A más de dos meses que el gobernador Alejandro Murat rindió su IV Informe de Gobierno, en donde dio cuenta, como establece nuestra Constitución local, el estado que guarda la administración pública a su cargo, al fin, nuestra flamante LXIV Legislatura del estado, decidió llevar a comparecer al menos a 20 funcionarios de la actual administración. Esta situación no es casual. Es más bien la dinámica de ésta y la anterior legislatura. Ocupados en cuestiones de trascendencia político-electoral, nuestros representantes populares pierden de vista el cumplimiento de sus tareas institucionales o, al menos, que a ellos les rinda dividendos económicos. A ello no le huyen. Si alguien lo duda, puede preguntar en los municipios de los 25 distritos electorales locales, para saber de las obras que se llevarán a cabo y la mano de legisladores (as) en el manejo de presupuestos y constructoras.
Según información que trascendió la semana pasada, hoy iniciarían las citadas comparecencias, iniciando con el recién ungido titular de los Servicios de Salud en el Estado (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, en horario matutino, seguido del titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, por la tarde. Todo ello, desde luego, si no se les ocurre cambiar fechas y horarios, cuestión que hemos venido padeciendo en la actual legislatura. Con ello inician, hipotéticamente, las comparecencias de los titulares de las áreas del ejecutivo estatal y la esperada ampliación de datos e información sobre los logros, retos y desafíos del gobierno estatal. Algo que, como hemos comentado, debe llevarse a cabo a más tardar en la segunda quincena de noviembre o primera de diciembre. Hoy, a dos meses de distancia, las cosas han cambiado.
De ser el caso, esperamos que dicha pasarela de comparecencia en las comisiones legislativas respectivas, aporte algo más que lucimiento legislativo, sino información oficial que la ciudadanía no conoce, que al final de cuentas es lo que se busca. Además, que esta obligación constitucional no sea diferida a voluntad de bancadas o grupos mayoritarios en dicho órgano legislativo, sino que sea llevada a cabo inmediatamente después de rendido el informe de gobierno y no cuando las cosas han cambiado. Sólo así el ciudadano que tiene derecho a saber podrá conocer de viva voz de los funcionarios lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en la actual administración que, a partir del primero de diciembre, inició formalmente su quinto año de gestión.
Programas sociales y proselitismo
Grave, muy grave lo que algunos actores políticos documentaron la semana pasada, al advertir que la súper delegada de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, habría entregado tarjetas para apoyos de Adultos Mayores a diputados locales que buscan reelegirse en al menos tres distritos locales, para que sean ellos quienes hagan entrega a los beneficiarios de dichas tarjetas. Esta situación constituye, desde cualquier punto de vista, un delito electoral, al menos en Oaxaca, tipificado en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, que debe ventilarse en los órganos jurisdiccionales. Es, asimismo, una contradicción respecto a lo que tanto señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus asfixiantes mañaneras, de que ha prohibido a los servidores públicos intervenir en el proceso electoral, aunque él mismo se resista a dejar de hacerlo.
No es un secreto que los programas sociales y quienes los promocionan, han hecho y hacen hoy mismo, un abierto proselitismo político en favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Tampoco lo es, que quienes desempeñan ciertos cargos en las entidades federativas y controlan administrativamente a los llamados “Servidores de la Nación”, han asumido una especie de promotores del voto o representantes del citado partido en el poder. Desde luego que ello constituye una abierta violación a los principios de equidad e imparcialidad en que debe mantenerse el gobierno federal en los procesos electorales. Sin embargo, la acción de la súper delegada, Ortiz Cabrera, hay que verla en el contexto nacional. La instrucción para evitar que la sobre-representación de Morena en el Congreso de la Unión sea desmantelada, está a todo vapor.
Ya hemos mencionado también que la liberación para la compra de vacunas, constituye un respiro para el proceso en puerta. ¿Por qué? Porque ello evitará la centralización del programa de vacunación, que a la fecha ha estado lleno de claroscuros y de pivote para el referido partido, dejando parte de dicha responsabilidad a los gobiernos estatales. Morena no tendrá más argumentos para cacarear la aplicación de la vacuna por parte del gobierno federal, ni afirmar que parte de sus prerrogativas estarán destinadas a la adquisición del biológico. Es decir, se les cae el argumento de que la salvación de vidas de millones de mexicanos, por la aplicación de la misma, se la debemos a dicho partido.
