarnos hasta el hartazgo antes de terminar en una sentencia.
En conclusión, la Ley Ingrid y la reciente aprobación de la reforma al Código Penal del estado de Oaxaca nos sirve para ejemplificar una realidad aterradora: la legislación en México es de primera pero la implementación de la ley en términos reales es una fantasía. Ojalá que la Ley Ingrid no sea sólo un tema de agenda con relación a los feminicidios y la agenda progresista que México ha planteado desde hace unos años. Ojalá que las leyes en México dejen de ser cartas de buenas intenciones y se conviertan en realidades.
