Por Tomás Milton Muñoz Bravo*
Los próximos meses serán cruciales para que Estados Unidos y México eviten, junto a países expulsores, una crisis migratoria y de derechos humanos de mayores proporciones ante el aumento de la llegada de niños no acompañados a territorio estadounidense que salen sobre todo desde el denominado Triángulo Norte de Centroamérica por diversas razones, entre las cuales destacan la violencia del crimen organizado, la falta de oportunidades de desarrollo pleno, las consecuencias dejadas por los huracanes que azotaron la región el año pasado, el deseo de alcanzar la reunificación familiar, y la esperanza de que con el cambio de gobierno se tendrían posibilidades de alcanzar el “sueño americano”.
Desde enero pasado y en vísperas de la eminente salida de Donald Trump de la Casa Blanca, se empezó a incrementar la cifra de niños migrantes no acompañados que llegaban a Estados Unidos, la gran mayoría proveniente de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de México. En el primer mes de 2021 se registró el arribo de 5 mil 700 niños no acompañados, en febrero llegaron 9 mil 300 infantes y para marzo el número podría superar los 16 mil.
En la actualidad, el gobierno estadounidense custodia a unos 18 mil niños migrantes, 13 mil en albergues (muchos de ellos en condiciones no óptimas) y otros cinco mil en instalaciones de la patrulla fronteriza, lo que ha generado un grave problema de derechos humanos, ya que, ante el desbordamiento de los centros de detención, los infantes se encuentran en condiciones de hacinamiento, incluso en jaulas como las utilizadas de forma previa en las administraciones de Barack Obama y de Trump.
Las autoridades tienen por ley la obligación de retener sólo por 72 horas a los infantes indocumentados en centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y después tendrían que ser entregados en custodia temporal al Departamento de Salud y Servicios Humanos en lo que se resuelve su estatus migratorio, sin embargo, la infraestructura y recursos humanos han sido desbordados, no se cumple con la normatividad y se carece de camas y de insumos para atender a los niños, muchos de los cuales deben de dormir en el suelo, pegados codo a codo con otros infantes y enjaulados.
La situación se complicará más y generará una crisis de proporciones mayores si se toma en consideración que el propio gobierno estadounidense estima que en abril podrían llegar más de 18 mil 600 infantes no acompañados y en mayo la cifra se dispararía a 25 mil, de acuerdo con un reporte divulgado por el diario The Wall Street Journal, por lo que es urgente tomar medidas a nivel regional, con la participación de todos los gobiernos involucrados, de organizaciones internacionales gubernamentales y de la propia sociedad civil organizada para encarar una situación que ya se veía venir sobre todo por la falta de atención a las causas estructurales que causan la emigración masiva y que se han potencializado con la crisis de la COVID-19, los huracanes del año pasado y la aplicación de las ineficientes políticas migratorias de contención en los últimos años por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México.
En el corto plazo, el gobierno de Joe Biden necesita de forma urgente destinar más recursos para superar las situaciones de hacinamiento y fortalecer la estructura institucional y humana con el fin de resolver lo más pronto posible la situación migratoria de los infantes, misma que fue desmantelada por Donal Trump, y al mismo tiempo tendría que coordinarse con los demás países de la región centroamericana y México para aplicar medidas que no violen los derechos humanos. Pedir a nuestro país detener niños migrantes y ponerlos en centros de detención durante una pandemia y en condiciones denigrantes, u obligar a las autoridades mexicanas a recibir familias de migrantes detenidos, a cambio del préstamo de vacunas, no forman parte de una solución, por el contrario, será un agravamiento del problema.
La desgobernabilidad y las crisis en materia de migración, como afirma el académico Lelio Mármora, se deben a las acciones y a las omisiones de los propios gobiernos, que no han sabido atender de manera eficiente las causas de la movilidad humana, ni encausar de mejor manera la valía de los inmigrantes, que son fundamentales para las economías de países desarrollados, pero explotados y estigmatizados en su calidad de indocumentados.
Por último, resulta paradójico que esta nueva crisis afectará en la opinión pública y fortalecerá la posición de los republicanos duros en el Congreso, por lo que la ansiada reforma migratoria propuesta por Biden tendrá menos posibilidades de concretarse, lo que mantendría en las sombras, otra vez, a más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.
Nota: Trump se atreve ahora asegurar que Biden viola los derechos humanos de los migrantes, pero se le olvida mencionar que él mismo fue un xenófobo y sin empatía hacia seres humanos tan vulnerables, como los indocumentados.
La opinión expresada en este artículo es responsabilidad del autor y no refleja el punto de vista del Tecnológico de Monterrey.
* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, director de la Revista de Relaciones de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.
